• Cuando los ingresos excedentes superen el 10% de lo aprobado en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo deberá someter su destino a votación del Congreso.
• En 2024, el Gobierno capitalino ejerció 40 mil millones de pesos adicionales (15% más de lo estimado).
El Coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, Andrés Atayde, presentó una iniciativa para fortalecer el control democrático del gasto público y garantizar que los ingresos excedentes del Gobierno capitalino cuenten con supervisión y autorización del Poder Legislativo cuando rebasen un umbral razonable.
Desde tribuna, Atayde explicó que el presupuesto no es un trámite administrativo, sino el instrumento jurídico más importante de un Estado democrático, pues en él se reflejan las verdaderas prioridades del gobierno. Recordó que, conforme al artículo 122 de la Constitución federal y la Constitución local, la autorización del gasto público corresponde al Congreso.
“El Ejecutivo administra y ejecuta; el Legislativo autoriza y vigila. Ese equilibrio no es decorativo, es el corazón de nuestro sistema democrático”, subrayó.
El legislador señaló que año tras año la Ciudad de México registra ingresos superiores a los estimados en la Ley de Ingresos, pero el destino de esos recursos adicionales no es sometido a aprobación del Congreso, lo que debilita el principio de división de poderes.
Como ejemplo, detalló que en 2024 se estimaron 268 mil millones de pesos y finalmente se recaudaron 308 mil millones, lo que generó 40 mil millones de pesos en ingresos excedentes, equivalentes al 15% del total aprobado.
“Estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos ejercidos sin aprobación constitucional específica del Legislativo”, advirtió.
La iniciativa propone una regla clara y objetiva: cuando los ingresos excedentes no superen el 10% del total aprobado, el Ejecutivo podrá disponer de ellos; sin embargo, cuando rebasen ese porcentaje, deberá presentar al Congreso una propuesta formal para su destino, asignación y aplicación.
Asimismo, se establecen plazos definidos: 15 días hábiles para que el Ejecutivo envíe la propuesta y 30 días naturales para que el Congreso la analice y resuelva.
Atayde enfatizó que la reforma no busca confrontación política, sino fortalecer las instituciones y dar certeza jurídica al manejo de los recursos públicos.
“No obstaculiza la gestión, la respalda con transparencia. Un Congreso fuerte no debilita al Ejecutivo, lo complementa y fortalece la confianza pública”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que la iniciativa se alinea con estándares internacionales en materia de presupuesto abierto y rendición de cuentas, y aseguró que el objetivo central es garantizar que el dinero público se destine a resolver los problemas reales de la capital.
“Esta iniciativa no es contra algo o alguien. Es a favor del equilibrio constitucional, a favor del control democrático del gasto y, sobre todo, a favor de la Ciudad de México”, concluyó.
