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miércoles, septiembre 30, 2026
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México actualiza Lineamiento Técnico 2026 para fortalecer la atención del aborto seguro

  • La política pública de aborto seguro pasó de 41 servicios en 2021 a 405 actualmente; además, disminuyó el uso del legrado en la atención durante el primer trimestre de gestación.

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSSR) presentó la edición 2026 del Lineamiento Técnico para la atención del aborto seguro en México, herramienta que establece criterios comunes para fortalecer la calidad, oportunidad y seguridad de estos servicios en las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud.

Durante la presentación, la titular del CNEGSSR, Teresa Ramos Arreola, señaló que esta actualización representa una nueva etapa en la implementación de la política pública de aborto seguro, iniciada en 2021, y responde a la evolución de la evidencia científica, los avances tecnológicos, el marco jurídico y las necesidades de las personas usuarias de los servicios de salud.

Explicó que la edición 2026 tiene como propósito orientar la planeación, organización y prestación de servicios para que mujeres y personas con capacidad de gestar reciban atención oportuna, integral, resolutiva y de calidad.

El documento incorpora de manera transversal los enfoques de derechos humanos, perspectiva de género, interseccionalidad, pertinencia cultural y justicia reproductiva, con el reconocimiento de que las condiciones de edad, discapacidad, origen étnico, situación de movilidad, identidad de género, condiciones socioeconómicas o situaciones de violencia pueden generar distintas barreras para acceder a los servicios.

Asimismo, actualiza la fundamentación jurídica y establece criterios para brindar mayor certeza al personal de salud en los distintos supuestos en que procede la atención del aborto seguro. Para niñas y adolescentes, contempla consideraciones específicas relacionadas con autonomía progresiva, consentimiento informado, interés superior de la niñez y protección de derechos, particularmente en situaciones de violencia sexual.

La directora de Violencia Familiar del CNEGSSR, May Wejebe Shanahan, destacó que el Lineamiento busca brindar certeza jurídica, clínica y operativa al personal de salud, así como constituirse en una herramienta para que la población conozca los estándares de atención que puede exigir en las instituciones públicas.

Entre las principales actualizaciones se encuentran contenidos sobre embarazo ectópico, manejo del dolor y atención del aborto en etapas gestacionales avanzadas, además de criterios para el uso de telemedicina y la referencia a otros niveles de atención cuando sea necesario. Los contenidos se sustentan en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en la evidencia científica disponible.

El documento también refuerza la utilización de métodos recomendados actualmente para la atención del aborto y plantea la ampliación de las funciones de distintas profesiones de la salud, de acuerdo con sus competencias, para fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios.

Por su parte, el subsecretario de Políticas en Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Ricardo Valdés Vázquez, señaló que la edición 2026 constituye un referente común para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, al establecer criterios que faciliten la articulación entre instituciones y entidades federativas.

Enfatizó que la publicación del Lineamiento constituye el inicio de una etapa de implementación que requiere capacitación del personal, disponibilidad de insumos, incorporación de los criterios a los procesos de atención y seguimiento permanente de los resultados.

Como primer paso, el CNEGSSR informó que durante los primeros días de noviembre se realizará una capacitación dirigida a personal operativo sobre los nuevos contenidos del Lineamiento Técnico para la atención del aborto seguro en México, edición 2026.

Finalmente, la Secretaría de Salud, a través del CNEGSSR, refrenda su función rectora para establecer criterios técnicos, acompañar la implementación, fortalecer las capacidades institucionales y contribuir al seguimiento de la prestación de estos servicios, con el objetivo de que los avances normativos y técnicos se traduzcan en capacidades reales de atención en las unidades de salud.