- El presupuesto destinado en avanzar hacia la igualdad de género no contribuye
a transformar las desigualdades estructurales, revela el análisis realizado por la Red por una Política Fiscal Feminista - Con un monto total de 508 mil 727.4 mdp aprobado para 2025, el Anexo 13
representa el presupuesto transversal federal destinado a cerrar brechas entre
mujeres y hombres. Sin embargo, 52.5% de estos recursos se concentra en
programas de pensiones que no fueron diseñados con perspectiva de género. - Creado hace casi dos décadas el Anexo 13 fue resultado de la acción
coordinada de organizaciones feministas, legisladoras comprometidas y actores
de la sociedad civil. Sin embargo, este instrumento aún requiere fortalecerse
para transformar la exigencia de igualdad en políticas públicas concretas con
respaldo presupuestal. - De acuerdo con el Índice Simplificado para la Igualdad Sustantiva (ISAIS), el
porcentaje de cumplimiento promedio en la integración de perspectiva de género en los programas etiquetados en el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres es de apenas el 29%. - Los hallazgos del diagnóstico revelan deficiencias y retos importantes en materia de diseño de los programas, la incorporación de un enfoque interseccional, evaluación, seguimiento y transparencia.
La Red por una Política Fiscal Feminista (RPFF) presenta sus hallazgos del diagnóstico sobre el presupuesto público para promover la igualdad sustantiva, revelando que la asignación actual de recursos federales no propicia una reducción efectiva de las brechas de género.
A través del Anexo 13. Erogaciones para Mujeres y Hombres la Federación cuantifica los recursos públicos asignados para el avance en la igualdad sustantiva en México. La creación de este instrumento fue resultado de la presión coordinada de organizaciones feministas, legisladoras comprometidas y actores de la sociedad civil y cuya materialización significó el reconocimiento de que la igualdad de género no se puede lograr si no es una prioridad presupuestal.
Sin embargo, casi dos décadas después de su surgimiento, esta herramienta presupuestal sigue presentando retos importantes tanto en su diseño como su instrumentación para que verdaderamente logre una transformación de las causas estructurales de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.
En primer lugar, a pesar de que el Anexo 13 cuenta con más de 508 mil millones de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, los resultados del análisis realizado con la construcción del Índice Simplificado para la Igualdad Sustantiva muestran una preocupante desconexión entre la presupuestación y su efectividad para reducir las brechas de género.
Muestra de ello es que los programas que concentran el mayor presupuesto son también, paradójicamente, los que menos cumplen con criterios de igualdad. Por ejemplo, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que recibe casi la mitad del total del Anexo 13, apenas alcanza una calificación de 23% en el ISAIS. En contraste, el programa mejor evaluado, PAIMEF, con una calificación de 76%, representa menos del 0.01% del presupuesto.
El análisis también reveló profundas deficiencias en el diseño institucional de los programas. Solo uno de cada cuatro ha sido evaluado con perspectiva de género y menos del 30% brinda apoyos diferenciados para mujeres. Esta falta de evaluación limita la posibilidad de mejorar las políticas públicas y medir su impacto real.
Además, el enfoque interseccional sigue siendo una deuda pendiente. Aunque más de la mitad de los programas reconocen otras desigualdades, apenas tres de cada diez identifican la importancia de la coordinación interinstitucional, lo que fragmenta los esfuerzos y reduce su eficacia.
En términos de orientación a resultados, la situación es crítica: solo 12.2% de los programas incluye indicadores estratégicos de igualdad de género, y únicamente el 15.4% identifica los obstáculos específicos que enfrentan las mujeres. Esto evidencia que las políticas públicas no están diseñadas para transformar las desigualdades estructurales.
La transparencia también es limitada. Si bien todos los programas publican información presupuestaria, solo el 31.5% reporta datos desagregados por sexo, y apenas el 22.1% ha sido auditado en los últimos cinco años. A ello se suma la ausencia de una metodología pública que explique cómo se decide qué programas forman parte del Anexo XIII.
Finalmente, aunque el 87% de los programas presenta cierta alineación con estrategias nacionales, su sostenibilidad es frágil. Menos de la mitad ejecuta al menos la mitad de su presupuesto en los primeros seis meses del año, y solo el 44.4% está vinculado al Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD).
Los resultados demuestran que en México, el presupuesto para la igualdad sustantiva aún no está cumpliendo con su objetivo. Por ello, es urgente revisar la manera en que se diseñan, evalúan y ejecutan los programas públicos, y avanzar hacia una política fiscal verdaderamente feminista que garantice justicia y equidad para todas las personas.
La Red por una Política Fiscal Feminista está conformada por 17 organizaciones de la sociedad civil y 2 personas a título independiente. Creada en 2024, busca avanzar hacia un sistema fiscal que contribuya a reducir de manera efectiva las brechas de género. Esta investigación busca contribuir a las discusiones del Paquete Económico 2026 en adelante, en aras de garantizar que el presupuesto público opere como una herramienta transformadora e igualadora.
