Al cierre del primer semestre del año y, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la extorsión se mantiene como el
principal delito al alza en México, En los seis primeros meses de 2026 se registraron 6 mil
562 víctimas, un incremento de 9.17% frente al mismo periodo de 2025, lo que representa
la cifra más alta para un primer semestre en los últimos 11 años.
La dimensión real del problema es aún mayor. Según el INEGI, 97% de los casos de
extorsión no se denuncia ni se registra, por lo que las cifras oficiales representan apenas
una pequeña fracción del fenómeno.
Ante este escenario, el Monitor de Seguridad de COPARMEX da seguimiento a la
incidencia delictiva nacional, estatal y municipal para analizar su impacto en empresas y
ciudadanía. Estos resultados confirman la urgencia de fortalecer la estrategia contra la
extorsión, que continúa creciendo y adoptando nuevas modalidades. Por ello, reiteramos
la necesidad de aplicar efectivamente la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar
los Delitos en Materia de Extorsión.
Evolución de la extorsión en México
De enero a junio de 2026 la extorsión aumentó en 551 víctimas, frente al mismo periodo
de 2025. El incremento se extiende por todo el país: 19 entidades registraron un aumento
entre enero-junio de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, y 12 alcanzaron
su máximo histórico de víctimas en los últimos 11 años.
Las mayores variaciones anuales se registraron en Chihuahua (+2,325%, de 4 a 97
víctimas), Zacatecas (+551.4%, de 35 a 228), Yucatán (+400%, de 1 a 5) y Tabasco
(+184.2%, de 82 a 233). Por tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, las entidades
con mayores registros fueron Morelos (18.8), Querétaro (15.5), Zacatecas (13.2), Ciudad
de México (12.7) y Baja California Sur (12.4).
La concentración territorial también es significativa. 10 de los 20 municipios con mayor
tasa se ubican en sólo 2 entidades: Guanajuato, con 5 municipios, y Ciudad de México,
con 5 alcaldías. El municipio con la tasa más alta del país es Cuautla, Morelos, con 61.1
víctimas por cada 100 mil habitantes.
Nuevas modalidades de extorsión
En el acumulado del semestre, de acuerdo con la nueva metodología “Registro Nacional
de Incidencia Delictiva”, 7 de cada 10 extorsiones son a distancia, mediante internet,
redes sociales o teléfono, mientras que 2 de cada 10 son presenciales y el resto
corresponde a tentativas. Además, 13 entidades superan el promedio nacional de 14% en
tentativas, entre ellas Campeche, Aguascalientes y Tabasco, lo que también refleja
diferencias en la adopción del nuevo criterio de registro.
Durante el primer semestre de 2026, la extorsión fue el único delito que va al alza. En
contraste, los demás delitos registraron disminuciones: asesinato (-29.6%), homicidio
doloso (-30.1%), feminicidio (-10.7%), secuestro (-25.3%), robo a negocio (-7.3%), robo a
transportista (-19.4%) y robo de vehículo (-16.9%).
Índice de Extorsión COPARMEX
COPARMEX desarrolló el Índice de Extorsión COPARMEX (IEC), que combina tres
variables: magnitud del delito, con datos del SESNSP y un peso de 0.50; cifra oculta y
percepción de inseguridad, con información del INEGI y un peso de 0.25 cada una.
El IEC muestra que 14 entidades tienen un IEC mayor que el promedio Nacional (49.7%).
Guerrero da el salto más pronunciado del ranking, del lugar 11 al 5, y se instala en el top 5
nacional. Sinaloa (22 al 17) y Michoacán (16 al 13) también suben posiciones. En contraste,
Tlaxcala (17 al 23), Baja California (7 al 12) y Jalisco (23 al 28) bajan posiciones en el
ranking. Los resultados permiten identificar dónde la extorsión representa una mayor
amenaza y dónde es necesario fortalecer las capacidades institucionales para prevenir,
investigar y sancionar este delito.
Postura COPARMEX
Desde COPARMEX consideramos indispensable pasar del reconocimiento del problema
a la implementación efectiva de las herramientas existentes. El combate a la extorsión
requiere coordinación, capacidades especializadas y mecanismos verificables de
cumplimiento. Por ello exigimos:
• Concluir con la homologación de las legislaciones locales conforme a la Ley
General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
• Crear y garantizar la suficiencia presupuestal para la operación de unidades
especializadas contra la extorsión en las fiscalías locales, como establece el
artículo 13 de la Ley General.
• Seguimiento y acompañamiento de las fiscalías mediante nuestros Centros
Empresariales, identificando progresos y pendientes.
• Instalar inhibidores en los Centros Penitenciarios, conforme al artículo 38 de la Ley
General, para impedir comunicaciones desde estos espacios.
• Verificar la implementación de estas medidas mediante nuestros Centros
Empresariales, una vez concluidos los plazos establecidos.
Necesitamos instituciones capaces de responder con eficacia y una aplicación efectiva
de la ley. De ello dependen la seguridad de las personas, la continuidad de las empresas
y la confianza para invertir.
