- El fortalecimiento de la Banca de desarrollo puede ser el medio para incrementar las inversiones en vivienda, campo e infraestructura local
- Es indispensable definir objetivos que permitan movilizar crédito hacia proyectos con impacto social y productivo
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar señaló que, aunque se ha avanzado en el diálogo sobre inversiones mixtas, la banca de desarrollo presenta áreas de oportunidad para movilizar recursos hacia vivienda, el sector agropecuario y la infraestructura.
Recordó que, a diferencia de la comercial, la banca de desarrollo tiene como finalidad principal impulsar el desarrollo económico de un país, independientemente de las utilidades financieras que pudiese obtener. En este sentido, Nacional Financiera (Nafín), el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)) tienen mandatos precisos: financiar a micro, pequeñas y medianas empresas, al comercio exterior y a la infraestructura subnacional, respectivamente. Su función es asumir riesgos que la banca privada no cubre, con criterios de rentabilidad ajustada por riesgo y objetivo de rentabilidad financiera y social simultáneos.
En los últimos años la cartera de la banca de desarrollo prácticamente no ha crecido en términos reales; sin embargo, el Estado puede reformar sus instrumentos para que estas instituciones desplieguen respuestas contracíclicas ágiles cuando la economía desacelera.
Al respecto, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar señaló que, si bien la banca de desarrollo cumple un papel estratégico, enfrenta dos retos que conviene corregir: evitar que su actividad sustituya innecesariamente al crédito comercial en lugar de complementarlo, y disminuir la proporción de cartera invertida en títulos gubernamentales para canalizar más financiamiento a la economía real.
El diputado propuso, entre otras medidas, lo siguiente:
1. Establecer metas cuantificadas sectoriales (vivienda, agro y obra pública) para la banca de desarrollo 2026-2030.
2. Reorientar carteras hacia vivienda, campo e infraestructura local. Priorizar esquemas mixtos para proyectos de vivienda de interés social, tecnificación y cadenas de valor agropecuarias, y mantenimiento/modernización de infraestructura municipal.
3. Transparencia, evaluación y rendición de cuentas. Implementar métricas públicas de impacto social y financiero por proyecto y realizar auditorías independientes periódicas.
La banca de desarrollo representa más del 11% del sistema financiero mexicano. Al cierre de 2025 acumuló activos por más de 3.1 billones de pesos (equivalentes a 8.9% del PIB) y registró utilidades por 58.6 mil millones, con indicadores que apuntan a solvencia y buena gestión (ICAP 28.5%, IMOR 1.9% e ICOR 278.6%.
En 2025 las instituciones del sector colocaron más de 870 mil millones de pesos en crédito directo al sector privado y, considerando garantías, alcanzaron una colocación total de 1.149 billones; el saldo combinado de crédito directo e impulsado al sector privado llegó a 1.878 billones, beneficiando a 914 mil personas y empresas.
Finalmente, el diputado indicó que estos resultados confirman que la banca pública dispone de capacidad financiera para articular recursos públicos y privados y activar proyectos donde el crédito comercial no llega; ahora corresponde orientar esa fortaleza hacia vivienda, modernización del campo e infraestructura subnacional, mediante mandatos y esquemas que prioricen adicionalidad, apalancamiento privado y transparencia para traducir solvencia en crecimiento con bienestar.
