• Líderes públicos, empresariales y académicos acuerdan una nueva agenda para impulsar inversión, empleo y desarrollo territorial equilibrado.
• El Acuerdo establece metas de crecimiento, fortalecimiento energético y mayor coordinación institucional para detonar infraestructura y competitividad.
El Foro Nacional “Inversiones en Infraestructura y Servicios” concluyó este día con la firma del Acuerdo Nacional para la Inversión y el Desarrollo con Justicia Social, consolidando a Escobedo como referente nacional por su implementación del Plan México y por su capacidad de coordinar de manera efectiva a los sectores público, privado, académico y social.
El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar destacó que “el Plan México es la nueva columna vertebral del desarrollo nacional”, al subrayar que el país requiere un cambio profundo en la manera de financiar y ejecutar obras estratégicas. Señaló que este plan constituye la ruta estratégica para enfrentar los rezagos históricos del país en infraestructura, la desigualdad territorial y la baja productividad.
“Necesitamos un nuevo horizonte que permita reconstruir el tejido social y relanzar la actividad económica. El Estado debe recuperar su capacidad de planear y acompañar al sector productivo para canalizar inversiones hacia infraestructura, energía, innovación y sectores estratégicos”, afirmó.
Ramírez Cuéllar recordó que la inversión privada representa actualmente el 90% del total nacional —equivalente al 20.8% del PIB— mientras que la inversión pública apenas alcanza el 2.3%, por lo que presentó la Iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar, que sustituye a la actual Ley de APP y propone reglas claras, mayor transparencia y mecanismos modernos para impulsar proyectos de alto impacto social. La iniciativa plantea cuatro esquemas de inversión: Directa, Indirecta, Mixta y Mínima.
El foro reunió a organismos empresariales, cámaras industriales, bancos de desarrollo, especialistas y representantes de empresas como Caintra, FEMSA, DeAcero, Alfa, Terrium y CMIC, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la certidumbre jurídica, la planeación de largo plazo y los incentivos que permitan detonar inversión sostenible en el país.
Al cierre de las mesas de trabajo se suscribió el Acuerdo Nacional para la Inversión y el Desarrollo con Justicia Social, el cual establece una agenda conjunta entre gobierno, sector privado, academia y organizaciones sociales para impulsar un crecimiento más inclusivo.
El Acuerdo fija como metas elevar la inversión total por encima del 25% del PIB en 2026 y del 28% en 2030, generar 1.5 millones de empleos en sectores estratégicos, fortalecer el contenido nacional en cadenas globales de valor y desarrollar infraestructura con visión territorial para reducir desigualdades y mejorar la competitividad.
Este acuerdo también impulsa un modelo energético mixto que fortalezca a Pemex y CFE, promueva empleos mejor capacitados, refuerce las capacidades de planeación del Estado y convoque a acompañar la revisión del T-MEC para lograr una integración económica regional moderna y ventajosa para México. Este compromiso colectivo marca el inicio de un nuevo ciclo de desarrollo más justo, sostenible y basado en corresponsabilidad.
“Solo con confianza, corresponsabilidad y beneficios compartidos podremos construir un crecimiento sostenido que se traduzca en bienestar para todas y todos”, concluyó el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar.
La sesión contó con la presencia de los senadores Waldo Fernández y Judith Díaz; del alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, como anfitrión honorífico; además de los alcaldes Adrián de la Garza y Jesús Nava; la secretaria de Economía de Nuevo León Betsabé Rocha; así como legisladores locales.
