El Diputado Mario Sánchez, integrante de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México advierte que la fuga del interno Marvin Didier Barrientos Flores del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente no fue un “incidente aislado”, sino la evidencia de fallas estructurales en la cadena de mando y en la seguridad penitenciaria.
“Saludamos la recaptura del evadido en Magdalena Contreras, pero subrayamos que el problema de fondo sigue abierto”.
Hechos verificados.
• La fuga se detectó la noche del 23 de septiembre, durante el pase de lista; el interno estaba procesado por tentativa de homicidio.
• La FGJ-CDMX investiga al director del penal, César Iván Pilares Viloria, y a custodios de turno.
• La SSC informó la reaprehensión del evadido menos de 24 horas después.
Nuestra postura.
1. Exigimos la separación inmediata del cargo del director y del personal de custodia involucrado mientras dura la investigación, y que se hagan públicos los criterios para el relevo.
2. 72 horas para un informe técnico con: cronología minuto a minuto, fallas específicas de control, estado real del perímetro (altura de bardas, luminarias, cámaras, puntos ciegos) y decisiones de mando adoptadas.
3. Auditoría perimetral externa (Academia/OSC) y pruebas de estrés trimestrales: si un interno puede “leer” el penal como para evadirlo, el riesgo es sistémico.
4. Protocolos y controles reforzados: pases de lista aleatorios, redistribución temporal de internos de mayor riesgo, y evaluación pública de incidentes/intentonas de evasión.
5. Transparencia de posibles conflictos de interés: solicitamos a SSC y FGJ-CDMX informar si existealgún vínculo de parentesco, subordinación jerárquica o relación de interés entre mandos penitenciarios y altos cargos de procuración de justicia—incluyendo a titulares y ex titulares como José Gerardo Huerta Alcalá (Fiscal Anticorrupción) y Ernestina Godoy (hoy Consejera Jurídica federal). En caso de existir, exigimos excusas y mecanismos de resguardo de la investigación.
Lo que revela este caso.
• Un sistema que detecta la ausencia a posteriori y no previene la evasión necesita rediseño operativo, no sólo castigos ejemplares.
• Si hay redes de lealtad o interferencias políticas que contaminen mandos penitenciarios, eso quiebra la confianza pública y vulnera el Estado de derecho.
• La respuesta institucional no puede ser narrativa; debe ser verificable y auditada.
Acciones parlamentarias inmediatas.
• Presentaremos un Punto de Acuerdo con los cinco compromisos anteriores y un plazo de 72 horas para el informe técnico; en 15 días deberá entregarse la auditoría perimetral y, en 30 días, un plan de mitigación con presupuesto, metas y responsables.
• Solicitaremos a la Contraloría y al Órgano Interno de Control abrir expedientes de posible conflicto de interés y publicar declaraciones de intereses y rotación de mandos del Sistema Penitenciario de los últimos 24 meses.
• Citaremos a comparecer a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y a la FGJ-CDMX para desahogar las líneas de responsabilidad desde el primer mando hasta el último supervisor.
