PODER CIUDADANO
La Fiscalía General de la República, (FGR) ahora bajo el mando de Ernestina Godoy Ramos, tendrá el reto de trabajar imparcialmente, para dar certeza jurídica y continuidad a la encomienda que da la Ley, evitando que los delitos que atenten contra la Nación y la ciudadanía queden impunes.
En estos días se ha conformado un equipo de trabajo con servidores públicos profesionales, para garantizar que se lleven a cabo todos los actos de investigación necesarios y esclarecer aquellos delitos o situaciones que han vulnerado la seguridad e intereses de los mexicanos.
Aunado a ello, el trabajo coordinado con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, autoridades de seguridad estatales y municipales, y de procuración de justicia, resultará fundamental, a diferencia de lo que sucedía anteriomente.
Sustracción ilegal de combustibles, combate a la delincuencia organizada, drogas y armas, enriquecimiento de servidores públicos, de urgente atención.
Al respecto, platiqué con el Dr. José Medina Romero, catedrático de la UNAM, quien de entrada afirma que “la reciente reforma judicial y la política de combate a la inseguridad y al crimen organizado implementada por la presidenta Claudia Sheimbaum, reclama grandes retos y una profunda reforma estructural a la FGR”.
El Dr. Medina Romero -quien cuenta con 44 años de carrera en el servicio público- aseguró que impulsando una profunda reforma a la FGR, se potenciará una política de pacificación y reconciliación que contribuya a recuperar la credibilidad ciudadana hacia esta institución, que, por impacto, permearía en las restantes instancias de procuración de justicia cotidiana, como son las fiscalías de las entidades federativas.
“No hay tiempo que perder en este nuevo escenario bajo el liderazgo de la Fiscal Ernestina Godoy, pues se trata de potenciar las capacidades institucionales para contener y combatir con eficacia el embate frontal y desafiante que el crimen ha plantado”, para ello, propone estos 7 puntos:
- Construcción de un sistema de coordinación nacional en materia de procuración de justicia, en donde la FGR asuma la política criminológica del Estado mexicano.
- Reforma organizacional para la atención de delitos de alto impacto, centrando la investigación en una sola unidad responsable contra el crimen organizado.
- Reconfiguración de los tipos penales de narcomenudeo hacia el orden federal.
- La necesidad de contar con un modelo de procuración de justicia, basado en capacitación para la selección, ingreso, promoción y permanencia de su personal sustantivo.
- Servicio de carrera policial, pericial y ministerial bajo un parámetro de estabilidad laboral, evaluación y desarrollo profesional permanente.
- Un sistema de auto contención de información que garanticen investigación eficaz, eficiente, expedita y sin fugas de información; y
- Una estructura ministerial de coordinación jurisdiccional suficiente, para atender el volumen de asuntos en rezago.
Con ello se debe “responder a los cambios y transformaciones del delito en nuestro país y su visión debe estar enfocada a cambiar hacia una política eficaz y eficiente en la persecución de los generadores de violencia”, concluyó el también ex Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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