-Acoso, intimidación y falsificación de documentos por encima del Estado de Derecho.
A casi 6 años de iniciadas las carpetas de investigación a ‘The Coca-Cola Company’ por los delitos de fraude, y revelación de secretos (Agravada), que habrían sido cometidos en contra de José Antonio Del Valle Torres, la intervención de 10 ministerios públicos tanto de la Fiscalía General de la República (FGR) como de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), no ha sido suficiente para agotar las líneas de investigación. Existen dos carpetas de investigación en la FGJCDMX, y una tercera por prevaricación de funcionaros públicos que particularmente llama la atención al no presentar ningún avance desde su apertura hace más de dos años, cuando Del Valle Torres denunció públicamente la corrupción por parte de las autoridades, al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
A pesar de que Jueces y Magistrados del Poder Judicial han solicitado repetidas veces, a lo largo de varios años, la reapertura de las carpetas de investigación en relación a estos delitos que se investigan, el objetivo de la FGJCMDX es no agotar las líneas de investigación y volverlas a cerrar de manera ilegal. Por medio de la dilación recurrente de las propias investigaciones requeridas, la FGJCMDX y Coca-Cola ilegalmente apuestan por la prescripción de los delitos para quedar en impunidad. Testimonios falsos, omisión a citatorios, abandono de ejecutivos del territorio nacional para evitar declarar, y recientemente la presentación de un documento falso simulando la firma del Lic. Del Valle Torres son una muestra de los alcances a los que están dispuestos a llegar para obstruir a la procuración de justicia. El despacho que representa a la transnacional es Zinzer, Esponda y Gómez-Mont el cual habría sido relacionado con la operación de casinos ilegales a manos del crimen organizado. Fernando Gómez-Mont Urueta, señalado por el propio Presidente como un traficante de influencias recientemente habría sido nombrado por la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio por México, como su coordinador de la Mesa de Justicia.
La interferencia del sistema Coca-Cola (The Coca-Cola Company y sus embotelladores) con políticos y funcionarios en México, viene al menos desde el sexenio de Vicente Fox Quezada hasta la actual administración de AMLO sin importar afiliación política. Ex Presidentes, Secretarios de Estado, y Congresistas del PRI, PAN, PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano y MORENA se alinean al sistema Coca-Cola, independientemente de sus propias rivalidades políticas. El sistema ‘Coca-Cola’ está diseñado para tener presencia global con impunidad total a partir de una serie de entidades legales y una red de embotelladores, contralada por la misma corporación, que operan el negocio en la unidad de la marca ‘Coca-Cola’ pero enfrentan los delitos y abusos humanos en forma totalmente local y aislada para evadir las consecuencias jurídicas. El mejor ejemplo de ello habría sido la total impunidad con la que fueron absueltos tanto ‘The Coca-Cola Company’ como ‘Coca-Cola FEMSA’, a pesar de la clara evidencia en su complicidad relacionada con los asesinatos, tortura y secuestros llevados a cabo en Colombia por grupos paramilitares en contra de los propios trabajadores sindicalizados de la empresa, como lo exhibió recientemente el multi premiado documental ‘The Coke Cartel’.
El ‘sistema’ Coca-Cola hoy día es encabezado por una figura, de nombre: James R. Quincey, que opera al estilo de los viejos ‘Padrinos’. Bajo la venia de este ‘Padrino’ moderno, ‘The Coca-Cola Company’, contrata sin limite alguno despachos jurídicos en todo al mundo a pesar de no asignarle a algunos trabajo significativo, con el solo propósito de conflictuarlos en representar a partes contrarias; niega rotundamente su responsabilidad en una disputa con la autoridad fiscal norteamericana (‘IRS’) por defraudación fiscal que asciende a miles de millones de dólares; y patrocina la mayor cumbre mundial en contra del cambio climático mientras la organización Coca-Cola es el mayor contaminante del planeta. Estos son solo ejemplos visibles de la impunidad y la red de tráfico de influencia, muchas veces no evidente, que le permite a Coca-Cola interferir, sin fronteras, a través la propia estructura corporativa de la empresa y sus incalculables ramificaciones desde el Consejo de Administración.
El propio Quincey que habría estado a cargo de la Unidad de Negocio de ‘The Coca-Cola Company’ en México (Coca-Cola México) hace algunos años, salió intempestivamente del país después que un alto Directivo de la organización, Ángel Alvarado Agüero, denunciara el mecanismo de defraudación fiscal con el que operaba Coca-Cola en perjuicio del Estado Mexicano, en miles de millones de dólares. A pesar de que las denuncias llegarían hasta el Congreso de la Unión, en la administración del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, Quincey y el sistema Coca-Cola quedarían impunes. Actualmente James Quincey es el actual CEO y Presidente del Consejo de Administración de ‘The Coca-Cola Company’, mientas que Alvarado Agüero habría fue victima de acoso, intimidación y espionaje profesional en su propio hogar.
En el caso Del Valle Torres/Coca-Cola, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Poder Legislativo y la intervención de la propia Oficina de AMLO no han sido suficientes para contrarrestar el inmenso poder de ‘El Padrino’ en México. Este asunto que claramente ya preocupa a las más altas esferas de Coca-Cola, por la prolongada imputación de Manuel Arroyo y Selman Careaga, sus dos mercadólogos de mayor jerarquía a nivel mundial, es una muestra de la tangible interferencia de la multinacional con las Instituciones Mexicanas, por encima del Estado de Derecho.
El Lic. José Antonio Del Valle Torres ha sufrido sofisticados atentados en contra de su vida, tanto de asesinato como de secuestro.
