El Hijo del Camionero
“Menor gasto, menor desarrollo, menor calidad de vida”
Por: Dr. Mario Rodolfo Cid de León Carraro
Presidente de la Junta de Enlace Ciudadano, para el Análisis de Temas Económicos y Sociales de México y Nezahualcóyotl
@MRODOLFO_CID
“Quiero agradecer a ustedes queridos lectores, a mi esposa, a mis hijos y al director de Poder Ciudadano.TV, por el apoyo dado a esta columna, el Hijo del Camionero, que hoy celebra un centenar de publicaciones”
Se han presentado los Precriterios de Política Económica, para el ejercicio fiscal del año 2026; estos son el preámbulo sobre los elementos que se realiza la planeación financiera y económica del país. Dichos precriterios se realizan bajo el fundamento de los resultados del cierre del ejercicio del año 2024, mientras que los Criterios Generales de Política Económica, son el resultado del ajuste de los Precriterios, pero en función de la previsión de los datos (no definitivos) de cierre del ejercicio del año 2025.
Los Precriterios Generales de Política Económica, para el 2026, parten del supuesto de que durante 2025 y 2026, la economía mexicana mantenga un crecimiento positivo, lo que es poco probable, ya que los datos del primer semestre, indican un crecimiento de 0% del PIB, no obstante se apela al incremento de la demanda interna; con el objeto de aislar los efectos inherentes a una posible desaceleración global, así como la incertidumbre que genera la política comercial de Estados Unidos y la solvencia de los resultados de las variables macroeconómicos, los que también muestran pérdida de dinamismo, lo que al día de hoy, no hace probable los supuestos de programación.
El consumo privado y la inversión doméstica son las variables con las que se pretende se impulse el crecimiento. El consumo de los hogares continuará fortalecido por la creación de empleo, pero no en los volúmenes y calidad que requiere la sociedad, los incrementos salariales y una mayor inclusión financiera; estos factores buscarían aumentar el poder adquisitivo, estabilizando con ello la demanda interna.
Los programas sociales, son un elemento fundamental, en el establecimiento de los Precriterios, seguirán consumiendo recursos, que deberán ser recortados de otras áreas de gasto, sin embargo, dichos recursos, al constituirse en ingresos de las familias, son un factor de consumo y por tanto de dinamismo del mercado interno, lo que ayudaría a mitigar posibles choques externos.
El crecimiento de los programas sociales ha fomentado mayor inclusión financiera entre los beneficiarios, permitiéndoles acceder a productos financieros y mejorar su capacidad de ahorro y planeación económica. Actualmente, casi la mitad de los receptores de estos apoyos adquirieron su primer producto financiero mediante la cuenta bancaria en la que reciben estos recursos, es decir, tienen acceso a créditos al consumo, lo que propiciará un soporte adicional al consumo privado, permitiendo a los hogares contar con acceso a financiamiento; pero se hace notar, respaldado por el ingreso a obtener por uno o varios programas sociales, por lo que el financiamiento, estará en riesgo de impago, o se proporcionará a tasas altas de interés.
La inversión, la que se ha visto disminuida por los conflictos comerciales con Estados Unidos y la desconfianza a la nueva configuración del Poder Judicial, se espera, que conserve su capacidad de propiciar crecimiento, mientras que la inversión pública, será destinada a financiar proyectos estratégicos de alto impacto, orientados al desarrollo regional y la integración del mercado doméstico, por lo que resulta necesario, conocer cuáles serán esos proyectos, en su totalidad, no obstante destacan la rehabilitación y expansión de infraestructura ferroviaria, la modernización de puertos y carreteras, así como el fortalecimiento del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que se proyecta como un nuevo eje logístico global, este último, a diferencia de otras obras, si cuenta con proyecto.
También se parte de que se reducirá la tensión comercial con Estados Unidos, lo que no parece que ocurra hasta este momento, en la relación trilateral con México y Canadá, lo que en teoría generaría un impulso adicional a la inversión privada, particularmente en parques y naves industriales y en sectores altamente integrados en la región, como la industria automotriz, la que en estos momentos, ya traslada operaciones a suelo estadounidense, pero siguen firmes sectores como la fabricación de equipo aeroespacial, dispositivos médicos, microprocesadores y componentes electrónicos.
En 2024, a pesar de la incertidumbre comercial observada hacia finales del año, la Inversión Extranjera Directa, en equipo de transporte alcanzó un máximo histórico de 9.9 mil millones de dólares, reflejando el potencial del sector y la industria aeroespacial y de semiconductores ha mostrado una mayor expansión, impulsadas por incentivos a la manufactura avanzada y la adopción de nuevas tecnologías, que es lo que en general, pudiese apoyar que se consoliden las variables de planeación.
Las decisiones se siguen tomando en función de los beneficios que puedan generar obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el que ya comenzó a generar utilidades; el Tren Maya que opera con pérdidas millonarias; el Aeropuerto de Tulum, que tuvo un éxito inicial, que hoy se diluye, así como el desarrollo de infraestructura vinculada al Corredor Interoceánico, único proyecto que realmente tiene viabilidad, aunque indudablemente, el sacar adelante las demás obras, requiere de inversiones que debe generar un detonador en la actividad económica, aunque sea temporal.
Respecto al comercio exterior, la manufactura mexicana se verá beneficiada por un supuesto incremento en la actividad industrial de Estados Unidos, actividad que hoy mismo, se encuentra en franco debilitamiento, pero no se ha considerado tal fenómeno y por el contrario, se asume que con un tipo de cambio más competitivo, incrementará la contribución del sector externo al crecimiento de la economía mexicana.
Se prevé que en 2025 la economía mexicana registre un crecimiento en un rango de 1.5 a 2.3% real anual, lo que en los hechos actuales, resulta inalcanzable y si dicha tasa de crecimiento, no se logra, no existe en automático una base razonable, en la que se sostenga la proyección de ingresos para el 2026, a pesar de que son estimaciones revisadas a la baja, respecto a la programación y presupuestación del 2025, a efecto de que respondan a una desaceleración en la inversión residencial, una menor expansión en la minería petrolera y efectos persistentes de choques de oferta provenientes del año anterior.
Debe quedar muy claro y se espera que las autoridades, no lo soslayen, un factor que opera en contra es la incertidumbre en torno a la política comercial bilateral de Estados Unidos y los ajustes en su relación con otros socios comerciales han generado un incremento muy importante en la cautela para ejercer la inversión y el consumo privados, afectando su dinamismo en el corto plazo.
En este contexto, se anticipa que el Banco de México continúe con el proceso de flexibilidad en su postura monetaria, ubicando la tasa de referencia en 8.0% al cierre de 2025 y en 7.0% en 2026, lo que resulta ser evidente, esta trayectoria responde a la convergencia gradual de la inflación dentro del rango establecido por el banco. Se estima que el tipo de cambio se ubicará en $20.00 por dólar al cierre de 2025, lo que implicaría un escenario más depreciado en 1.5 pesos u 8.0% de variación cambiaria respecto a la estimación del Paquete Económico 2025.
En cuanto a las cuentas externas, se prevé que la balanza en cuenta corriente registre un déficit de 0.1% del PIB en 2025, consistente con un menor dinamismo del crecimiento económico y un tipo de cambio más competitivo, factores que contribuirán a una reducción del déficit en la balanza comercial, lo que se puede convalidar a partir de los recortes al gasto que se han realizado, además se espera que la balanza de ingreso secundario mantenga un superávit derivado del flujo creciente de remesas y el aumento en la masa salarial de los trabajadores mexicanos en ese país. Para 2026, se anticipa un déficit de 0.4% del PIB, asociado a una mayor expansión del consumo y la inversión, lo que elevaría las importaciones de bienes intermedios y de capital, por lo que resultaría importante incrementar la producción nacional de bienes terminados.
Se estima que el precio promedio de la Mezcla Mexicana de Petróleo, se ubique en 62.40 dólares por barril en 2025, dato más alto que el establecido en los criterios de Política Económica para ese año, y para 2026, el precio estimado es de 55.30 dólares por barril, con una producción a la baja; aquí existe un problema muy grave. Se estima que la producción promedio se ubicará en 1,761.8 millones de barriles diarios en 2025 y 1,775.4 millones de barriles diarios en 2026, niveles ligeramente inferiores a los estimados en planeación y programación de 2025. Las previsiones para 2026 incluyen un incremento marginal en la producción de 13,700 barriles diarios de petrole, respecto a 2025, derivado del desarrollo de nuevos proyectos estratégicos y la eventual incorporación de yacimientos adicionales en caso de que las exploraciones resulten favorables.
En materia de ingresos presupuestarios, se prevé un incremento de 7.2 mil millones de pesos respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación del 2025; este resultado se explica principalmente por mayores ingresos petroleros, superiores en 12.8 mil millones de pesos respecto a lo programado, debido al anticipo de recursos del Gobierno Federal a Petróleos Mexicanos para el pago a proveedores, mayores precios a nivel internacional del crudo y el gas natural, así como la depreciación del tipo de cambio; factores que compensan parcialmente la menor producción petrolera.
Dentro de los ingresos tributarios, se estima un nivel ligeramente superior al aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación del 2025, con un aumento de 0.2 mil millones de pesos, ya que incide una mayor base de comparación derivada del sobrecumplimiento observado al cierre de 2024, así como una mayor recaudación del IVA al consumo e importaciones, impulsada por las reformas fiscales que entraron en vigor en octubre de 2024 y enero de 2025.
En cuanto al gasto público, se anticipa un aumento equivalente a 7.2 mil millones de pesos respecto al nivel aprobado, congruente con el incremento en los ingresos totales; por lo que se proyecta una ampliación de 21.4 mil millones de pesos en los recursos destinados a programas sociales y proyectos de inversión con impacto directo en lo que denominan bienestar de la población y el desarrollo económico regional.
Por otro lado, se prevé una reducción de 10.0 mil millones de pesos en el pago de Adefas, así como una disminución de 6.5 mil millones de pesos por concepto de las participaciones a entidades federativas y municipios, en congruencia con la evolución observada de la recaudación federal participable, lo que indudablemente tiene efectos a analizar, ¿no fue necesario reducir el saldo de adeudos en ejercicios anteriores? O ¿simplemente se dejaron pendientes esos adeudos?, no obstante, estas reducciones buscan tener disponibles recursos, para compensar el aumento en el costo financiero de la deuda, estimado en 2.3 mil millones de pesos, asociado principalmente al efecto de la depreciación del tipo de cambio sobre el servicio de la deuda externa.
En este contexto, se proyecta que el déficit presupuestario se mantendrá en un nivel equivalente al 3.3% del PIB, en línea con lo aprobado por el Congreso. En el caso de los Requerimientos Financieros del Sector Público, que incorporan costos extrapresupuestarios como los bonos indexados y las colocaciones a descuento, se estima que estos podrían alcanzar un nivel entre 3.9 y 4.0% del PIB al cierre de 2025.
Como resultado, la deuda pública neta se ubicará en 52.3% del PIB en 2025, lo que garantiza el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad fiscal. El incremento con respecto a lo previsto originalmente se explica por un efecto contable derivado de la depreciación del tipo de cambio, el cual incrementa el valor en pesos de los pasivos denominados en moneda extranjera, no obstante el dato es de cuidado, de cada dólar que genera la economía mexicana, se deben 52 centavos; para mantener esta situación en el ejercicio fiscal del año 2006, los Requerimientos Financieros del Sector Público deben ubicarse en un nivel entre 3.2 y 3.5% del PIB, lo que corresponde a un superávit primario de 0.5% del PIB y un déficit presupuestario de 2.7% del PIB.
Se estima que los ingresos presupuestarios en 2026 serán superiores en 64.4 mil millones de pesos, respecto al monto aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación del 2025 ya que se prevé un aumento de 92.6 mil millones de pesos en los ingresos tributarios, impulsado por el crecimiento tendencial de la actividad económica, los efectos permanentes derivados de las mejoras en la eficiencia recaudatoria y una mayor base de comparación a partir del desempeño observado en 2024.
En contraste, se anticipa una reducción de 131.3 mil millones de pesos en los ingresos petroleros respecto a lo programado para 2025, esta disminución obedece a un menor precio promedio del crudo, lo que no se compensa por completo con el incremento previsto en la plataforma de producción. Cabe destacar que ésta última incluye la extracción de Pemex, sus socios, los condensados y los contratos de participación con empresas privadas.
Se estiman menores ingresos tributarios por 18.4 mil millones de pesos, excluyendo posibles ingresos extraordinarios no previstos en la legislación vigente, cuya recaudación está sujeta a factores no recurrentes. A su vez, se proyecta una disminución de 7.2 mil millones de pesos en los ingresos propios de las entidades distintas de Pemex, derivada de los supuestos macroeconómicos que afectan sus resultados; aunque no se especifica a que entidades se refiere.
Con base en la meta de déficit presupuestario de 2.7% del PIB y los ingresos estimados, el gasto neto total deberá ajustarse a la baja en 245.9 mil millones de pesos de 2026 en comparación con el monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2025, lo que representa una disminución real de 2.6%.
Este ajuste se concentrará principalmente en tres componentes: el costo financiero de la deuda, las participaciones a entidades federativas y municipios y Adefas, los cuales en conjunto disminuirán en 179.5 mil millones de pesos. Estas reducciones representan el 73.0% del ajuste total al gasto neto total, por lo que el compensar los 27 puntos porcentuales, restantes, implicará castigar el gasto en otros rubros, incluido los prioritarios, situación que particularmente se endurece ya que como resultado, el gasto programable pagado disminuirá en 66.4 mil millones de pesos respecto al nivel aprobado para 2025, lo que equivale a una reducción de 1.0% en términos reales.
En este marco, se destaca que según el gobierno esta disminución “no comprometerá las prioridades del gasto social, ni afectará la provisión de servicios públicos, el cumplimiento de obligaciones legales o contractuales, ni los proyectos estratégicos que contribuyen al bienestar de la población y al desarrollo económico del país”. Sin embargo, fuera de la operación de los programas sociales del bienestar y de las obras ya descritas, no es claro que otras prioridades pudiese haber.
A continuación, se presentan las estimaciones indicativas del impacto que tendría una variación de los principales supuestos macroeconómicos sobre las finanzas públicas del ejercicio fiscal 2026:
- Una variación de 100 mil barriles diarios en la plataforma de producción de petróleo implica un cambio en los ingresos petroleros del orden de 43.3 mil millones de pesos.
- Un aumento de un dólar en el precio promedio anual del petróleo tendría un efecto neto positivo sobre los ingresos petroleros del sector público por aproximadamente 10.7 mil millones de pesos.
- Una aceleración de un punto porcentual en la tasa de crecimiento real del PIB se traduciría en un incremento estimado de 50.9 mil millones de pesos en los ingresos tributarios no petroleros.
- Un incremento de 100 puntos base en la tasa de interés nominal tendría un impacto negativo sobre el costo financiero del sector público equivalente a 34.3 mil millones de pesos, considerando tanto la deuda tradicional como la componente real de la deuda del IPAB.
- Una apreciación del tipo de cambio de un peso por dólar generaría un efecto neto negativo sobre el balance público de 23.6 mil millones de pesos, como resultado de una disminución en los ingresos petroleros que no se compensa totalmente con el menor costo financiero.
- Finalmente, un aumento de 100 puntos base en la inflación implicaría un incremento en el costo financiero del sector público de aproximadamente 1.1 mil millones de pesos, derivado del encarecimiento de los pasivos indexados a la inflación.
En fusión der estos precriterios, a partir del 30 de junio de 2025, ha dado inicio la discusión, para la configuración del llamado paquete económico 2026, que identificado de manera correcta, se refiere a la planeación financiera y a la presupuestación de gastos e ingresos públicos; todos estos elementos, establecen cuáles serán las actividades del gobierno para el año 2026, es decir, las políticas a ejecutar, estableciendo como se financiaran, políticas que no deben ser ajenas en nada a la ciudadanía, ya que afectan, incluyo inducen nuestra vida diaria como sociedad,
Los Precriterios Generales de Política Económica, van perfilando las actividades que el gobierno pretende ejecutar en materia de inversión, gasto social y desarrollo económico, salud, infraestructura, educación, seguridad social, y demás servicios públicos; precisamente los precriterios, establecen claramente de donde se obtendrán los recursos y en función de qué, para financiar estas actividades.
Como se ha expuesto a lo largo de esta columna, el dinero disponible para el gasto del año 2026, será menor al que se ha dispuesto en 2025, de antemano ya se han cancelado algunos programas y otros se han fusionado, ante la eventual disminución de ingresos, lo que impactará sectores críticos de la economía, al disponer de menores recursos para el gasto, pudiendo generar impactos negativos en la vida de la gente, lo que no será compensado con las aportaciones de los programas sociales, aunque de manera real, en estos se aumente su presupuesto.
Los precriterios básicos, donde el fundamental, es la tasa de crecimiento económico, no vislumbra que será alcanzada, por lo que lo demás, simplemente esta en duda o ¿usted qué opina?
La próxima semana se revisaran los datos económicos de cierre del ejercicio fiscal del año 2024.
