- La persistencia de la corrupción afecta el desarrollo económico y debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
- Se prepara una iniciativa de reforma integral al Sistema Nacional Anticorrupción.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar advirtió sobre la urgencia de fortalecer el combate a la corrupción y la impunidad en México, ante la persistencia de prácticas que continúan afectando el funcionamiento de las instituciones, el uso adecuado de los recursos públicos y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales.
Señaló que la corrupción constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país, al generar profundas afectaciones sociales, económicas y políticas. En el ámbito social, explicó, reproduce desigualdades estructurales al beneficiar a grupos privilegiados en detrimento de la mayoría de la población; en el plano económico, desincentiva la inversión, limita el crecimiento y reduce los ingresos públicos; mientras que, en el ámbito político, debilita la democracia al romper el vínculo entre la voluntad ciudadana y las decisiones públicas.
El legislador subrayó que, a casi una década de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, los resultados no han sido los esperados. Indicó que la falta de mecanismos vinculantes, la debilidad en la coordinación interinstitucional y las limitaciones en el seguimiento de las políticas públicas han generado una brecha entre el diseño normativo y su efectividad real.
Asimismo, destacó que los indicadores internacionales reflejan la magnitud del problema. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, México obtuvo una calificación de 27 sobre 100, ubicándose entre los países con mayores desafíos en esta materia, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de prevenir, detectar y sancionar estos actos.
Ramírez Cuéllar enfatizó que el combate a la corrupción responde a compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano. En particular, señaló que el Capítulo 27 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá establece obligaciones claras para sancionar conductas como el soborno, la malversación de recursos y para fortalecer la integridad pública, la transparencia y la participación del sector privado y la sociedad en la prevención de la corrupción.
En este contexto, informó que se encuentra en proceso de elaboración una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual será presentada al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. El objetivo de esta propuesta es consolidar una política anticorrupción de carácter obligatorio, fortalecer la coordinación entre autoridades, empoderar a la ciudadanía, proteger a las personas denunciantes y garantizar consecuencias efectivas frente a conductas ilícitas.
Entre los principales ejes de la iniciativa se contempla precisar el concepto de corrupción mediante su vinculación con los delitos establecidos en la legislación penal, incorporar el principio de igualdad sustantiva, establecer sistemas institucionales de gestión de riesgos, así como implementar evaluaciones externas periódicas que permitan medir resultados y ajustar la política nacional anticorrupción.
De igual forma, se propone fortalecer la operación del Sistema Nacional Anticorrupción mediante reuniones periódicas obligatorias, encuentros anuales encabezados por la Presidencia de la República y el fortalecimiento del Comité de Participación Ciudadana, garantizando su independencia y capacidad de incidencia.
El diputado afirmó que avanzar hacia un sistema anticorrupción más eficaz implica transitar de un enfoque reactivo a uno preventivo, basado en la identificación de riesgos, la coordinación institucional y la participación activa de la ciudadanía. Añadió que solo mediante instituciones sólidas, mecanismos de control efectivos y una política pública con resultados verificables será posible reducir la impunidad y recuperar la confianza en el Estado.
Finalmente, reiteró que el fortalecimiento del combate a la corrupción es una condición indispensable para consolidar el Estado de derecho, garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y promover un desarrollo económico con justicia y equidad. “La lucha contra la corrupción no puede postergarse; requiere decisiones firmes, reformas estructurales y una acción coordinada que coloque en el centro el interés público”, concluyó.
