El Hijo del Camionero
“La corrupción, esquema tolerado por la sociedad”
(Cuarta Parte)
Por: Dr. Mario Rodolfo Cid de León Carraro
Coordinador del Grupo de Estudio y Análisis
Político Económico de Nezahualcóyotl
@MRODOLFO_CID
En esta ocasión y apelando al permiso y favor de los lectores a los que les expreso mi mayor agradecimiento por poner su atención en esta columna, me permito reconocer y agradecer a mi esposa e hijos, por el apoyo que me dan, el que me permite escribir y trasmitir elementos que sirvan para construir ideas, porque son las ideas, las que nos permiten desarrollar una vida realmente democrática, mi amor para ellos.
En continuidad con el tema y con el objeto de finalizar su análisis en esta cuarta columna, es necesario destacar que como ya se mencionó, la estrategia del actual gobierno para combatir la corrupción, se basa en la denuncia ciudadana, sin fortalecer las actividades y estructuras que implica la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, es decir no se está prestando el refuerzo a las acciones ordinarias que cada dependencia de gobierno tiene que emprender en su interior, para garantizar el desarrollo correcto de sus funciones y por tanto que estas ofrezcan los resultados esperados, tanto en calidad, como libres de corrupción.
Para dimensionar la tarea que tiene el Control Interno para el ejercicio fiscal del año 2024, es constatar la correcta aplicación de más de 9 billones de pesos, esta actividad recae en primera instancia en las entidades ejecutoras del gasto y a nivel institucional, recae en la secretaria de la Función Pública (poder ejecutivo) y en la Auditoria Superior de la Federación (poder legislativo), de acuerdo con su rango de actuación, sin dejar de ver que, a nivel estatal, se replica el esquema.
Al ocuparnos de la actividad de control del ejecutivo, se revisan algunas atribuciones de la secretaria de la Función Pública, conforme a la Ley en la materia:
- Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental y de sus resultados.
- Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización.
- Coordinar y supervisar el sistema de control interno; establecer las bases generales para la fiscalización y realización de auditorías internas, transversales y externas.
- Emitir las normas para que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa.
- Conducir las políticas, establecer las normas en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
- Realizar, a través de sus unidades administrativas o de los órganos internos de control actos de fiscalización a las dependencias, incluyendo sus órganos administrativos desconcentrados, y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal.
- Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal.
- Crear, asignar, distribuir, dirigir, coordinar y extinguir los órganos internos de control en las dependencias, incluyendo sus órganos administrativos desconcentrados, y entidades paraestatales.
- Nombrar y remover a las personas titulares de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes, de las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados de la Administración Pública Federal.
- Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses y también registrará la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas.
- Atender las quejas que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
- Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Establecer mecanismos internos para la Administración Pública Federal que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.
- Establecer, conducir y aplicar la política general de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- Fungir como área concentradora de los procedimientos de compra de bienes y contratación de servicios que la propia Secretaría determine.
Estas actividades se realizan a través de los Órganos Internos de Control (específicos) o los Órganos Internos de Control Especializados de reciente creación, siendo sus materias las siguientes: Fiscalización; Control Interno; Contrataciones Públicas; Quejas, Denuncias e Investigaciones; y Responsabilidades, respectivamente, se auxiliarán de dieciséis titulares de área de especialidad, a quienes se les deberá asignar el ramo y ente público en el que ejercerán sus funciones; los que sustituyen a los Órganos Internos de Control de las siguientes Dependencias: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, Instituto Nacional de Migración, Registro Agrario Nacional, Prevención y Readaptación Social, Servicio de Protección Federal; e Instituto de Salud para el Bienestar.
En su momento valoraremos la eficiencia de estos nuevos órganos.
Una vez revisadas las atribuciones sustantivas de la Secretaria de la Función Pública, se hace mención que estas son cumplimentadas a través de supervisiones, revisiones y auditorias de diversos tipos, acciones que son programadas en el marco de un Plan Anual de Fiscalización, las que tienen por objeto abatir los actos de corrupción e incrementar la eficiencia, observando los siguientes resultados expuestos y desglosados conforme datos del V informe del actual gobierno, para la anualidad 2022-2023:
De 2020 a 2023, los Planes Anuales de Fiscalización han integrado más 10 mil actos de fiscalización enfocados en prevenir la ineficacia en la gestión pública y cerrar espacios a la corrupción, teniendo que al cierre de 2022 se concluyeron 2,919 actos de fiscalización, de los cuales 1,549, el 53.10%, tuvieron por objeto prevenir las conductas contrarias a la integridad y detectar riesgos de ineficacia gubernamental; mientras que 1,370, el 46.90% fueron de carácter correctivo.
Para el ejercicio fiscal 2023, se ejecutaron 2,523 actos de fiscalización de los que 1,316, el 52.20%, están enfocados en la prevención de riesgos de ineficacia y de corrupción y 1,207, el 47.80% fueron de carácter verificativo para revisar el cumplimiento de la normativa, la economía, eficacia, eficiencia y transparencia de las entidades.
Respecto al año 2022, se concluyeron 10 auditorías a programas prioritarios del Gobierno Federal, como resultado se formularon 64 recomendaciones para mejorar el desempeño de la gestión gubernamental respecto de administración de archivos; prevención del delito; agua potable, drenaje y saneamiento; reconstrucción de hospitales; mejoramiento urbano; apoyos a las personas con discapacidad; abasto de productos básicos; fomento a la pesca y acuicultura; conservación de carreteras federales, así como regulación y supervisión del transporte aéreo.
En este contexto, respecto a la Fiscalización al desempeño de la gestión gubernamental, para el año 2023, se programaron 10 auditorías al desempeño, las que se enfocaron a detectar riesgos de ineficiencia; la asignación presupuestaria de los programas revisados fue de 70,171.80 millones de pesos, que incluían aspectos prioritarios como la operación del Banco del Bienestar y de la Financiera para el Bienestar; protección civil; apoyos para vivienda social; educación comunitaria; programa de fertilizantes; coordinación de la distribución de productos básicos; regulación y operación de carreteras de cuota; y conservación de carreteras alimentadoras y caminos rurales.
En lo que se refiere a la Fiscalización a la operación regional, en el año 2023, las auditorías priorizaron revisiones a programas regionales relacionados con apoyos a los gobiernos estatales para la atención médica de la población sin seguridad social y a la operación de instituciones de educación media superior, por lo que se programaron 67 actos de fiscalización, con un monto a revisar de 85,404.50 millones de pesos, donde se incluyó una visita de inspección al proyecto de transporte masivo de pasajeros “Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México”, de la Ciudad de México, con un importe revisado de 1,657.80 millones de pesos; a su vez, se realizaron 66 auditorías con un monto por revisar de 83,746.70 millones de pesos de las cuales una corresponde a la revisión al Instituto de Salud para el Bienestar, otra a la Secretaría de Educación Pública y 64 a los gobiernos estatales.
Temas inherentes a la Fiscalización financiera y de cumplimiento en el periodo del 2019 al 2023, se programaron 69 auditorías y 17 visitas de inspección, enfocadas en temas relevantes como la operación de aduanas; remuneraciones de las personas servidoras públicas; abasto de medicamentos; contratación de personal; proyectos de asociación pública-privada; permisos marítimo-terrestres; derrame en el Río Sonora; y otorgamiento de subsidios para apoyar a la población adulta, jóvenes y personas con discapacidad.
En lo que toca al año 2023, el programa de fiscalización se conformó por 10 auditorías enfocadas en verificar el cumplimiento del proceso de adjudicación y ejecución de contratos de adquisiciones, y dos visitas de inspección para identificar en tiempo real el debido cumplimiento de las normas en la gestión financiera de los programas de apoyo a los pueblos indígenas y becas Elisa Acuña, el monto fiscalizado fue de 12,014.70 millones de pesos.
En la evaluación de políticas de gobierno por el periodo de 2019 al 2023, se ejecutaron 11 evaluaciones de políticas en temas prioritarios de seguridad pública; atención de salud y abasto de medicamentos; minería; adultos mayores; becas de educación básica y media superior, y la política nacional de juventud; concretamente en el año 2023, se programaron dos actos de fiscalización para evaluar temas relativos a la atención en salud por padecimientos de alta complejidad diagnóstica, y de la búsqueda de personas desaparecidas, lo que implicó la reasignación presupuestaria en esas políticas por un monto de 23,054.50 millones de pesos.
La fiscalización de contrataciones públicas, es otro rubro relevante, en el periodo 2019 al 2023, se realizaron 788 actos de fiscalización, de los cuales 144 fueron auditorías, 107 verificaciones de calidad, 144 visitas de supervisión, 81 visitas a las bitácoras y 312 seguimientos de acciones; propiamente en 2022, se realizaron 119 actos de fiscalización, de los cuales 24 atañen a obra pública, 11 a adquisiciones, 19 a visitas de supervisión, evaluación y validación de información de las bitácoras y 65 a seguimientos de actividades de los años 2020 y 2021.
La Secretaría ha priorizado los actos de carácter preventivo, lo que permite tener mejores economías en la gestión de resultados por lo que, en 2023, efectuó 108 actos de fiscalización, 41 preventivos, 30 correctivos y 37 seguimiento de acciones.
Respecto a la obra pública en 2022, se realizaron 8 auditorías, 8 visitas de supervisión, 8 verificaciones de la calidad de materiales y 32 seguimientos; los resultados de la fiscalización arrojaron 112 hallazgos por un monto de 411.60 millones de pesos y se recuperaron 5.50 millones de pesos, además de que se concluyó la revisión a 32 seguimientos correspondientes a 196 hallazgos con montos relacionados por 3,567.90 millones de pesos; se atendieron 112 observaciones correctivas y 186 recomendaciones preventivas, con un monto aclarado de 3,166.40 millones de pesos y se recuperaron recursos por 4.50 millones de pesos; para aquellos casos en los que no se aclararon, documentaron o reintegraron los importes respectivos observados, se elaboraron las denuncias correspondientes.
Otra acción que resultó fundamental, fue la revisión de los padrones de los programas gubernamentales, han sido por lo menos los últimos 3 años, objeto de escrutinio 148 de los mencionados padrones, los cuales se otorgaron 433,627.00 millones de pesos a 54.50 millones de personas beneficiarias; no obstante en 2023, se revisaron 152 padrones gubernamentales, mediante los que se dispersaron 652,335 millones de pesos a 44.10 millones de personas beneficiarias, es decir se ofreció más dinero a menos gente. Los resultados mostraron que el registro se efectuó con calidad y oportunidad; los resultados mostraron que 112.90 millones de registros, el 94.20% del total cumplieron con el criterio de elegibilidad establecido en la normativa de cada programa, y 1.30% es decir 1.6 millones de registros mostraron diferencias, que fueron notificadas a los operadores para su corrección, y del 4.5% restante, lo que representa 5.4 millones de registros, no se dispuso de la información en el sistema.
De la confronta de 59 padrones concurrentes, se comprobó que en el 99.30% de los registros, los pagos se efectuaron conforme a la norma y en el 0.70% se identificaron discrepancias, que fueron notificadas a las entidades para hacer los ajustes procedentes.
Todo este trabajo implicó entre el 01 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023, se interpusieran denuncias por 356 asuntos, en lo que recayeron 328 resoluciones, de las cuales, 207 se determinaron como sancionatorias; 26 fueron absolutorias y 95 se determinaron como improcedentes o incompetencias. En el caso de las resoluciones sancionatorias, en 58 casos se impuso multa y en 149 multa e inhabilitación, que ascendieron a 1,031.20 millones de pesos.
Del 01 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2023, la autoridad recibió 1,421 asuntos y se emitieron 1,429 resoluciones, 933 fueron sancionatorias, en 152 no se determinó sanción y 344 fueron improcedencias e incompetencias. Respecto de las 933 resoluciones sancionatorias, en 239 se impuso multa y en 694 multa e inhabilitación, que ascendieron a 3,961.10 millones de pesos.
Respecto a la impartición de justicia administrativa, en el periodo del 01 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2023 el número de procedimientos de responsabilidad administrativa recibidos fue de 73,780 de los que se concluyeron 69,145; y del 01 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023 se recibieron 19,627 y se concluyeron 15,831.
Respecto a las denuncias ciudadanas, interpuestas en los sistemas informáticos que tratamos en la columna de la semana pasada, en el periodo del 01 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2023, se recibieron 127,031 denuncias y se concluyeron 113,986, que incluyen procesos de denuncias acumuladas, de las cuales 9,563 fueron remitidas a las áreas de responsabilidades para la substanciación de los procedimientos sancionatorios.
En el último año, se recibieron 25,032 denuncias y se concluyeron 30,624, que incluyen procesos de denuncias acumuladas, de estas 1,998 fueron remitidas a las áreas de responsabilidades para la substanciación de los procedimientos sancionatorios. Las conductas que predominaron en las investigaciones fueron: Incumplimiento de disposiciones normativas; incumplimiento de las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas; abuso de funciones y descuido o falta de atención en el cumplimiento de las obligaciones. Hasta aquí, por el tipo de conductas, que tienen que ver más con la idiosincrasia de la persona, pareciera que la corrupción no es solo tolerada por la sociedad, pareciera ser su modo de vida ordinario.
Los órganos sancionadores han recibido 73,082 expedientes de responsabilidad administrativa, de los que 3,811 son por faltas graves y 69,271 por faltas no graves, lo que implica que se han sancionado a 2,411 en 2022, mientras que, en 2023, los sancionados fueron 1,563 personas.
La participación ciudadana en el combate a la corrupción ha llevado a la determinación de diversas conductas ilícitas, pareciera en primera instancia que ello es bueno, no obstante, lo correcto, eficiente y esperado, es que la acción de fiscalización sea la que ofrezca resultados.
Estas acciones han derivado en denuncias penales las que, en el periodo de diciembre de 2018 a junio de 2023, se presentaron 834, por hechos probablemente constitutivos de los delitos asociados a enriquecimiento ilícito, uso indebido de funciones, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, fraude, peculado, falsificación de documentos, uso de documento falso, operaciones inexistentes, entre otros.
De septiembre de 2022 a junio de 2023, se presentaron 46 denuncias penales por presuntos delitos cometidos servidores públicos, 41 fueron por enriquecimiento ilícito, 3 por uso indebido de atribuciones y facultades, uno por peculado y uno por delitos contra la administración de justicia.
Por lo que respecta a los Órganos Internos de Control, se presentaron 15 denuncias por presuntos delitos de abuso de autoridad, peculado, falsificación de documentos, falsedad de declaración, usurpación de profesión, entre otros.
Durante el actual gobierno, han sido resueltas 170 carpetas de investigación y averiguaciones previas; 15 fueron judicializadas y 155 resueltas como “no ejercicio de la acción penal”, es decir después de realizar los procesos de fiscalización, supervisión y denuncia, no se configuraron los delitos.
Respecto de sanción a proveedores se logró el reconocimiento de validez de 26 sanciones de inhabilitación y la imputación para reintegro de 17.20 millones de pesos; mientras que, en materia de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, se evitó el pago de 1,527.30 millones de pesos, al acreditar la inexistencia de irregularidades en juicios promovidos por particulares que reclamaron el pago de daños.
Como se puede observar, la cantidad de trabajo respecto al Control Interno Institucional realizado a partir de la actividad del poder ejecutivo es muy basto, dicha actividad hace evidente él porqué diversos proyectos de gobierno, entiéndanse obras, adquisiciones, acciones y/o programas que se supone debieron fracasar, terminaron dando resultado, ya que se cumplió de manera muy amplia con la facultad de corrección, es decir si queda claro que diversas actividades, inició su implementación sin la atención debida, lo que implicó incurrir en altos costos económicos derivados de la ineficiencia, pero en el transcursos la actividad de fiscalización, llevó a corregirlos; en este mismo orden de ideas, de acuerdo a los números, las conductas detectadas han sido muchas, en contraste con los señalados como responsables, los que ya no parecen ser tantos.
Será necesario para una correcta valoración de la situación, analizar la calidad de las resoluciones y sentencias que han recaído en los juicios y procedimientos en cada uno de estos casos de corrupción, con dos fines, el primera determinar si el sistema de fiscalización es suficiente y eficiente, segundo si dicho sistema inhibe la comisión de conductas corruptas, lo que pareciera que no se consigue, dada la cantidad de notas que al respecto diariamente se difunden en los medios de comunicación, no obstante se revelan dos cosas, la necesidad de un sistema de control que permita sancionar la idoneidad de los proyectos antes de su ejecución, para que se garantice su eficiencia y evitar el corregir y que no se base y supedite en la denuncia como es evidente que ocurre actualmente, ya que pareciera que si no existe esa denuncia, no habría otra forma de detectar la conducta.
Lo que hoy se tiene es necesario perfeccionarlo y hacerlo mucho más eficiente, cuyos resultados sean claros y de conocimiento de la gente, no solo de académicos e investigadores ¿Quién dice “yo le entro” ?, tarea ardua ante un evidente esquema tolerado y acostumbrado, sino por toda, si por una parte de la sociedad.
