PODER CIUDADANO
En las redes sociales, un gran porcentaje de “noticias” son falsas. Las llamadas fake news. En particular, con el debate que hay actualmente sobre la Ley General del Agua conviene informarse adecuadamente.
Platiqué con el diputado federal Gabriel García Hernández, quien desde la legislatura pasada, en el Senado de la República, planteó la necesidad de revisar esta ley.
Actualmente, está encargado de recibir las propuestas, inconformidades y planteamientos de organizaciones civiles, campesinas, ciudadanas y todo aquel que quiera participar en esta trascendente ley.
Entre los planteamientos centrales presentados, me comenta que los inobjetables son: priorizar el derecho humano al agua en cualquier reasignación o distribución de volúmenes; reconocer y fortalecer los sistemas comunitarios de agua; integrar el enfoque de justicia hídrica y la protección de los ecosistemas acuáticos.
Ampliar el concepto de delitos hídricos, incluyendo la contaminación como delito contra la salud. Incorporar el reconocimiento a los derechos de la naturaleza; impulsar educación ambiental y proyectos de desarrollo comunitario.
“Especialistas señalaron que el actual marco neoliberal permitió entregar concesiones a grandes empresas, dejando de cobrar miles de millones en derechos, y urgieron a revertir estas distorsiones históricas”, nos dice el Diputado por el Distrito XVIII de Iztapalapa.
Señala también, que el agua debe ser derecho humano, no mercancía, y que el Estado debe recuperar su rectoría en infraestructura, distribución y tarifas.
La gran diversidad que tenemos en nuestro país, hace que las necesidades, preocupaciones y prioridades sean distintas, por lo que también hubo regionalización en la recepción de propuestas.
“En la zona norte, la exigencia es una ley con enfoque territorial, justicia socioambiental y protección a ejidos y comunidades, la diputada Felicita Pompa Robles fue la encargada y celebró la amplia participación, en esta zona se plantearon temas clave como reconocer pozos domésticos y norias en zonas rurales para garantizar acceso sin trámites excesivos; evitar retroactividad en trámites ante Conagua; frenar acaparamiento del agua por grandes corporaciones; crear un registro claro de derechos para ejidos, pueblos indígenas y núcleos agrarios; tipificar como delito la contaminación del agua y ampliar el catálogo de delitos hídricos; asegurar acceso gratuito a información sobre concesiones”
En la zona Sur, sus prioridades son el reconocimiento pleno a pueblos indígenas y afromexicanos, y prioridad a la gestión comunitaria.
“Las diputadas Rosa María Castro Salinas e Irma Juan Carlos resaltan en que la nueva ley deben considerarse las condiciones específicas de pueblos indígenas y afromexicanos, garantizar el derecho preferente al agua en sus territorios, incluir al INPI y autoridades tradicionales en los órganos de decisión, reconocer la gestión comunitaria como un derecho y una práctica ancestral y garantizar participación con voz y voto en los organismos de cuenca.
Organizaciones indígenas señalaron que la actual Ley de Aguas Nacionales no los reconoce, lo que ha permitido la vulneración de sus derechos y la apropiación de manantiales y sistemas comunitarios por particulares. Hasta aquí, un resumen de la amplia conversación que tuvimos.
X: @floresaquino
FB: Juan Carlos Flores (fan page con el puño levantado)
