• 112 personas mueren cada día en México por causas relacionadas con el consumo de alcohol –más de 41 mil al año–, mientras la regulación y los impuestos permanecen prácticamente sin cambios desde hace más de una década.
• La evidencia científica confirma que el alcohol causa más de 200 enfermedades y que no existe un nivel de consumo completamente seguro. ç
• La prioridad es fiscal: las organizaciones piden fortalecer el IEPS, mediante tasas que reduzcan la asequibilidad de las bebidas alcohólicas —cobrándolo por el contenido de alcohol puro—, lo que salvaría vidas y generaría más de 28 mil millones de pesos anuales para el Servicio Universal de Salud.
• En paralelo, urgen restringir la publicidad –incluida la digital–, limitar horarios y lugares de venta y fortalecer el etiquetado sanitario y el acceso al tratamiento.
Frente al histórico edificio de Lieja, antigua sede de la Secretaría de Salud, la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) instaló hoy 112 siluetas humanas —una por cada deceso diario en México asociado al consumo de alcohol—, cada una con el con nombre de la enfermedad o causa que lo provocó: cirrosis, cáncer, enfermedades cardiovasculares, violencia, siniestros viales y lesiones de diversa índole. La activación acompañó la entrega de una carta al secretario de Salud, Dr. David Kershenobich, en la que la organización solicita encabezar una política nacional y fiscal para el control de las bebidas alcohólicas.
De acuerdo con RASA, cada 24 horas, 112 personas en México mueren por causas asociadas al consumo de alcohol. Se estima que los costos directos e indirectos provocados por el consumo de alcohol ascienden a 552 mil millones de pesos y los impuestos cubiertos por la industria representan menos del 10% de estos. A pesar de esta tragedia, nuestro país mantiene prácticamente sin cambios, desde hace más de una década, el marco fiscal y regulatorio de las bebidas alcohólicas.
Desde 2015, la regulación mexicana ha permanecido estancada, sin ningún cambio de fondo. La Ley General de Salud1 fue reformada en dicho año, mientras que el Reglamento sobre publicidad de alcohol2 ha permanecido sin cambios desde su publicación en el año 2000. La Norma Oficial Mexicana de etiquetado de bebidas alcohólicas3, publicada en 2016, sigue vigente pese a que dichas normas deben actualizarse cada 5 años.
Vidal Ochoa, de Salud Justa MX declaró: “La publicidad de bebidas alcohólicas en México no debe entenderse únicamente como una actividad comercial, sino como un determinante comercial de la salud. Este entorno comercial pesa de manera especial sobre los más jóvenes: de acuerdo con la ENCODAT 2025, 17.8% de los adolescentes de 12 a 17 años consumió alcohol en el último año. La magnitud económica de esta industria permite dimensionar su capacidad de promoción”.
El mayor rezago —y también la mayor oportunidad— es fiscal.
La Organización Mundial de la Salud identifica que aumentar el precio del alcohol mediante impuestos es la intervención más costo-efectiva para reducir sus daños. Las organizaciones no proponen un gravamen nuevo, sino reforzar el que ya existe: transformar el IEPS de un esquema basado en el precio (ad valorem) a uno basado en el contenido de alcohol puro (ad quantum). Este esquema grava el daño, no la marca; no se erosiona con descuentos ni promociones, y se actualiza automáticamente cada año al menos conforme a la inflación. La evidencia nacional respalda la medida: un incremento del 10% en el precio reduce en más de 12% el consumo de cerveza. Además, fortalecer el IEPS generaría más de 28 mil millones de pesos anuales adicionales que podrían etiquetarse al Servicio Universal de Salud, formalizado por decreto en 2026. Hoy la ecuación es inequitativa: el costo social y económico del alcohol representa el 2.1% del PIB —más de 552 mil millones de pesos al año—, mientras la recaudación por IEPS apenas cubre una fracción de esa factura; el resto lo paga la sociedad. La discusión del Paquete Económico 2027 abre una ventana concreta para corregirlo.
Los estudios disponibles destacan que no existe un nivel completamente exento de riesgo para la salud, ya que incluso cantidades bajas de alcohol incrementan el riesgo de determinadas enfermedades, particularmente algunos tipos de cáncer4,5. Cada día que pasa sin una reforma fiscal y jurídica integral, se está dejando pasar una oportunidad para prevenir miles de enfermedades, lesiones y muertes evitables, advierten científicos y organizaciones de la sociedad civil.
La Dra. Verónica Lozano, Directora del Centro Especializado en Prevención y Rehabilitación a las Adicciones (CEPRA) Metepec lo resume claramente: “El alcohol es una sustancia psicoactiva, tóxica y con capacidad de producir dependencia; actualmente se reconoce como un factor causal de más de 200 enfermedades, traumatismos y otros problemas de salud, entre ellos ocho tipos de cáncer, enfermedades hepáticas, enfermedades cardiovasculares, trastornos mentales, violencia interpersonal, suicidio y lesiones por siniestros viales.”
Detrás de cada una de estas muertes hay una historia, una familia que enfrenta una pérdida irreparable y una comunidad que experimenta las consecuencias sociales, económicas y emocionales derivadas de una enfermedad prevenible.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reiterado que el consumo de alcohol constituye uno de los principales factores de riesgo prevenibles de enfermedad y mortalidad. Para enfrentar este problema, la iniciativa SAFER6 reconoce cinco medidas como las de mayor impacto y mejor relación costo-beneficio: incrementar los impuestos a las bebidas alcohólicas, restringir su disponibilidad mediante límites de días, horarios y lugares de venta, fortalecer las medidas contra la conducción bajo los efectos del alcohol, facilitar el acceso al tratamiento y prohibir o restringir ampliamente la publicidad, promoción y patrocinio de estas bebidas.
En México estas medidas siguen postergándose. Miles de personas enfrentan barreras para acceder a tratamiento oportuno, de calidad y basado en evidencia. Al respecto, Adrián Martínez Florean, integrante del Comité Técnico Interinstitucional Sobre Alcohol declaró: “Además de que el marco regulatorio de las bebidas alcohólicas ha permanecido estancado desde hace una década, también sigue pendiente la construcción de una verdadera red nacional de atención para personas con problemas de alcohol que garantice la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social. El acceso al tratamiento no puede seguir siendo un privilegio de unos cuantos, debe reconocerse y garantizarse como un componente esencial del derecho a la salud.»
Aunado a esto, la ausencia de un etiquetado bien diseñado con advertencias sanitarias, la limitada regulación de la publicidad, incluida la digita, y la amplia disponibilidad de bebidas alcohólicas favorecen un entorno donde los intereses comerciales prevalecen sobre el derecho a la salud y al bienestar colectivo.
En palabras de Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) “La prioridad es fortalecer el impuesto especial para que el alcohol deje de ser tan asequible y destinar esa recaudación a la salud. A ello se suman: prohibir la publicidad, promoción y patrocinio, incluido el digital; incorporar etiquetados con advertencias sanitarias claras sobre los riesgos; y establecer límites más estrictos a los días, horarios y lugares donde se venden estos productos. Estas medidas, que han demostrado su efectividad en decenas de países, protegen especialmente a las y los adolescentes.”
Cada una de las 112 muertes que ocurren diariamente representa una pérdida humana que, en muchos casos, pudo haberse evitado. La evidencia científica existe, las recomendaciones internacionales son claras y las herramientas para actuar se identificaron desde hace años. Falta voluntad política que traduzca este conocimiento en políticas públicas que coloquen la salud de la población por encima de los intereses comerciales y permitan reducir una carga de enfermedad que continúa creciendo silenciosamente.
