- Establece límites claros para proteger la vida, la salud y la integridad de las personas.
- Atiende los criterios fijados por la Suprema Corte tras invalidar el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud.
La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 10 de la Ley General de Salud, con el objetivo de regular de manera clara la objeción de conciencia del personal sanitario y evitar que su ejercicio derive en la negación de servicios de salud a la población.
Recordó que en 2018 el Congreso incorporó el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó dicho precepto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional, tras considerar que su redacción resultaba deficiente y carecía de límites y salvaguardas. Esta situación puso en riesgo el acceso efectivo a los servicios de salud.
La priista precisó que la nueva redacción atiende de manera puntual los criterios establecidos por la Corte y fija límites expresos para impedir la procedencia de la objeción de conciencia en casos de urgencia médica, riesgo para la vida, la integridad o la salud del paciente, así como en supuestos de ejercicio colectivo o institucional.
La iniciativa también establece la obligación de garantizar la disponibilidad de personal médico y de enfermería no objetor, además de la remisión inmediata del paciente para recibir atención oportuna. Asimismo, prevé la creación de mecanismos administrativos y de un registro confidencial de objetores, sin afectación a los derechos laborales del personal sanitario.
La legisladora explicó que la objeción de conciencia constituye un derecho reconocido a nivel constitucional e internacional, vinculado con la libertad de pensamiento, conciencia y religión. No obstante, subrayó que su ejercicio no puede vulnerar el derecho humano a la protección de la salud, en especial en situaciones de urgencia médica o riesgo para la vida del paciente.
Finalmente, la senadora afirmó que la propuesta busca un equilibrio entre la libertad de conciencia del personal de salud y el derecho de las personas a recibir atención médica, con énfasis en la protección de mujeres, personas gestantes y grupos en situación de vulnerabilidad. “La objeción de conciencia no puede convertirse en un obstáculo para el acceso a la salud; el Estado tiene la obligación de garantizar ambos derechos”, concluyó.
