•Es urgente ajustar la elección judicial para incrementar el nivel de idoneidad de las personas candidatas, sin perder su vocación democrática.
•Se requiere identificar los mejores esquemas para agilizar el trabajo de los órganos impartidores de justicia.
El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar afirmó que la pasada reforma judicial representó un cambio de paradigma para la impartición de la justicia en México, buscando mayor inclusión y acercamiento a la ciudadanía. Sin embargo, su implementación ha presentado diversos retos que muestran la necesidad de hacer adecuaciones al marco jurídico, tanto a nivel constitucional, como en la legislación secundaria.
“Es un gran logro democrático el hecho de que ahora podamos elegir a las personas juzgadoras. Debemos mantener el voto universal, libre y secreto. Pero al mismo tiempo se requiere asegurar que las candidaturas cumplan con los parámetros de idoneidad necesarios para llevar a cabo con esta importante labor”, mencionó.
Agregó que “actualmente, hay muchos jueces y juezas muy capaces y honestos. Pero en todos los casos se debe garantizar que se cuenta con experiencia y conocimientos necesarios en sus materias, Además, es indispensable asegurar la independencia judicial, tanto de corrientes políticas como de intereses económicos”.
Dentro de los principales cambios propuestos por el legislador, destacan:
1. Realizar la siguiente elección judicial hasta el primer domingo de junio de 2028, considerando que este ejercicio democrático debe ser independiente de la las votaciones para los puestos de representación popular. Lo anterior, también disminuiría el riesgo de asociar las candidaturas judiciales a determinados partidos políticos. Dada la premura de tiempo, este cambio de fecha se incluiría en la reforma electoral que será presentada los próximos días al Congreso de la Unión.
2. Desaparecer los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión, tomando en cuenta que en la pasada elección se evidenciaron muchas dificultades en su organización, como distintos criterios para definir las listas que serían remitidas para la elección.
3. Fortalecer el papel de la Escuela Nacional de Formación Judicial para que realice los procesos de certificación de competencias necesarias y, con ello, asegurar un estándar de actuación entre las personas candidatas que brinde certeza jurídica, independientemente de quien obtenga el triunfo en cada puesto. Lo anterior sustituiría el requisito de revisar las calificaciones escolares para poder participar en los procesos.
4. Reducir el número de candidaturas para cada puesto, considerando las enormes dificultades logísticas que van desde la organización de las elecciones hasta el conteo de los votos y la inversión de tiempo de la ciudadanía en cada proceso, lo que desincentiva la participación.
5. Revisar algunos aspectos del funcionamiento cotidiano del Poder Judicial, como la existencia de las salas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la elección de las presidencias de los órganos judiciales, considerando que el actual esquema de trabajo resulta poco ágil y pone en entredicho la estabilidad de criterios y organización.
Finalmente, el legislador manifestó que estas adecuaciones podrían contribuir a fortalecer el Estado de Derecho en México: “Una mayor confianza en las instituciones juzgadoras genera un ambiente propicio para la protección de los derechos de la ciudadanía, la reducción de los conflictos sociales y, eventualmente, el incremento de los niveles de inversión. Un mejor México implica un mejor sistema judicial”, concluyó.
