Integrantes de la organización Comerciantes Cuauhtémoc A.C. de Santiago Tepalcatlalpan señalaron que desde hace seis años son víctimas de distintos actos de prepotencia y agresiones por parte de líderes solapados por la autoridad de la Alcaldía
Los inconformes han ingresado 7 procesos de denuncia ante la FGJCDMX y numerosas quejas ante la dirección Jurídica y de Gobierno local, quienes reciben moches por su silencio, acusan
El legislador ciudadano, Royfid Torres González, respaldó la petición con un punto de acuerdo en el que exhorta a la autoridad local a dar garantías de trabajo a los afectados; urge aprobar la Ley de Trabajó No Asalariado en el Congreso local para que esto deje de ocurrir, indicó
Representantes de la asociación de Comerciantes Cuauhtémoc A.C., que aglutina a 80 vendedores del pueblo originario de Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco, solicitaron a la autoridad local frene la ola de violencia, abuso y acoso de la que son víctima desde hace seis años.
Los inconformes acudieron al Congreso de la ciudad de México para denunciar la situación que viven todos los días por nuevos liderazgos, solapados por la autoridad de la alcaldía encabezada por José Carlos Acosta Ruiz.
El líder del organismo, Armando Chávez, indicó que sus agremiados son constantemente intimidados por Mitzy, Linda y Andrés, personas que piden dinero por otorgar lugares para ejercer el comercio en el pueblo originario y permiten a Armando Chávez Personas de otros sitios vender a cambio de miles de pesos semanales.
“Desde hace seis años hemos sido golpeados, a mi hasta de muerte me han amenazado y a mi familia por estas personas que, de pronto y un día para otro, alguien les dijo que ellos se harían cargo del comercio en el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, cuando nosotros tenemos hasta un acta constitutiva que nos avala y no nada más ahí, sino también del centro de la alcaldía y otros lugares han actuado, afectando a muchas familias, ya que nosotros si no vendemos, no comemos”, sostuvo.
Añadió que la asociación, fundada desde los años 40 y que opera formalmente constituida desde 1987, ha sido ignorada y sus integrantes diario son condicionados, extorsionados o golpeados, como Irene Sánchez.
“No sólo me causaron un esguince, sino durante el tiempo que estuve recuperándome se burlaban de mí en redes sociales, me difamaron y afectaron de muchas formas. No es posible que la alcaldía no haga nada ante ello y hasta personal que no pertenece al área de vía pública llegue a querer organizarnos o imponernos, como Guerrero de la Cruz, que es trabajador del área de medio ambiente y está en la calle con estas personas”, señaló la comerciante.
Otro afectado es César Rubén Acuña, quién fue golpeado en el rostro y amenazado de muerte, evitando que se coloque nuevamente para vender. “La señora Rosalinda llegó un día a pedirme que me retirara sin razón alguna, como no quise me agredieron otras personas y me robaron mercancía y cinco mil pesos que traía en mi moto”, relató el vendedor de pearcings que lleva 20 años en el mismo sitio.
Armando Chávez añadió que estás acciones cuentan con el contubernio de la autoridad local, “pues lo hacen sin sustento legal y cuando vamos con el director jurídico nos dice ‘mis muchachitos no me hacen caso’. ¿Cómo es posible que ocurra? Piden 5, 10, 20 mil pesos por dejarte vender y actúan incluso cuando nosotros tenemos hasta el acta constitutiva de la organización que nos avala como comerciantes en vía pública”, agregó.
El legislador Royfid Torres González dijo que en la Bancada Naranja respalda la lucha de los ciudadanos y acompañarán a los comerciantes en su justa petición, por lo que ingresó un punto de acuerdo para pedir a la autoridad de la alcaldía otorgue garantías a este grupo para realizar su trabajo.
“Nosotros en Movimiento Ciudadano sólo somos una vía para que ellos vengan aquí a denunciar y exponer su caso, porque este tipo de cosas pasa cuando como legisladores postergamos la aprobación de leyes, como la de Trabajadores No Asalariados, que siguen trabadas y que afectan en su cotidianidad a personas como Irene o César, que no pueden trabajar porque no se les otorga certeza jurídica”, aseguró.
