Agradezco profundamente este espacio. Comparecer ante ustedes es, antes que nada, un ejercicio de responsabilidad democrática.
Hoy estoy aquí, derivado del impulso de colectivas, de organizaciones sociales, de personas académicas, empresarios, profesionistas, víctimas, ciudadanos y ciudadanas que apuestan por la vía institucional para alcanzar la justicia y la paz.
A todas esas voces diversas, plurales y comprometidas, les reitero la gratitud, mi gratitud, por el apoyo.
Y estar en esta terna es, me honra profundamente el que ustedes hayan enviado a la presidenta y la presidenta haya enviado esta terna.
Este respaldo no es un premio, es un mandato. Es la demanda urgente para construir una fiscalía que esté a la altura de los tiempos, que ponga al centro a las víctimas, que actúe con inteligencia, con profesionalismo y probidad, y de esta manera recupere la confianza ciudadana.
La procuración de justicia es uno de los pilares del Estado de derecho, es el mecanismo a través del cual se actualiza la tutela judicial efectiva y no sólo y meros procedimientos legales.
En definitiva, la calidad democrática de un sistema de procuración de justicia se mide por su capacidad de combatir la impunidad de los delitos, al tiempo que garantiza los derechos humanos en todos los que son parte del proceso, sin excepción.
En el contexto de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y sus cuatro ejes rectores, estamos entrando a una nueva etapa en materia de procuración de justicia.
La fiscalía necesita estar a la altura de una realidad compleja. Pasamos de un modelo inquisitivo a uno acusatorio, sí, pero la calidad de la justicia aún no está a la altura de lo que nuestro país necesita, sigue siendo una deuda histórica con la sociedad.
Enfrentamos desafíos históricos y nuevos retos derivados de la evolución del fenómeno criminal.
Hoy, el crimen opera con tecnologías sofisticadas, con presencia transnacional y con estructuras financieras complejas. No es un fenómeno local, es global, es delincuencia organizada; y existe la macrocriminalidad, delitos de alta complejidad que requieren una inteligencia institucional superior.
Trata de personas, lavado de dinero, ciberdelincuencia, corrupción, tráfico de armas, de fentanilo, drogas sintéticas, es crimen organizado, entre otros delitos.
Ante estos retos, es imperativo combatir de manera coordinada, profesional y sin tregua a la corrupción.
Frente a esta realidad, lo digo con firmeza, una fiscalía que actúa sola está destinada al fracaso. La autonomía se fortalece con coordinación, con inteligencia y con visión de Estado; es necesaria y se construye día a día, no sólo con las autoridades en materia de seguridad pública, sino también con las fiscalías locales, los organismos protectores de derechos humanos, las Comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas, entre otras instituciones.
Además, el nuevo Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, requiere de la alineación de políticas y estrategias, así como de la sinergia entre las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia, para alcanzar el máximo potencial de los resultados esperados, siempre en un plano de respeto a las autonomías e independencias de las distintas instituciones partícipes en los tres niveles de gobierno.
Para abatir la impunidad, es necesaria la coordinación cotidiana. El fenómeno criminal exige la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de labores de investigación e inteligencia y la coordinación entre el Gabinete de Seguridad Federal y las entidades federativas.
Como ya lo he dicho en múltiples ocasiones, la coordinación no implica subordinación.
Hoy, México exige una fiscalía que piense, que planifique y actúe con visión estratégica. Por ello, debe presentar su plan estratégico de procuración de justicia que fortalezca las labores de inteligencia, de investigación y de judicialización.
La persecución penal debe partir de análisis georreferenciados, patrones delictivos, estructuras criminales y capacidades institucionales.
Un país que enfrenta la delincuencia organizada de alto nivel y redes financieras delictivas, necesita una fiscalía que investigue, no sólo a las personas, sino a la ruta del dinero.
También se abordará la priorización y segmentación de casos, porque estoy convencida que una fiscalía que investiga todo por igual, no investiga nada con eficacia.
La priorización y segmentación de casos, permitirá destinar recursos de manera eficiente a lo que más afecta a la paz pública en el país.
Nuestras investigaciones tendrán como base la investigación científica y multidisciplinaria con enfoque de derechos.
Ministerios públicos, personal pericial, policías y analistas deben trabajar como un solo equipo, de manera articulada, teniendo claro el deber institucional de procurar justicia, en beneficio de las víctimas y ofendidos.
La fiscalía debe convertirse en una institución capaz de incorporar a las carpetas de investigación evidencia sólida, peritajes científicos y análisis de inteligencia, además de argumentos técnico-jurídicos que se traduzcan en la judicialización fuerte de esas carpetas, pero sobre todo hacia la obtención de sentencias ejemplares, sin dejar de lado el respeto a la persona investigada y a las víctimas y ofendidos.
No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo: tampoco habrá impunidad.
Vamos a avanzar en el fortalecimiento integral de los protocolos de actuación que nos asegure cero tolerancia a la tortura y tratos crueles.
Se perfeccionarán los mecanismos rigurosos de control y supervisión, se investigará y sancionará con la misma severidad a cualquier servidor público que incurra en violaciones de derechos humanos, pues la fiscalía no puede ser fuente de ilegalidad.
Se tiene que asegurar el fortalecimiento de la prueba científica y la cadena de custodia.
La solidez de nuestras acusaciones no puede depender de confesiones o pruebas viciadas, sino de la excelencia pericial y de la investigación científica.
Las víctimas y el agravio a la sociedad deben ser el centro de nuestra actuación. Las personas deben dejar de ser un trámite y convertirse en el punto de partida de la actuación de la fiscalía.
Se consolidarán los mecanismos institucionales para la atención ciudadana. Saber escuchar, acompañar y reparar es una experiencia que tenemos y vamos a insistir en ello, porque además de ser un deber, para mí es una convicción personal.
Tendremos una fiscalía de puertas abiertas a través de un modelo de atención integral, cuyo objetivo es la protección judicial y de los derechos de las víctimas, asegurando espacios de apoyo real y efectivo durante todas las etapas del proceso, particularmente la reparación integral del daño.
Nuestra visión no es la del derecho penal del enemigo, es una visión humanista del derecho penal. Por ello, se fortalecerán los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Estos no implican impunidad, son eficiencia, reparación y reducción del desgaste emocional de las víctimas y siempre salvaguardando sus intereses en el marco de la legalidad.
Es importante mencionar que hoy tenemos herramientas legales renovadas.
Aquí aprovecho para agradecer a todas las senadoras y todos los senadores que hayan aprobado, les agradezco que hayan aprobado, un nuevo marco constitucional en materia de seguridad pública que articula; ahora se articulan las instituciones.
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión; la Ley General en materia de Desaparición y Búsqueda, entre otras.
Es un nuevo marco legal institucional para una nueva manera de la procuración de justicia.
Muchas gracias a todos los senadores y senadoras por esto que hicieron por el país.
Estas leyes, ahora, permiten algo que México nunca había tenido. Es un entramado normativo capaz de anticipar, desarticular y combatir estructuras delictivas. Pero las leyes no se aplican solas.
Se necesitan instituciones fuertes, personal capacitado y estrategias claras.
Debemos hacer una revisión de la manera como se realiza la investigación de casos aislados y considerar una valoración a través de análisis de fenómenos criminales. De esta manera podremos desarrollar una verdadera política de persecución penal.
Impulsaremos un rediseño institucional profundo que actualice a la fiscalía frente a este nuevo modelo de investigación e inteligencia y de persecución penal, los nuevos tipos penales y a la nueva normatividad.
La Fiscalía General requiere un trabajo minucioso y delicado para ir mejorando cada uno de sus procesos a través de la planeación institucional, reconociendo las experiencias, ubicando áreas de oportunidad y buscando el acompañamiento de la sociedad.
Un sistema de justicia no puede pedir confianza si no se exige integridad en su propio seno.
La Fiscalía de Asuntos Internos tendrá un papel central. Para ello, fortaleceremos los mecanismos internos de detección, investigación, persecución y sanción de actos de corrupción interna.
Estoy convencida de que no habrá justicia si quienes investigan carecen de recursos, formación y certificación, por lo que ésta es una línea de trabajo prioritaria si ustedes deciden favorecerme con su voto.
Trabajaremos en el fortalecimiento de las capacidades técnicas jurídicas y en enfoques transversales de género, derechos humanos y diferenciales, en análisis de contexto y otras herramientas que permitan al personal mejorar en la investigación y en la litigación.
Queremos que el personal de la Fiscalía General de la República se sienta orgulloso de pertenecer a esta institución. Para eso estaremos trabajando en una serie de acciones que les permitan a ellos tener la estabilidad en su trabajo y la pertenencia con seguridad.
El verdadero reto no es sólo mejorar indicadores. No es burocracia, es reconstruir la confianza ciudadana, y esta confianza se logra con transparencia, con rendición de cuentas, decisiones basadas en evidencia, con un respeto irrestricto a los derechos humanos, con resultados verificables, con articulación y con colaboración.
Se instalará el Consejo Ciudadano de conformidad con lo que establece la propia Ley de la Fiscalía, para revertir la percepción de opacidad de las instituciones de procuración de justicia, al mismo tiempo, garantizar el derecho humano a participar en los asuntos públicos.
Hago un llamado respetuoso a las organizaciones civiles, a la academia, a las víctimas, a las colectivas, a los colectivos, a las y los empresarios, a los comerciantes, a los abogados postulantes, para que colaboren con sus propuestas, con sus críticas, con su expertís, con sus planteamientos técnicos, para que haya visión ciudadana en los quehaceres de la fiscalía, porque la justicia no se presume, se demuestra, tiene que demostrarse.
La sociedad mexicana envió un mensaje contundente: No quiere una fiscalía distante ni opaca, quiere una fiscalía humana, profesional, honesta y con resultados, que nombre las cosas como son, que proteja, que investigue, que sancione la corrupción interna y que acompañe a las víctimas.
Senadoras y senadores, pueblo de México, estoy convencida de que la justicia no puede esperar. México se encuentra en una encrucijada histórica y tenemos la oportunidad de consolidar una fiscalía fuerte, moderna y estratégica.
Como abogada de la nación en materia de justicia, de acuerdo a las atribuciones que la Constitución confiere, aplicaré toda mi experiencia para defender los intereses de la nación, con investigaciones sólidas, abatiendo la impunidad, fortaleciendo a la institución, mejorando la atención a víctimas. Esa ruta es la que propongo.
Mi compromiso claro, investigación científica y multidisciplinaria con enfoque de derechos, inteligencia aplicada a cada caso y a cada fenómeno criminal, priorización de delitos de mayor impacto, coordinación real entre instituciones con autonomía, atención digna e integral a las víctimas, respeto y protección a los derechos humanos, cero tolerancia a la tortura, atención y procuración de justicia con perspectiva de género, articulación con la sociedad civil, profesionalización del personal, revisión de los procesos internos, combate firme a la corrupción interna, transparencia y rendición de cuentas.
¡No existe paz sin justicia y no existe legitimidad sin cercanía con la sociedad!
Con este compromiso caminamos, seguiremos caminando hacia un país donde la justicia no sea un privilegio, donde se haga costumbre, es el cumplimiento de un derecho; donde las mujeres podamos caminar libres y sin miedo, donde los derechos humanos sean la brújula que guie cada acción institucional.
Hoy reafirmo que la justicia no es un ideal lejano, es una construcción diaria que requiere compromiso por los principios humanistas de amor a la patria, a los derechos humanos, profesionalismo y eficacia.
Las y los mexicanos pueden confiar en mi lealtad a la Constitución, a la ley, a las instituciones públicas y al respeto a los derechos humanos y respeto a sus derechos, así como con mi compromiso de obrar de manera moral, ética y con profesionalismo.
Quien ha cometido un delito debe saber que será perseguido, procesado y sentenciado, y quien haya sido víctima debe saber que será protegida, defendida y el daño reparado, pero también manifestar: no se acusará a nadie injustamente porque en la procuración de justicia no caben ni por asomo las acciones parciales ni con tintes políticos.
La procuración de justicia que propongo es aquella leal a los bienes y valores de la patria, sin ninguna posibilidad de negociación.
¡La justicia no se negocia!
Yo también estoy convencida de que es posible la felicidad del pueblo de México y que la transformación de la vida pública se construye procurando justicia.
Quiero, tengo, ya no tengo minutos, pero bueno, espero, en esta presentación traté de buscar que se contestaran muchas de las preguntas que los senadores y las senadoras han hecho.
Solo me refiero al decálogo que ha presentado Movimiento Ciudadano y que les puedo decir que lo hago mío.
Lo firmo y me comprometo públicamente a que esas son las acciones que vamos a encomendar.
Y sólo les digo, “al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie”.
Y les recuerdo que la lucha sigue.
