No hay peor tiranía que la que se ejerce
a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia
Montesquieu
Introducción
La autonomía de los Poderes de la Unión es la piedra angular sobre la que se sustenta la democracia de cualquier país; sin embargo, lo que sucede actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nos obliga a realizar una reflexión de fondo.
Es bien sabido que los cambios profundos, iniciados como consecuencia de la transición política en nuestro país, generaron tensiones y puntos de vista encontrados entre quienes abanderamos esta nueva forma de entender la vida pública y los que se beneficiaban del statu quo que hoy estamos modificando.
Como ejemplo de tales pugnas (normales hasta cierto punto, frente a cualquier proceso de transición) tenemos las presiones externas ejercidas por parte de grupos de interés en el Poder Legislativo, las cuales buscan evitar cambios de gran calado, o también se encuentran los ataques mediáticos que ha recibido el Ejecutivo federal a lo largo de la administración como consecuencia de la reorientación de las políticas públicas.
Frente a los tiempos convulsos que han enfrentado el Ejecutivo y el Legislativo en los últimos años contrasta la tensa calma con la que se había desenvuelto el Poder Judicial hasta ahora. No obstante, la sucesión en la presidencia de la SCJN ha desencadenado una nueva pugna tanto interna como externa, que busca asegurarse de que no cambie el orden de las cosas al interior de dicho poder. Lo anterior nos coloca en un escenario que requiere no solo de un análisis profundo, sino también del planteamiento de algunas interrogantes que permitan ahondar, de manera objetiva, en lo que acontece actualmente.
Una de estas interrogantes es: ¿por qué la guerra fratricida, que ya había llegado a otras instancias, es latente ahora en el Poder Judicial de la Federación? Una breve revisión del ordenamiento de dicho poder arroja varias hipótesis que me permito explicar a continuación.
Por una parte, están los grupos internos interesados en mantener los privilegios que se han resistido a la política de austeridad implementada en el resto de los poderes. En segundo término, se encuentra el interés de ciertos grupos por controlar las decisiones judiciales con la finalidad de blindar sus propios beneficios.
Asimismo, otros temas que merecen especial atención son el gran presupuesto que recibe el Poder Judicial, mismo que para 2023 será por el orden de $79,969’627,641, es decir, 5 por ciento superior, en términos reales, a lo autorizado para 2022.
De igual manera, la función que desempeña el presidente de la SCJN como titular de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal al mismo tiempo, amén de funciones no menos trascendentales como son: dictar las medidas necesarias para el buen servicio y disciplina en las oficinas de la Suprema Corte de Justicia; proponer oportunamente los nombramientos de aquellos servidores públicos que deba hacer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia; nombrar a los servidores públicos encargados de la administración de la Suprema Corte de Justicia, y acordar lo relativo a sus licencias, remociones, renuncias y vacaciones, entre muchas otras.
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Prestaciones convertidas en privilegios
Fue Voltaire quien apuntó que en el desprecio de la ambición se encuentra uno de los principios esenciales de la felicidad sobre la tierra, sentando con ello las bases de un pensamiento humanista que hoy cobra especial relevancia debido al momento de transición por el que atraviesa el país.
Y es que, pese a la política de austeridad que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pretendido instaurar en todo el servicio público, el Poder Judicial se ha resistido a perder sus privilegios y lujos excesivos, hecho que ha provocado por lo menos dos reacciones.
La primera es la indignación popular tanto por la opulencia que ostentan sus altos mandos como por su constante negativa a la oportunidad de destinar estos recursos a la atención de las problemáticas más urgentes de México.
La segunda reacción obedece a la férrea determinación de los grupos que buscan evitar cualquier situación que implique poner en riesgo la era dorada que se vive actualmente al interior del Poder Judicial.
Especial atención merece el segundo punto, ya que al interior de este Poder, existen quienes coinciden con la demanda ciudadana de terminar con los excesos y la vida faraónica que viven algunos de sus integrantes a costa de los recursos públicos.
La vocación y el empeño que dicho sector del Poder Judicial imprime en su trabajo diario se enfoca en terminar con la impunidad y hacer valer la justicia en México de manera equitativa; esta postura contrasta con la de quienes buscan controlarlo desde el interior y el exterior para hacer uso de él a su antojo.
Al mismo tiempo, estos últimos hacen todo para justificar el supuesto de que los sueldos exorbitantes y las prestaciones excesivas son las únicas maneras de abatir la impunidad y blindar la impartición de justicia ante los efectos de la corrupción. No obstante, dicha tesis no ha soportado las pruebas de falsabilidad del acontecer cotidiano, según las cuales muestran que la ciudadanía debe gastar sus propios recursos para solventar gastos irregulares en su búsqueda infructífera de justicia.
En este contexto y con miras a analizar de manera profunda la vida interna y los elementos a corregir del Poder Judicial, desde hace algunos meses, inicié un estudio minucioso de su vida interna y administrativa. Con base en lo anterior, a continuación presento 40 beneficios recibidos por magistradas y magistrados que bien pueden ser mesurados para ejercer el servicio público de manera más ética:
- Sueldos muy superiores al del presidente de la República, de $297,403.77 mensuales.
- Aguinaldos exagerados de $586,092.53, que representan 40 días de sueldo.
- Primas vacacionales de $95,474.68, que representan 10 días de sueldo.
- Un fondo para comer en restaurantes de lujo por $723,690.24 anuales.
- Un comedor especial en la SCJN donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas.
- Presupuesto de $5’540,930 mensuales para contratar personal.
- Dos vehículos blindados tipo suburban, con valor acumulado de $6’000,000, que se renuevan cada dos años.
- Pago por riesgo de más de $640,372 al año.
- Apoyos para gasolina por $22,000 mensuales.
- Apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopista.
- Algunos ministros también cuentan con escoltas del Servicio se Protección Federal (SSPC)
- Seguros para autos y casa habitación.
- Las y los ministros también cuentan con atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro trámite.
- Atención personalizada en el aeropuerto, que cuenta con personal de la SCJN, para que ministras, ministros y sus acompañantes no hagan filas ni sean revisados.
- Viáticos para vuelos, hospedaje y comidas en viajes oficiales tanto en México como en el extranjero, para lo que se les otorga pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear.
- Salones especiales en el aeropuerto para ofrecerles comidas y bebidas exclusivas.
- Dos periodos vacacionales al año de 15 días cada uno.
- Tres equipos de cómputo e impresión.
- Seis teléfonos celulares de gama alta para ministros y familiares y/o personal de apoyo, con plan ilimitado de datos que se renuevan cada año.
- Tres iPads con servicio de Internet ilimitado.
- Papelería personalizada.
- Computadoras, impresoras e Internet en su domicilio pagado por la SCJN.
- Apoyo de soporte técnico por parte del personal de la SCJN.
- Si así lo solicitan, también pueden instalar video vigilancia en sus casas con cargo al erario público.
- Seguro de gastos médicos para ministras, ministros y su familia nuclear por $30’000,000 en adelante.
- Disponen de $188,099 al año para compra de medicamentos
- Atención especial por parte de personal de la SCJN y aseguradoras en cualquier trámite de seguros.
- Seguro de vida institucional por $12’000,000
- Pago por defunción de $1’189,615
- Ayuda para gastos funerales de $30,000
- Apoyos económicos para lentes por $3,100 para ministros, cónyuge e hijos.
- Cuando se retiran, reciben una pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo.
- Al retirarse, también tienen derecho a un haber de retiro.
- En la jubilación se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados.
- La SCJN les paga a dos “personas de apoyo» para estar a su servicio en la jubilación.
- Seguro de separación individualizado de aproximadamente $20’000,000 al final de sus 15 años de servicio.
- Acceso a un área de atención especial para ministros jubilados.
- Un estímulo por antigüedad de $1,000 anuales.
- Además, el Poder Judicial suma en 14 fideicomisos recursos por $20’149,765,377, que se utilizan, principalmente, para mantener estas prestaciones de por vida
- Todo lo anterior dio como resultado un presupuesto excesivo de $73,723,020,424 para el año 2022.
No se puede negar que la preparación requerida para estar a la altura de servir al país desde el Poder Judicial amerita una remuneración digna y justa. Sin embargo, y sin afán de generar un juicio de valor, la información presentada puede ser analizada por las y los lectores. Seguramente, la conclusión será que se trata 40 prestaciones convertidas en privilegios, cuyo mantenimiento explica, en gran medida, la resistencia que pueda generarse frente a cualquier posibilidad de cambio al interior del Poder Judicial.
Es ahora cuando cobra mayor relevancia el concepto aristotélico de justicia, acorde con el cual el Estado y cada individuo deben ser respetuosos de las leyes, ya que al hacerlo se pone en práctica el bien de todos, demostrando con ello que la justicia es lo que el propio pensador griego llamó «el compendio de todas las virtudes», o «la virtud más perfecta».
Lo anterior presupone que las leyes deben estar orientadas hacia el bien común y únicamente bajo esta condición se puede decir que son justas, de ahí que impulsar un cambio profundo en el Poder Judicial reivindique este concepto que es la base de gran parte de los sistemas de justicia en Occidente.
Una corte con tintes privados
La justicia es un concepto que ha acompañado a la humanidad desde los tiempos antiguos. A la par de la evolución, los seres humanos tuvieron que regir su convivencia con base en códigos éticos y morales bien definidos. Si bien al principio tuvieron como base principal la religión o los relatos ancestrales, lo cierto es que con el devenir de los siglos se fueron adecuando al contexto histórico y social, con la finalidad de garantizar la coexistencia pacífica y estructurada de cada sociedad.
Ahora bien, en el contexto contemporáneo, la justicia social incluye por lo menos menos, tres principios constitucionales que deben ser garantizados por parte de las instituciones, estos son: el estado social de derecho, la dignidad humana y la igualdad de oportunidades y hacia esto hemos enfocado nuestro esfuerzo.
Sin embargo, aún existen escenarios en los que grupos de interés económico han sido capaces de apropiarse de los poderes públicos para utilizarlos a su antojo. Por eso, una de las máximas de la transición política que inició en 2018 es separar el poder político del económico.
Durante la segunda mitad de la década de los 40 del siglo pasado, cuando el país vivió una etapa de industrialización, surgieron conglomerados que lograron una bonanza económica merced a su cercanía con la clase política. De ahí que vencer esta inercia constituya uno de los retos a enfrentar en la actualidad.
De lo que se trata ahora es de generar una verdadera coordinación entre sectores, a fin de que los intereses privados no opaquen a los públicos. Dicho proceso aún está en construcción, sin embargo, existen vestigios y espacios donde grupos de poder económico intentan seguir influyendo para blindar sus propios intereses y en el caso del Poder Judicial y su proceso de sucesión no son la excepción.
Es bien conocida la palestra pública de candidatas y candidatos a suceder al actual Ministro Presidente. No obstante, hoy por hoy se requiere de un perfil que garantice la aplicación del estado de derecho con una dimensión social, colocando por encima de todo el interés público, alguien hombre o mujer capaz de enfrentar esta colmena de privilegios que ubica a sus integrantes como una casta intocable y poderosa.
Esta legítima aspiración también se enfrenta a grupos de interés que buscan seguir haciendo del Supremo Tribunal un espacio fácilmente influenciable. Tales grupos poseen influencia mediática para desacreditar cualquier otra propuesta y apoyan directamente una candidatura en específico.
Tampoco puede pasarse por alto el hecho de existe un inusual cabildeo de exfuncionarios y exlegisladores que están ejerciendo presión para inclinar la balanza en favor de su candidata o candidato preferido, lo cual distorsiona el panorama e imprime un cariz turbio a lo que debería ser, en estricto sentido, una contienda interna legítima y sana.
La guerra fratricida que ha alcanzado al Poder Judicial no es nada casual. Sin embargo, los linchamientos mediáticos ocasionados por esta coyuntura no deben distraernos del hecho que tenemos frente a nosotros una decisión trascendental para el país, que definirá el rumbo de la justicia en los próximos años, así como el re entendimiento de lo que significa e implica servir al interior de este Poder.
Cabría aquí considerar las sabias palabras de advertencia y consejos que dio don Quijote a Sancho Panza antes que este último fuese a gobernar la ínsula puesto “que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones.”
Y más adelante prosigue: “si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún enemigo tuyo, aparta las mientes de su injuria, y ponlas en la verdad del caso. No te ciegue la pasión propia en la causa ajena; que los yerros que en ella hicieres, las más de las veces serán sin remedio, y si le tuvieren, será a costa de tu crédito y aún de tu hacienda.”
En definitiva, tenemos la oportunidad de establecer un parteaguas en la historia del Poder Judicial y lograr que sus integrantes, incluyendo quien encabece su máxima tribuna en la SCJN no obedezca a ningún otro interés que no sea el de hacer valer la ley.
Llegó la hora de que el ideal de justicia alcance su máxima expresión e nuestro país y se ponga muestra de que es posible concretar la transición hacia un México donde la igualdad sea uno de los principios rectores de la justicia, para que las ciudadanas y ciudadanos tengan pleno acceso a esta, de manera pronta y expedita, y que la SCJN que deje de ser, de una vez y para siempre, una corte con tintes privados y privilegios desbordados.
