- Los cinco ciudadanos estarán en el cargo durante quince años improrrogables, a partir del 1 de noviembre de 2025.
El Senado de la República ratificó a Ariadna Camacho Contreras, Selene Cruz Alcalá, Ludmila Valentina Albarrán Acuña, Eduardo Santillán Pérez y José Ramón Amieva Gálvez como magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un periodo de 15 años improrrogables a partir del 1 de noviembre de 2025.
Tras su ratificación, con 82 votos a favor, 34 en contra y una abstención, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, tomó la protesta correspondiente a los nuevos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, argumentó que estos ciudadanos cumplen con los requisitos de idoneidad, legales y técnicos, además de que, con ellos, la titular del Ejecutivo Federal demuestra su compromiso de contar con los mejores perfiles en la administración pública.
“El Tribunal Federal de Justicia Administrativa emite resoluciones en las que se reconoce la validez o se declara la nulidad de los actos de autoridad. Estos nombramientos son indispensables. México requiere de servidores públicos íntegros, técnicos, expertos y capaces”, enfatizó.
Añadió que la justicia administrativa es un componente irrenunciable del Estado mexicano, pues corrige excesos, ordena la actuación de la administración pública y, destacó, contribuye a proporcionar una justicia efectiva y cercana a las necesidades de los ciudadanos, además de proteger en todo momento sus derechos.
“Las y los legisladores cumplimos con la obligación de darle a México nombramientos de magistradas y magistrados que permitan a los ciudadanos alcanzar la justicia y a las autoridades fiscales y administrativas la certeza de que el Estado se encuentra completo para dirimir las controversias”, concluyó.
Ariadna Camacho Contreras es abogada y maestra en Derecho Constitucional; ha desempeñado cargos en Petróleos Mexicanos, la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México y en la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.
Selene Cruz Alcalá es licenciada en derecho y maestra en Derecho Constitucional; su último encargo fue como magistrada representante del gobierno federal en la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, además de que ha sido titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.
Ludmila Valentina Albarrán Acuña es abogada con especialización en aplicación de la normatividad en materia ambiental y desarrollo urbano; se ha desempeñado como presidenta de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y en cargos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.
Eduardo Santillán Pérez es licenciado en derecho con maestría en Derecho Electoral; se ha desempeñado como director de Política Criminal en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como diputado del Congreso de la Ciudad de México y como jefe delegacional en Álvaro Obregón.
José Ramón Amieva Gálvez, cuenta con licenciatura en derecho, maestría en Administración Pública y doctorado en Derecho Procesal; ha sido magistrado titular de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Hidalgo y encargado de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
En tribuna, Araceli Saucedo Reyes, de Morena, aseguró que los perfiles están conformados por personas honestas, conocedoras de los ámbitos administrativos y que cuentan con una trayectoria sólida, por eso se tiene la confianza de que sus designaciones incidan de manera positiva en la eficacia del sistema de justicia administrativa, en la rendición de cuentas y en la garantía de los derechos de la población frente a las decisiones estatales.
El senador Raymundo Bolaños Azocar, del PAN, mencionó que no hay autonomía en la designación de los cinco perfiles a ratificar, ya que garantizarán una Sala Superior predeciblemente parcial a favor del gobierno. La propuesta, lamentó, “demuestra la aspiración totalitaria del régimen, donde la amistad es sinónimo de indulto, la disidencia la peor de los agravantes, y la existencia de criterio como ley se extingue”.
Del PVEM, Waldo Fernández González expresó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es una institución clave del Estado mexicano, por ello, al ratificar a quienes integran la Sala Superior no representa sólo un trámite, sino una expresión de confianza en sus instituciones y en la vocación del servicio público que sostiene a la República.
Por el PRI, Cristina Ruiz Sandoval señaló que los perfiles propuestos han sido parte del mismo grupo político que hoy impulsa sus nombramientos, y eso mina la confianza ciudadana, porque el Tribunal de Justicia Administrativa “no puede convertirse en un refugio de exfuncionarios ni un premio de consolación para quienes fueron leales al régimen”.
A nombre del PT, la senadora Ana Karen Hernández Aceves aseguró que la designación de magistrados se trata de una decisión con un impacto a largo plazo en la autonomía, en la funcionalidad y en la dirección del tribunal. Señaló que estas magistraturas definirán la última línea de defensa de las y los ciudadanos ante los posibles abusos y errores de autoridades federales. “El dictamen validad la idoneidad de cinco perfiles con trayectorias sólidas y probadas”, afirmó.
En contra, Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador del Grupo Parlamentario de MC, consideró que el régimen demuestra el interés en designar estos perfiles para resolver a su conveniencia las controversias que perjudican a su juicio a la administración pública federal. Manifestó que el paquete de designaciones que envía la Presidencia de la Republica para ocupar estas magistraturas vacantes es una expresión más del sometimiento judicial, pues se trata de un “premio a la lealtad y a la obediencia incondicional”.
