El Hijo del Camionero

“Crónica de una calamidad anunciada”

 

Por: Dr. Mario Rodolfo Cid de León Carraro
Presidente de la Junta de Enlace Ciudadano, para el Análisis de Temas Económicos y Sociales de México y Nezahualcóyotl

 

@MRODOLFO_CID

 

Han pasado los años y nuestro México sigue viviendo situaciones graves, donde una sociedad dividida, se confronta en perjuicio de la nación, donde la falta de una instrucción publica adecuada a lo largo de la ultima centuria, tiene a la gente sin las herramientas necesarias para ejercer la democracia como lo que es un medio, donde votar es uno de los elementos que la conforman, más no lo es todo.

 

En el proceso democrática, la gente debe tener en claro, que el elegir un presidente, un gobernador, un senador, un diputado federal, un diputado lo cal y un ayuntamiento, está eligiendo a una persona, que en función de un programa entre otras cosas, fungirá como nuestro representante, es decir, le delegamos nuestra representación, nunca nuestro criterio y mucho menos les designamos como tutores; el nivel de exigencia debe ser aun mayor, para lograr aquella máxima de que “el poder radica en el pueblo”.

 

La historia en nuestro país es contundente desde su propia independencia, si un poder de la Unión tiene que ser vuelto a pensar y rediseñar es el poder legislativo, ya que desde este, en vez de procurar la representación legitima de la sociedad y establecer las leyes que generen una realidad favorable para la sociedad, hacen todo lo contrario y los ejemplos sobran, entre ellos la del pasado Domingo, tras el fracaso de la elección judicial, como expresión visible de un cambio de la manera de elegir a los juzgadores, contraria a la naturaleza de la propia constitución, lo que genera un nuevo evento, la contra constitucionalidad, situación que era obligación de los congresistas evitar, pero no fue así, y que era obligación de la sociedad de exigir, lo que en mayoría no ocurrió.

 

México tiene un problema político moral demasiado grave, el 75% de la población estaba a favor de la elección directa de juzgadores, bajo el argumento principal de combatir la corrupción, opinión que respetuosamente resulta absurda, cuando solo el 10% de los encuetados, manifiestan tener que haber concurrido a un tribunal. El 75% de la población encuestada, manifestó querer elegir juzgadores, por no estar de acuerdo con una presunta corrupción que ni les consta, pero menos del 20% acudió a las urnas, ello por si mismo habla de una situación políticamente inmoral, de una parte, de la sociedad.

 

se tiene que resolver un problema tan antiguo como grave; sin agraviar a nadie, presento el siguiente ejemplo: cuando Jesús, fue sujeto de juicio ante poncio Pilato, el procurador se dirigió a la multitud y le preguntó “¿a quién les libero?”, la gente mayoritariamente contestó “libera a barrabas”, acto seguido el procurador volvió a preguntar “¿y qué hago con este Jesús?, a lo que respondieron “crucifícale”, el resto de la historia es conocida, se ejecutó a un inocente por determinación de una mayoría consultada, es decir, la toma de decisiones por muy democrática que sean, no significa que sean correctas o no las convierte en correctas; lo mismo ha ocurrido con la reforma judicial, aunque la haya avalado una mayoría, simplemente no es, ni fue correcta y mucho menos funcional en su parte electiva.

 

Ha sido una ardua lucha, buscar la eficiencia en el Poder Judicial, ya sea federal o a nivel de los estados, en los que el consenso constitucionalista, tanto nacional como internacional, establece que el designar juzgadores a través del voto popular directo, no es lo adecuado, el ejemplo mismo se tiene en Estados Unidos, en donde, desde hace por lo menos 4 décadas, se busca dejar atrás el sistema de voto directo.

 

La primera lección que ha dejado este proceso, que es totalmente irrealizable una campaña electoral para elegir juzgadores, ya que no se tiene nada que ofrecer más allá, de la justicia rápida y expedita, que no haya corrupción y no al nepotismo, a parte de que los candidatos, si quedan expuestos a ser capturados por el crimen o por poderes facticos, al igual como ocurre en Estados Unidos, donde la soberanía del tercer poder ha quedado, en el entredicho.

 

La primera reforma de relevancia del poder judicial en la época moderna fue durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la que buscó institucionalizar aquel poder, revocando el carácter vitalicio del nombramiento de los ministros, quedando el gran pendiente que es la materia de investigación e integración de los delitos, o conductas, que es la materia de juicio, lo que de fondo el oficialismo actual, no esta haciendo nada para resolver.

 

En la tradición constitucional internacional, los juzgadores no se eligen por voto popular con el objeto de que sus determinaciones no se contaminen por situaciones políticas, al no deber el empleo a nadie y tampoco se vean sujetos a la presión del poder económico, por eso, desde aquella reforma del periodo de Zedillo, para designar a  jueces y magistrados federales, se partía de la presentación técnica de un examen que duraba hasta 5 horas, se presentaba la resolución de un caso práctico y una entrevista; hoy quedó sujeto a la arbitrariedad de comisiones, que en el caso del poder legislativo, sus integrantes presumiblemente tenían un perfil menor a aquellos que estaban evaluando.

 

La justicia local, tampoco esta siendo reparada, lo que deja claro que el fondo de las reformas, fue cesar a los juzgadores que se encontraban en funciones, para lo que se montó toda una estructura discursiva, que por si misma no justifica la elección directa de juzgadores y someterlos al peligro que a ello conlleva, por ejemplo, los salarios que presuntamente percibían los jueces y magistrados, pregonados en foros públicos, no se correspondían a los expuestos en documentos oficiales, en estos últimos, los montos son menores.

 

Los argumentos con las que se justificó elegir a los juzgadores por voto universal directo se basaron en supuestos esquemas de corrupción e “impuestos a dedazo”, lo que por si mismo resultan falsos, porque entonces tanto el ejecutivo como el legislativo, tendrán que explicar, porque entonces, invitaron a muchos jueces a quedarse, es más, hasta los postularon.

 

Desde el poder ejecutivo, se justificó el accionar contra jueces y magistrados, bajo el alegato de que antes no se generaban tantas sentencias contra el gobierno; cabe señalar que el derecho al amparo, consiste en que la Justicia de la Unión protege al gobernado del gobernante, independientemente al poder de la unión a que este pertenezca, por lo que el sujeto de sentencia, por definición, siempre es el gobierno, por lo que el judicial, nunca ha estado haciendo nada fuera de contexto, por otra parte, la mala integración de las carpetas de investigación, da a lugar a suspender juicios, y la investigación no es facultad de los tribunales, sino de los ministerios públicos, que en tiempos recientes, dependían de los poderes ejecutivos y hoy aunque son autónomos, se siguen involucrando los ejecutivos.

 

Otra situación que es una realidad imperante, y que da origen a que tanta sentencia de amparo contra gobiernos y ello se debe a nunca, se habían atropellado como ahora, las formas legales y los principios de derecho, por lo que un juez electo por voto popular y a manera de no disgustarse con quienes lo eligieron, negará protección a aquellos que la demanden, ante negativa al otorgamiento de pensiones, sobre temas de salud, o contra disposiciones administrativas.

 

Por lo expuesto, aquella máxima de que el juzgador, exclusivamente se debe al imperio de la ley, tiene por objeto garantizar su independencia en la toma de decisiones, por lo que resulta forzoso recordar, que era el senado de la república, quien elegia a los juzgadores federales, en función de ciertos procedimientos, luego entonces, son elector por la gente, a través de los representantes legalmente electos, por lo que si hay fallas, ello quiere decir que existe ineficiencia en el legislativo, una razón más para revisar y reparar dicho poder.

 

La reforma judicial, contempló otros aspectos, más allá de la elección de juzgadores, lo que ni remotamente ha sido analizado por especialista, no obstante, hay que centrarse en la parte sustantiva, que es la elección de juzgadores, método para nada adecuado y que ya enseñó el primer vicio, el generar compromisos con los votantes, fuera de la regla de estrictamente cumplir con la ley.

 

El segundo asunto que ha demostrado la inviabilidad de elegir por voto directo a los juzgadores es la territorialidad en la organización de las estructuras del poder judicial, así como los usuarios de estas. Un ciudadano acude a un Tribunal de la materia que sea, en función del asunto que litigue, combata o defienda y no por el domicilio, en que este vive, lo que en primera instancia desvincula al votante del sujeto a elegir; en este mismo orden de cosas, las vacantes se generan de manera distinta en cada territorio, que de forma general, hace que la elección no sea estandarizada y a la gente, nunca le quede claro por quien botar, además que la estructuración de candidaturas, se hace demasiado complicada, tal y como quedó demostrado.

 

Decidí participar por un asunto de convicción, aunque no estoy de acuerdo con el procedimiento, ya que en primera instancia deja a los electos en manos de los electores y no del imperio de la ley, desoyendo a los que llamaban a no votar sin proponer ninguna alternativa a la omisión, porque un Demócrata Cristiano enfrenta todas las elecciones, aun más, las que se prevén que los resultados, con una copiosa participación, no estarían sujetos a ningún tipo de control aritmético; segundo aspecto, me guste o no, este es un asunto constitucional.

 

Como elector responsable, acudí a cuanto foro de barras de abogados y grupos de abogados independientes me invitaron, haciendo el reconocimiento, que invertí mucho tiempo que me llevó a cancelar actividades profesionales y de familia, lo que por si mismo resulta irracional y de propia naturaleza, hace inviable la elección.

 

En función de la información obtenida, revise perfiles en las paginas del INE y el IEEM, debo reconocer, que la información es muy precisa, pero demasiado basta, así mismo también revisé cuales eran los puestos y cargos a elegir, dándome la tarea de preseleccionar a las personas por las que votaría, lo que me tomó un trabajo diario continuo de una hora, por espacio de 10 días, otra situación que convierte en absurdo este proceso electoral, lo que lo convierte en un absurdo.

 

Quedó demostrado que no es viable la asignación del cargo en elección abierta. el grado de complejidad requiere mucho tiempo y un alto grado cognoscitivo, por lo que los electores de menor formación no pueden participar de una forma oportuna y responsable. Al estar esperando depositar mis veletas en la urna, una señora entrada en años, comentó con otra, que había depositado las boletas, sin marcar, a lo que le respondieron que, si no llevaba el acordeón, a lo que respondió que sí, pero a pesar de eso, no entendió.

 

Las candidaturas, resultaron tan complejas, incluso en las locales ofrecían tantos parámetros para desagregar, que resultó más fácil, descargar las listas generales, para preseleccionar a los candidatos. En este orden de idea, la propia naturaleza de cargos en los ejecutivos y legislativos, obliga a que sean electos por voto popular directo, simplemente porque proponen leyes o hacen las leyes; mientras que el poder judicial, al no proponer ni hacer leyes, convierte en un abierto sin sentido, que sus cargos, se elijan por voto directo y popular, ya que por si mismos, no tienen la capacidad de ofrecer nada y si llegasen a tener algo que ofrecer fuera de cumplir con el propio trabajo ¡cuidado!

 

Destaco nuevamente, que si se propusieron candidatos que actualmente están en funciones, luego entonces se contradicen las acusaciones de corrupción, además en el caso de magistrados y jueces, tanto federales como locales, en las paginas de los organismos electorales, se desagregaban por circuito o distrito judicial y en ningún lado en esas páginas, encontré en que circuito o distrito, esta encuadrado el Municipio en que habito, eso lo tuve que consultar por otra parte, por lo que ofrezco una disculpa, por el juicio de valor, que emito a continuación, sin buscar ofender, esto no lo hace un votante promedio, simplemente al no poder ubicar a los candidatos, abandona el ejercicio, otra circunstancia que califica de no ejecutable este proceso.

 

Debo reconocer, que ignoro si esto estaba permitido o no, pero llegué a detectar a un candidato, registrado en dos juzgados de materia distinta, o lo que me resulta más seguro, que tuvo doble registro, por un error de organización.

 

En mi caso recibí 10 boletas, 6 para instancias federales y 4 para instancias locales: la información para elegir ministros de la suprema corte de justicia, y su empatía con la boleta, puede considerase adecuada, lo que no ocurrió con los candidatos al tribunal de diciplina judicial, ya que de la lectura de las indicaciones, se entiende la elección de 15 candidatos, cuando en la boleta, solamente eran tres; lo contrario ocurrió con los magistrados de circuitos, que se entendía que eran 4, cuando el realidad eran 6; en cuanto a los juzgados, de la lectura se comprendían que eran 4 materias, resultando que eran 5 en boleta.

 

En las locales, la información para elegir al presidente del Tribunal Superior del Estado era suficiente y la boleta consonante, pero el elegir este cargo, resulta un despropósito y un verdadero exceso, por lo que exijo, se nos otorgue el derecho a elegir por voto directo y popular, al presidente del legislativo y uno por uno a los secretarios de gobierno, con la correspondiente replica a nivel federal.

 

Situaciones similares ocurrieron con los Magistrados Locales, pero lo que marcó una diferencia sustantiva, fueron los jueces, la información en la pagina legal, no tuvo empatía con lo que había que elegir y con la boleta, por lo que fue en vano lo estudiado, tuve que determinar sobre la marcha.

 

En resumen, el proceso a nivel organizacional fue excesivamente complejo, con errores de diseño, que se han señalado, esta fuera del alcance de la mayoría de los electores, además de que no se invirtió en su implementación, los recursos presupuestales necesarios para algo de esta envergadura.

 

Hay cosas que me quedan claras y no me voy a prestar a falsos ataques como de los proferidos por parte de aquellos que llamaban a no votar; el que no se contaran las boletas en el centro de votación como ocurre en las elecciones de los otros dos poderes, resulta a que simplemente era imposible tabular semejante complejidad ahí mismo en poco tiempo, si contemplamos una participación de 150 personas, significa que para ministros del supremo, se tienen que tabular 1350 resultados, ya que no se responde a una boleta un voto.

 

Respecto a la inutilización de boletas en campo, bajo el principio de una participación de 150 personas, significaba la cancelación de 13,500 boletas, algo totalmente inusitado e imposible de llevar en campo, que se suman a la lista de defectos que hace inviable esta elección desde el punto de vista organizacional.

 

Es una realidad, los promotores de esta reforma, ganaron a pesor de la participación magra, pero en lo moral, fueron derrotados, ya que una cantidad de participantes a todos aquellos que manifestaron estar de acuerdo con este procedimiento les fue cercana, seguimos teniendo problemas morales, donde una parte mayoritaria de la sociedad opina y decide en función de lo que ni sabe, ni le consta, una mayoría de los que manifestaron estar en favor, jamás han pisado un tribunal.

 

No es ni siquiera pensable volver a celebrar una elección de este tipo, que nadie entiende, en la que a pesar de un posible acuerdo de mayorías, aceptaron participar, que trastoca la naturaleza misma de la protección a la integridad de los impartidores de justicia, indudablemente deben respetarse los resultados, pero también las autoridades responsables, deben aceptar el fracaso y mostrar voluntad política para reparara lo estructuralmente dañado, no se puede cerrar los ojos, ante la prácticamente nula participación, por lo groseramente complejo y contra constitucional del proceso, no se puede cerrar los ojos que ante la complejidad, muchas personas al no saber que hacer, simplemente echaron las boletas sin llenar a la urna, no es posible cerrar los ojos, que ante el factor territorial, es inviable este tipo de procesos.

 

Desde el punto de vista organizacional, por supuesto que es un fracaso, ya que la propia estructura operativa de los tribunales, simplemente los hace inelegibles por voto directo para los titulares y las campañas electorales de los candidatos, dejaron manifiesto qué quedan vulnerables ante el crimen y grupos facticos de poder.

Este proceso electoral, es impropio e inviable, al grado incluso sus propios defensores, no tuvieron la capacidad cognoscitiva para participar de este, dejando evidente que la verdad y lo correcto no son sujetos de elección por muy democrática que sea esta, la verdad siempre será la verdad, aunque la mayoría opine lo contrario.

Por eso desde este espacio y con lealtad democrática, se propone derogar la elección de jueces y magistrados por voto directo, para que prevalezca el criterio de que el juzgador se debe exclusivamente a la ley, por lo que la responsabilidad de la buena ley quedara al auspicio exclusivo de los legislativos, por lo que son sujetos de elección del voto directo.

Se propone reconstruir el servicio judicial profesional de carrera, de manera, que los candidatos a jueces surjan de un proceso escalafonariamente claros y que las vacantes se cubran a través de procesos devaluatoriamente claros, a cargo del poder legislativo en el marco de del control constitucional y que las querellas contra el proceso sean resueltas por los ejecutivos.

En el caso de los Magistrados, debe construirse un perfil muy claro, que parta del proceso de evaluación permanente de los jueces, de manera que cuando existan ausencias en las Salas, estas sean ocupadas por esos jueces en orden de prelación, de mayor a menor calificación.

Los ministros no deben ser ajenos al poder judicial, no pueden surgir de entre propuestos que no formen parte de este, los ministros deben de surgir entre los magistrados federales, que a su vez deben ser sujetos de evaluación periódica y entre los mejor evaluados, el presidente debe escoger perfiles para proponerlos al senado y que este elija, para lo que se deberán suprimir los resquicios de procedimiento, donde se estén presentando nuevas propuestas, en caso de que no exista acuerdo legítimamente fundado.

En este sentido, se debe restituir al poder judicial, todas las funciones de regulación constitucional y de la constitución, que de propia naturaleza le corresponden y que de forma ilegitima le abrogó el legislativo y así mismo, se propone realizar una reforma a fondo del poder legislativo, donde este no asuma facultades del ejecutivo y del judicial, situaciones de las que deshonrosamente da cuenta la historia del nuestro país, desde la convalidación de la pena de muerte contra Don Agustín I, por diputados tamaulipecos hasta la supremacía constitucional, donde el legislativo se puso por encima de la propia constitución y se sustrajo del control constitucional de la propia corte.

Como mexicanos, no podemos permitir, que semejante desastre se repita y contamine el proceso electoral del año 2027, para entonces, dicho proceso electoral, lo debemos celebrar, por lo menos dentro del marco acostumbrado y las designaciones del judicial, deben generarse en el marco propuesto.

Este país, realmente necesita un nuevo poder legislativo o ¿usted qué opina?