• La aprobación de las dos iniciativas permitirá una mejor regulación a la explotación de acuíferos y títulos de concesión
• La legislación sobre aguas privilegiará el consumo humano y, al mismo tiempo, respetará los derechos de las personas
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar señaló que el objetivo central de las iniciativas de Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales es garantizar que el agua en México se administre con justicia, transparencia y visión de futuro. “Es indispensable aprobar ambas iniciativas para poner un alto definitivo al desorden, la corrupción y el tráfico de concesiones. La falta de una regulación adecuada ha incluso provocado una anarquía, en la que pequeños y medianos productores son víctimas de verdaderos delincuentes del agua”, afirmó.
El legislador destacó que, a partir de los diálogos sostenidos con productores, especialistas y académicos, el dictamen incorpora importantes modificaciones: “Por primera vez se establece un mecanismo claro y seguro para que quienes venden terrenos con concesiones de uso agropecuario puedan hacerlo sin incertidumbre jurídica. La autoridad del agua podrá emitir nuevos títulos manteniendo volumen, uso y vigencia. Esto brinda certidumbre tanto a productores como a adquirientes”.
Asimismo, existirá mayor claridad en el uso agropecuario, pues se reconoce que la producción primaria no constituye un cambio de uso, reduciendo problemas burocráticos y evitando cargas administrativas que dificultaban la vida productiva en el campo.
Ramírez Cuéllar mencionó que otro aspecto fundamental del dictamen tiene que ver con el Registro Nacional de Aguas, que será público, con información clara y accesible, lo que fortalece la rendición de cuentas y permite que la ciudadanía conozca quién usa el agua, en qué volúmenes y bajo qué condiciones. Ello también permitirá mayor claridad en los criterios para la reasignación de volúmenes provenientes de vencimientos, cesiones o extinciones de concesiones.
Además, se incorporan obligaciones de reparación y compensación por daños ambientales, lo que significa que quienes afecten ecosistemas deberán asumir consecuencias concretas y no sólo administrativas, y se introduce al dolo como elemento básico para sancionar delitos hídricos, modificando la proporcionalidad de las penas para combatir el robo de agua.
El legislador destacó también la creación de un Comité del Fondo de Reservas, que estará integrado por varias secretarías, como es un paso correcto para democratizar la toma de decisiones.
No obstante, reconoció que aún hay temas pendientes de analizar, como la posible incorporación de los sistemas comunitarios como sujetos de asignación. Se requiere valorar su incorporación al los Consejos de Cuenta, incorporando incluso una representación indígena: “Dejar fuera a comunidades indígenas y sistemas comunitarios es un retroceso. La gobernanza del agua solo funciona cuando quienes viven en los territorios están presentes en la toma de decisiones”.
También es imperativo regular o incluso prohibir la posibilidad de concesionar a privados la operación, cobro y administración del agua potable y saneamiento. “La experiencia en Puebla, Aguakan, Saltillo, Realito o Atotonilco demuestra que la privatización genera tarifas altas, mala calidad del servicio y contratos prácticamente blindados frente al incumplimiento”, señaló.
Otro aspecto fundamental es la obligación de instalar medidores eliminar las prórrogas de concesiones sin uso, mecanismo que históricamente alimentó el acaparamiento.
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena agregó que debe establecerse una regla clara para definir tarifas domésticas basadas en criterios socioeconómicos, pues no pueden tratarse igual zonas de alta marginación que zonas de alto ingreso.
Ramírez Cuéllar reiteró que México necesita una reforma hídrica moderna, transparente y sostenible. “El dictamen contiene avances valiosos, pero también áreas de oportunidad que debemos atender con responsabilidad. El agua no puede ser administrada desde la discrecionalidad ni bajo criterios que permitan abusos”.
“Nuestra prioridad es garantizar el derecho humano al agua, proteger los ecosistemas y asegurar un manejo responsable del recurso para las próximas generaciones. Esa es la ruta que vamos a defender”, concluyó.
