La colectiva #HoySomosTodoPorMiguel, bajo el lema “No fue coincidencia, fue negligencia”, exigió hoy afuera de las Salas de Oralidad de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX: justicia plena, responsabilidad penal y cambios estructurales en la regulación sobre los eventos masivos tras la muerte de Miguel Ángel Rojas Hernández, fotoperiodista que cubrían el festival AXE Ceremonia sin contrato, sin prestaciones, ni condiciones adecuadas de seguridad. El accidente, ocurrió el pasado 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario, CDMX, su muerte fue causada por el desplome de una grúa/montaje que aplastó fatalmente a estos jóvenes.
Su exigencia:
- Procesar a los responsables: empresas y organizadores que ya están imputadas con pruebas concretas, puesto que no todas las empresas involucradas en el evento son responsables y no se debe continuar dilatando la justicia.
- Sanciones ejemplares, que contribuyan a la no repetición de estos actos en otros festivales de música masivos.
- Generar precedentes judiciales que contribuyan para resolver casos futuros similares, asegurando que los tribunales apliquen los mismos criterios a situaciones análogas, lo cual brinda certeza a los ciudadanos sobre posibles respuestas a sus problemas legales.
- Una revisión y regulación profunda de las condiciones laborales de periodistas, fotoperiodistas y personas que trabajan en conciertos; que se garantice empleo formal, prestaciones sociales, contratos justos, seguro de riesgos de trabajo y protocolos de seguridad. Que no suceda que quienes documentan y hacen posible la cultura y el arte lo hagan en condiciones precarias y riesgosas. Que la reparación del daño sea integral y ejemplar, y que ello contribuya a la no repetición de negligencias en los festivales masivos de música.
- Regulación clara y aplicación efectiva de protocolos de seguridad en festivales. Construcción, montaje de estructuras, control de viento/meteorología, responsabilidad técnica, supervisión de autoridades gubernamentales antes, durante y después del evento.
- La familia de Miguel busca que se marque un precedente contundente para que estas tragedias no se repiten, ya que actualmente ocurren en total impunidad.
México ha sido escenario de múltiples tragedias en festivales de música y conciertos: estampidas, colapsos de estructuras, muertes de asistentes y lesiones graves. Un ejemplo reciente es el Festival Cultural Nezahualcóyotl, realizado en Texcoco en diciembre de 2023, donde una mujer perdió la vida y al menos 22 personas resultaron heridas durante una estampida humana al intentar ingresar al evento. A pesar de este historial, hace unos días los organizadores del festival Nestlé Vaivén difundieron una comunicación en la que, de manera impune, deslindan de toda responsabilidad a la empresa, atribuyendo a los asistentes cualquier consecuencia derivada del uso de su imagen, así como de accidentes o situaciones que pongan en riesgo su integridad e incluso su vida durante el evento.
En México no existe un solo caso en el que una empresa organizadora de festivales haya sido formalmente imputada ante un juez penal. Mucho menos, se tiene registro de alguna sentencia condenatoria en su contra. En la mayoría de los casos, las familias de las víctimas se ven presionadas por las empresas a aceptar acuerdos económicos o compensaciones, sin que ello conlleve cambios en las condiciones estructurales que siguen poniendo en riesgo a miles de personas en el país, en particular a jóvenes y a trabajadores que participan en este tipo de eventos.
En lo laboral, las cifras revelan una grave precariedad para quienes ejercen como fotógrafos, periodistas o colaboradores de estos eventos: en el primer trimestre de 2025, la informalidad laboral entre fotógrafos alcanzó aproximadamente 71%. Para periodistas y redactores, el salario promedio mensual fue de 8,060 pesos, trabajando alrededor de 37.1 horas semanales
