“El Hijo del Camionero”

“La metodología genera los datos que no expresa la realidad”

Por: Dr. Mario Rodolfo Cid de León Carraro

Presidente de la Junta de Enlace Ciudadano, para el

Análisis de Temas Económicos y Sociales de

México y Nezahualcóyotl

@MRODOLFO_CID

Hoy se cumplen dos años de la primera publicación de “El Hijo del Camionero”, en esta excelente plataforma, por lo que sigo agradeciendo la confianza depositada en este esfuerzo por mi amigo el Maestro Juan Carlos Flores Aquino, director de “Poder Ciudadano.tv”, quien me invitó a escribir, no desde una óptica de la emisión de opinión o de crítica, sino a partir de la divulgación de temas ya sea de gobierno y económicos que impactan e incluso delinean o determinan la vida de cada uno de nosotros.

El objetivo de esta columna es que, a partir de los análisis empíricos correspondientes, las personas conozcan los temas, y a partir de ese conocimiento, se genera la comprensión de su impacto en la sociedad, generando la conciencia de las implicaciones, generándose así una postura crítica, propositiva y de mucho compromiso.

Agradezco a los lectores que amablemente han seguido la Columna, además de tener comunicación con quien escribe estas líneas, solicitando profundizar las ideas, solicitando el tratamiento de temas específicos y lo más importante, en diversas ocasiones manifestando sus ideas, tal es el caso más reciente, Leopoldo Hernández, quien amablemente me expresó la situación particular de que muchos de los análisis se centren en Nezahualcóyotl, ello resulta del trabajo organizado que a partir de la Junta de Enlace Ciudadano, para el Análisis de Temas Económicos y Sociales de México y Nezahualcóyotl, en un compromiso comunitario de progreso; pero los temas no se circunscriben a ese municipio, ya que hay que recordar, tal cual ya se ha expuesto en semanas anteriores, todos los Municipios del país, responden al mismo régimen general constitucional, mientras que en cada estado, todos sus municipios responden al mismo régimen particular, teniendo todos las mismas atribuciones y facultades, las que varían en su priorización y/o ejecución, según el tipo de Municipio.

En la Ciudad de México, ocurre algo similar, en su propio régimen particular, las Alcaldías cuentan también con las mismas atribuciones y sus formas de ejecutarlas, diferenciándose solamente por el tipo de demarcación de que se trate, por ello cuando los temas abordados, no son generales, sino se particularizan en Nezahualcóyotl, se destaca que los tópicos en esos mismos términos, pueden ser aplicados o exigidos para cualquier Municipio, específicamente del Estado de México, por ello el lector, no esta tomando temas que le sean ájenos por el ámbito territorial, por el contrario, le corresponden en la misma orbita del Municipio en que residan.

En este contexto del segundo aniversario de esta Columna, se abordará un tema técnico económico que en la actualidad ocupa diversos espacios: la medición de la pobreza; indudablemente tema que nos concierne a todos los que habitamos en este país; a pesar del discurso político, por lo menos desde hace 30 años, y hasta al día de hoy, la pobreza como fenómeno estadístico, se mida bajo la metodología del modelo neoliberal, el que de ninguna forma ha sido desmantelado, sino por el contrario, se ha reforzado, a partir de un fuerte gasto gubernamental.

Al tratar este asunto, se me hace presente un amigo mío, muy querido, junto conmigo, discípulos del Profesor Manuel Coello Castillo de la Facultad de Economía de la UNAM, del que bajo su mentoría desarrollamos una fuerte postura antineoliberal, muy científica y fundamentada, a partir de la que en lo particular me adherí a la Escuela Neo-keynesiana, desde donde defiendo una verdad inalienable “el estado no tiene porque hacer todo, pero si es responsable de todo” y como el centro político, es la postura realmente solvente para desarrollar el bienestar de la gente, el que no es compatible ni con posturas de izquierda o derecha.

Bajo esta óptica puede establecerse que, en México, la pobreza, está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fun­damentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social; situación en la que sin duda alguna se concuerda, pero donde se entra en controversia, el revisar la pobreza como un fenómeno multidimensional, y no como algo integrado, lo que genera diferencias diametrales en su medición.

La medición de la pobreza en nuestro país ha sido desarrollada, tradicional y ma­yoritariamente, desde una perspectiva unidimensional, donde los ingresos autónomos, provenientes de alguna actividad económica, son el parámetro de aproximación del bienestar económico de la población, a partir del que con cierto método, se establece un nivel de ingresos denominado “línea de pobreza”, es decir el ingreso mínimo indispensable para adquirir una canasta básica de bienes y servicios que permiten la subsistencia. Todos aquellos que queden bajo esa línea, son pobres, señalando que cuando se mide la pobreza bajo esta perspectiva, el fenómeno resulta ser mayor y más profundo que por dimensiones, tal y como ocurre en la actualidad; han intentado desacreditar la metodología, al afirmar que no se incluyen entre otras cosas, los accesos a servicios gubernamentales, como educación o salud, ignorando que estos son inherentes al nivel de ingresos de los agentes económicos y que bajo la lógica de las dimensiones, se estudias como partes separadas, en vez de un todo integrado.

La legislación actual en México sigue considerando que, para la medición de la pobreza, deben tomarse en cuenta los derechos sociales y el bienestar económico, los que, junto con el principio de la libertad individual, en el contexto de organización del Estado, debe valorarse el acceso de toda la población al desarrollo social y humano que la sociedad es capaz de generar, en el marco de que las normas legales presionan hacia una apro­ximación multidimensional de la pobreza.

Se ha afirmado que la medición multidimensional de la pobreza debe tener en cuenta criterios que permitan, de una manera sis­temática, transparente, imparcial y con rigor técnico, solucionar todos los elementos conceptuales y empíricos.

Es aquí donde se puede empezar a observar las distorsiones, al entenderse la pobreza como una serie de carencias definidas en múltiples dominios, como las oportunidades de par­ticipación en las decisiones colectivas, los mecanismos de apropiación de recursos o los derechos que permiten el acceso al capital físico, humano o social, entre otros. Esta situación lleva a considerar que el número de dimensiones están directamente asociados a la forma en que se conciben las condiciones de vida mínimas o aceptables para garantizar un nivel de vida digno para todos y cada uno de los miembros de una sociedad, identificando de esta forma dos grandes enfoques que ana­lizan el carácter multidimensional de la pobreza: el de bienestar y el de derechos.

En el enfoque de bienestar, el objetivo primordial radica en identificar las dimen­siones y condiciones que limitan la libertad de las personas para desarrollarse ple­namente. En éste se supone que cada persona, a partir de sus circunstancias y preferencias, desarrolla el conjunto de capacidades que definen el abanico de op­ciones de vida que puede elegir, si estas opciones no le permiten tener condiciones de vida aceptables dentro de su sociedad, se considera que el individuo es pobre.

Dado lo expuesto, se considera que toda persona debe con­tar con una serie de garantías indispensables para la dignidad humana, las que se convierten en obligaciones para el Estado, el cual deberá generar los mecanismos que permitan, progresiva­mente, el acceso pleno a los derechos humanos. El enfoque de derechos se basa en la premisa de que toda persona debe contar con una serie de garantías indispensables para la dignidad huma­na, que suelen estar incorporadas en el marco normativo de cada sociedad, por lo que la pobreza es “la negación no solo de un derecho en particular o de una categoría de derechos, sino de los derechos humanos en su totalidad” (Despouy, 1996)

Hay que reconocer que la pobreza está directamente asociada a una falla en el ejerci­cio de los derechos sociales, compele a las autoridades responsables a estable­cer prioridades de acción y garantizar su cumplimiento mediante “realizaciones progresivas”, lo que incorpora una dimensión temporal que lleva a establecer prioridades para la asignación de los recursos públicos. Existe un reconocimiento de que la pobreza está vinculada de modo directo a la limitación de las opciones de vida de los individuos y se busca identificar las múltiples privaciones o condiciones de vida que pudieran limitar el ejercicio de las libertades individuales y colectivas.

Es indispensable destacar que se adoptan supuestos específicos para la determinación de las dimensiones relevantes y los criterios para establecer que una persona presenta carencias: mientras que en el enfoque de bienestar se busca identificar las con­diciones de vida que brindan a los individuos las opciones de vida mínimamente aceptables en su sociedad. Lo anterior responde a que el enfoque de derechos brinda una respuesta para determinar las dimensiones relevantes en el estudio de la pobreza, la cual es consistente con el enfoque de bienestar, pues propone condi­ciones que todo individuo debe tener garantizadas para desenvolverse de manera adecuada en su entorno social; un ejemplo es el caso de la educación, ya que representa el conjunto de conocimientos básicos para que un individuo pueda desenvolverse y tomar decisiones informadas sobre su vida.

En el actual gobierno, se generó el debate sobre que instancia, es quien debería medir y evaluar la pobreza, en aquellos años en que se fundo la CONEVAL, se participó de una fuerte discrepancia, ya que en estricto sentido metodológico no era necesario, ya que las actividades de antemano las realizaba y realiza el INEGI, por lo que la tendencia de los resultados que se han dado a conocer, respecto a la disminución de la pobreza, habrían sido idénticos en el contexto anterior, la CONEVAL, ya exponía tendencias al respecto.

Fuera del contexto político y bajo la premisa de que el INEGI, es una entidad de carácter autónoma, por supuesto que, dada su especialidad técnico-operativa, esta en condiciones de encargarse de la evaluación de la política social y de emitir los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza. En este contexto, la medición de la pobreza puede ser concebida como una evaluación global de las políticas de desarrollo social, la cual debería permitir un diagnóstico de las carencias de la población y evaluar, en el mediano y largo plazo, el desempeño de las políticas de superación de la pobreza.

Por estas razones, es necesario que la meto­dología de medición de la pobreza esté sustentada en consideraciones teóricas y conceptuales rigurosas; ajenas a la manipulación técnica y de propaganda política. En esta situación, la multidimensionalidad, se vuelve un fraude, ya que las transferencias que reciben las familias derivadas de los subsidios sociales, de ninguna forma constituyen ingresos autónomos, pero la metodología obliga a incluirlos, por tanto afectan de forma positiva a la dimensión en que clasifiquen y si la persona, se ve favorecida en una sola dimensión, de las 6 en que se fragmenta la pobreza, resulta que ya no es pobre, aquí radica el fraude metodológico del que hemos sido víctimas, los últimos 25 años.

La instancia encargada de medir y evaluar la pobreza (INEGI), también debe documentar los supuestos que la fundamentan; y que sea sencilla, fácil de comunicar, estadísticamente robusta y fácil de replicar. Más aún, es necesario que permita la elaboración de diagnósticos que den cuenta de la magnitud, las tendencias y las características del fenómeno y favorezca la eva­luación de las políticas en curso y el diseño de nuevas políticas o programas.

En este orden de ideas, ya que solo cambia la entidad y no la metodología, el INEGI desempeña las mismas actividades que desempeñó el CONEVAL, siendo estas en el marco del establecimiento de los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, bajo los siguientes lineamientos metodológicos:

• Cumplir con los ordenamientos de la ley y las demás disposiciones norma­tivas aplicables.
• Generar resultados que permitan identificar a la población en situación de pobreza.
• Incorporar indicadores pertinentes.
• Permitir conocer la contribución de las entidades federativas y los municipios a la pobreza nacional.
• Identificar la contribución de cada dimensión a la pobreza.
• Desagregar para distintos grupos de la población.
• Realizar mediciones comparables a lo largo del tiempo.
• Ser aplicable a partir de la propia información generada.
• Brindar un marco analítico apropiado para analizar las carencias de la po­blación e identificar las regiones y grupos sociales con mayores carencias.

Estos criterios pretenden establecer una conexión entre las consideraciones teóricas y técnicas que sustentan la metodología y el contexto institucional y normativo en el que se enmarca, a fin de asegurar que las mediciones multidimensionales de pobreza brinden información, según valiosa para responder a las distintas necesidades de la población, de la sociedad civil y de las instancias de los gobiernos federal, estatal y municipal.

En función de los desarrollos recientes en materia de medición multidimensional de la pobreza, y como la concibe el Estado mexicano debe analizar la situación social de la población a partir de tres espacios: el bienestar económico, los derechos sociales y el contex­to territorial. El concepto y la definición de pobreza utilizada en esta metodología pretende según los tecnócratas del actual gobierno, abarcar los espacios del bienestar económico y de los derechos sociales.

Dado que cada uno de los dos espacios que definen la pobreza brinda un diag­nóstico de las limitaciones y restricciones que enfrentan las personas, se establecen criterios diferenciados para definir la presencia o ausencia de carencias en cada uno de ellos. En el espacio del bienestar se especifica una cantidad mínima de recursos monetarios requeridos para satisfacer las necesidades básicas de las personas; mientras que, en el espacio de los derechos sociales, al ser éstos elementos universales, interdependientes e indivisibles, se consi­dera que una persona está imposibilitada para ejercer uno o más derechos cuando presenta carencia en al menos uno de los seis indicadores existentes: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la se­guridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad y es aquí donde los subsidios sociales, y su valoración, distorsionan el resultado de los indicadores, mitigando u ocultando resultados malos, es más, propicia que esos resultados malos, se presenten artificialmente como muy buenos.

Es entonces que la propuesta oficial, bajo esta metodología, determina que la pobreza multidimensional es: “Cuando una persona se encuentra no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades”.

La identificación de la población en situación de pobreza se realiza en dos eta­pas: en la primera se determina si los ingresos de una persona son insuficientes para la satisfacción de sus necesidades y si presenta carencias en cada uno de los seis indicadores señalados al final de la sección anterior; en la segunda se combinan los indicadores generados en la etapa previa, a fin de reconocer a la población en situación de pobreza multidimensional, por lo que aritméticamente se diluye el resultado de la medición.

Otros factores que influyen en generar tendencias falsas en la medición de la pobreza son la afiliación a la Seguridad Social de empleos como los generados en plataformas de comercio y servicios electrónicos, así como el trabajo doméstico, los que mantienen su misma remuneración, su baja capacidad de desarrollo personal, pero al tener la mencionada Seguridad Social, califican de mejor calidad.

La medición de la pobreza con carácter multidimensional acota el fenómeno y considera como gente NO pobre a aquellos que serían considerados como tales si el evento fuese revisado de manera integral, por lo que podemos concluir que también en esto hay usos políticos, se anuncia que mucha gente estadísticamente ya no es pobre, aunque en la realidad lo sea.

Si se utilizan metodologías como las usadas por la Iglesia Católica, podríamos constatar que, en México, la mitad de la población sigue siendo pobre y la denominada clase media, no excede el 25% de la población, pero este es tema de una Columna posterior; mientras tanto, usted ¿Qué opina?