El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar sostuvo que la discusión sobre la explotación de yacimientos no convencionales en México debe abordarse desde una visión técnica, socioeconómica y de sustentabilidad que privilegie el bienestar y la seguridad energética del país. Subrayó que, frente a la volatilidad internacional, es imprescindible contar con reglas claras que permitan aprovechar oportunidades económicas sin comprometer los recursos naturales ni a las comunidades.
El legislador explicó que, con un marco fiscal y de inversión adecuado, la explotación responsable puede convertirse en una fuente relevante de ingresos públicos y en un detonador de cadenas productivas locales —con impacto en la construcción, servicios especializados, transporte y manufactura—.
Estudios técnicos estiman una contribución potencial del orden de 53,000 millones de pesos anuales por derechos, impuestos y actividad asociada; sin embargo, esa cifra sólo se concretará si se garantizan regímenes que prioricen la redistribución local y regional y si se acompaña la actividad con inversión en infraestructura de transporte y almacenamiento, plantas de tratamiento y el fortalecimiento institucional para la supervisión y gestión ambiental.
Ramírez Cuéllar señaló que, para que la explotación de yacimientos no convencionales sea viable, es imprescindible cubrir un conjunto de condiciones técnicas, institucionales y fiscales que garanticen seguridad operativa, protección ambiental y beneficios regionales.
En este sentido, el diputado planteó que deben cumplirse los siguientes puntos:
1. Marco normativo integral: aprobación de una ley sectorial que fije permisos, criterios técnicos, límites operativos, obligaciones ambientales y sanciones efectivas, con la intervención obligatoria de las autoridades de medio ambiente y agua.
2. Requisitos operativos y técnicos: exigencia de peritajes independientes, sistemas de integridad de pozo, planes de manejo de químicos, plantas de tratamiento y protocolos de reciclaje de fluidos antes de otorgar permisos.
3. Protección hídrica y manejo de residuos: planes vinculantes de uso eficiente, reciclaje y reúso del agua, gestión certificada de lodos y disposición final controlada, junto con monitoreo permanente de cuerpos de agua y aire.
4. Gobernanza y transparencia: comités de vigilancia local, auditorías ambientales independientes, publicación en tiempo real de datos operativos y financieros, y un sistema de inspección con potestad sancionadora.
5. Distribución justa de beneficios: creación de un fondo regional que canalice parte de los ingresos a infraestructura local, capacitación y programas de empleo; cláusulas contractuales que exijan contenido local, formación técnica y transferencia tecnológica.
Alfonso Ramírez Cuéllar afirmó que México no puede renunciar a su soberanía sobre los recursos ni a la protección del medio ambiente. Abogó por una política pública que combine prudencia técnica, fortalecimiento institucional y justicia económica: “La exploración puede ser una oportunidad si y solo si se acompasa con responsabilidad ambiental, transparencia y reparto real de beneficios para las comunidades”.
La explotación de yacimientos no convencionales debe ser objeto de una decisión pública informada y regulada. El reto es construir un marco que convierta la posibilidad de recursos adicionales en una palanca de desarrollo regional, empleo y bienestar, sin sacrificar la integridad de los ecosistemas ni los derechos de las comunidades. El diputado reiteró la necesidad de generar un diálogo técnico y político amplio para articular la ley y las medidas necesarias que garanticen desarrollo con sustentabilidad y justicia social.
