•Reforma al Sistema Nacional Anticorrupción responde a un problema que cuesta de entre el 5% al 10% del PIB y debilita la confianza ciudadana.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, encabezó el inicio formal de los trabajos para la discusión y análisis de una iniciativa de reforma integral al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), mediante un ejercicio de parlamento abierto que convocó a especialistas, autoridades, sector privado y organizaciones de la sociedad civil.
Ramírez Cuéllar destacó que esta iniciativa responde al llamado realizado en noviembre por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para profundizar una reforma de fondo al SNA y consolidar el combate a la corrupción como una verdadera política de Estado. Subrayó que el objetivo central es construir un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción con un programa sexenal claro, con metas definidas, indicadores medibles y responsabilidades compartidas entre los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión.
“El momento exige replantear la estructura y el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción para que sea eficaz, con liderazgo, coordinación real y resultados tangibles en la prevención, detección y sanción de la corrupción, así como en el combate a la impunidad”, afirmó el legislador.
El diputado Ramírez Cuéllar explicó que esta reforma se articula con los nuevos instrumentos institucionales creados recientemente, como la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, los cuales permitirán fortalecer la transparencia, la digitalización de trámites y los sistemas de contratación pública en todo el país.
Durante el evento, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Ricardo Mejía Berdeja, reconoció el liderazgo de Alfonso Ramírez Cuéllar como promovente de la iniciativa y resaltó la importancia de abrir la discusión a la ciudadanía y a personas expertas. Señaló que este proceso se suma a un conjunto de reformas impulsadas en la actual etapa de la Cuarta Transformación para eliminar estructuras redundantes, reducir privilegios, fortalecer la rendición de cuentas y garantizar un uso eficiente de los recursos públicos.
En el evento se subrayó que la corrupción genera costos económicos y sociales significativos, equivalentes a entre 5 y 10 por ciento del PIB en México, además de debilitar la confianza ciudadana, distorsionar el gasto público y afectar la calidad de las políticas sociales.
Asimismo, se retomaron instrumentos clave como la Convención Anticohecho de la OCDE, las recomendaciones del G-20 y los compromisos anticorrupción establecidos en el T-MEC, los cuales reconocen que el combate a la corrupción exige la acción concertada del sector público, privado y social.
En su intervención, la doctora Vania Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, presentó las líneas estratégicas de la propuesta de reforma, las cuales incluyen el fortalecimiento de la Política Nacional Anticorrupción como política de Estado, el robustecimiento de la Plataforma Digital Nacional, la ampliación y profesionalización de la participación ciudadana, la protección a denunciantes, la incorporación de enfoques de derechos humanos y género, así como mecanismos efectivos para la recuperación de activos y recursos desviados por actos de corrupción.
Ramírez Cuéllar subrayó que uno de los ejes centrales de la iniciativa es dotar al SNA de mayor autoridad, coordinación y capacidad de incidencia, así como garantizar que las recomendaciones y determinaciones del Comité Coordinador tengan efectos reales. Asimismo, destacó la importancia de incorporar a nuevas instancias clave en la lucha anticorrupción y de asegurar una evaluación periódica e independiente de la política nacional.
El legislador reiteró que este proceso de reforma se construirá con base en el diálogo plural y la participación activa de todos los sectores, y aseguró que la Cámara de Diputados dará seguimiento puntual a las deliberaciones para traducirlas en un marco legal sólido y eficaz.
“Este esfuerzo no es de una sola persona ni de un solo grupo parlamentario; es una tarea colectiva para fortalecer al Estado mexicano, recuperar la confianza ciudadana y cerrar el paso a la corrupción que tanto daño ha causado al país”, concluyó Alfonso Ramírez Cuéllar.
