PODER CIUDADANO
La principal polémica en torno al Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045 de la Ciudad de México, es la preocupación vecinal sobre los cambios en el uso de suelo sin control, lo que permitiría que continué un crecimiento desordenado, afectando zonas de valor ambiental.
Vecinos han alertado que el PGD facilitaría la densificación y el cambio de suelo, beneficiando a desarrolladores inmobiliarios por encima de las necesidades habitacionales y de infraestructura de las comunidades, centralizando decisiones urbanas, debilitando la participación local y vecinal.
El cartel inmobiliario voraz y sin control, o mejor dicho, la hidra inmobiliaria, como lo documentamos en este espacio el 7 de noviembre del 2025.
La supuesta Consulta Ciudadana ha sido deficiente, tramposa, y nada transparente. Ante estas inconformidades, diversas organizaciones han exigido desechar la actual propuesta y reponer el procedimiento para un plan más participativo.
La situación de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACOS) es otro de los puntos polémicos, marcados por el temor a su desaparición, frente a la supuesta postura oficial de fortalecerlas.
Activistas de organizaciones como Suma Urbana han advertido que el PGD podría desplazar o extinguir las facultades actuales de las COPACOS, centralizando la toma de decisiones en nuevas figuras o autoridades.
Durante foros de consulta, se ha planteado rediseñar las COPACOS para convertirlas en asambleas vecinales denominadas «Casas de Gobierno», donde las autoridades tengan una participación directa para, según el discurso oficial, crear una comunidad más informada.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y otros funcionarios han afirmado que las COPACOS no desaparecerán, sino que el objetivo del plan es «fortalecerlas» y transitar hacia un esquema de participación ciudadana vinculante.
Sin embargo, representantes de COPACOS en casi todas las alcaldías, han exigido que se deseche el proyecto actual del PGD, argumentando que el documento fue elaborado sin una consulta previa real, ignorando las necesidades de las colonias.
Además han señalado reiteradamente, una posible ignorancia normativa en el PGD, ya que el plan pretende detallar funciones que legalmente corresponden a la Ley de Participación Ciudadana, lo que generaría conflictos jurídicos con la Constitución local.
Y por si fuera poco, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México se encuentra en el centro de un debate jurídico y operativo, porque el documento pretende detallar y modificar funciones que legalmente son competencia exclusiva de ésta. Esto podría generar conflictos con la Constitución de la CDMX, que establece jerarquías claras entre leyes y planes de desarrollo.
Supuestamente se instalaron mesas de trabajo de las autoridades con representantes de las 16 alcaldías, para analizar una reforma integral a la Ley de Participación Ciudadana, buscando alinear la ley con el PGD para transitar hacia un modelo de «Participación Ciudadana Vinculante», pero de sus conclusiones o propuestas, nada.
Existe la enorme preocupación vecinal de que el PGD desplace las facultades que la ley actual otorga a los ciudadanos, centralizando la toma de decisiones en el Gobierno central bajo el argumento de «fortalecer lo público».
Por todo ello, lo mejor que podría pasarnos, es detener este PGD, que parece más un agandalle por tener el control político, económico, y electoral de la Ciudad, así de claro.
X: @floresaquino
FB: Juan Carlos Flores (fan page con el puño levantado)
