• El actual es uno de los sistemas electorales más caros del mundo y da lugar a duplicidad de funciones
• Reducir el número de personas consejeras y magistradas electorales, así como su periodo de ejercicio en el cargo y eliminar su reelección, algunas de las propuestas
• Asimismo, establece la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas en sustitución del INE, con la tarea de absorber todas las funciones de los OPLE
La reforma constitucional que en materia electoral plantea el Ejecutivo federal como parte
del paquete de iniciativas que envió el pasado 5 de febrero a la Cámara de Diputados tiene
la finalidad de fortalecer la democracia en el país.
Durante la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, detalló que el Gobierno
de México sustenta la necesidad de cambiar el actual sistema electoral por tres razones
fundamentales:
1. El sistema electoral mexicano es uno de los más caros del mundo
El costo de las instituciones electorales por persona (en dólares) es: Estados Unidos, 23.8;
Canadá, 9.3; México, 9.07; Perú, 7.3; Nicaragua, 7.3; Ecuador, 6.1; Guatemala, 6; Argentina, 5.6;
Chile, 5.3; Brasil, 4 y Colombia, 2.7.
Los 33 órganos electorales existentes en el país -el Instituto Nacional Electoral (INE) y 32
locales- tienen un presupuesto conjunto de 49 mil 838 millones de pesos (mdp) para 2024.
Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene un
presupuesto de tres mil 622 mdp. Los partidos políticos nacionales recibirán 10 mil 444 mdp,
y los partidos locales, ocho mil 390 mdp, es decir, un total de 18 mil 834 mdp. El
financiamiento público para las elecciones de 2024 asciende a 72 mil 294 mdp.
2.- Duplicidad de funciones
Entre el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), tiene lugar la duplicidad
de funciones, debido a que los institutos estatales llevan a cabo sus propias elecciones.
Igualmente sucede con el TEPJF, que resuelve todos los asuntos que llegan a los tribunales
electorales estatales.
Ante ello, el planteamiento de reforma del Ejecutivo federal propone:
• Reducir a la mitad el financiamiento ordinario y de campañas de los partidos
políticos.
• Eliminar por completo el financiamiento para actividades partidistas específicas, lo
cual generará ahorros superiores a 32 mil mdp en el periodo de 2025 a 2030.
• Creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) en sustitución del
INE y con la tarea de absorber todas las funciones de los OPLE.
• Fortalecer al TEPJF, que absorbería las funciones de los 32 tribunales electorales.
Con ello, se podrá reducir el número de 11 a nueve consejeras y consejeros, y que su periodo
ya no sea de nueve años, sino de seis, y esa misma reducción para las magistradas y los
magistrados electorales; en ambos casos, sin posibilidad de reelección.
Un elemento fundamental de esta iniciativa de reforma es que tanto consejeros como
magistrados sean electos por voto popular; «hoy conocemos que estas negociaciones se
dan en la cúpula de los partidos, se dividen a través de cuotas, te tocan tantos magistrados,
te tocan tantos consejeros electorales y eso ha trastocado nuestra democracia.
«Democracia directa, que sea la ciudadanía los que elijan quiénes son los consejeros que
integran al INEC y quiénes serán los magistrados y magistradas que integren el Tribunal
Electoral; esto se hará junto con la otra propuesta del Poder Judicial en una elección
extraordinaria, que de aprobarse la reforma se llevaría a cabo el próximo año.”
Por el otro lado, eliminar 200 diputaciones y 64 senadurías plurinominales que no se eligen
por voto directo.
Con lo anterior, el Congreso quedaría con 300 diputadas y diputados y con 64 senadoras y
senadores, todas y todos electos por el principio de mayoría relativa en los distritos y en los
estados que representen, lo que garantiza arraigo, legitimidad y rendición de cuentas.
Para el caso de las entidades federativas también se plantea que se eliminen las y los
diputados plurinominales, en total 459, aunado a que los estados con menos de un millón
de habitantes tendrán hasta 15 diputaciones, mismos que podrán ir incrementando en uno
por cada 500 mil habitantes, hasta un máximo de 45.
Se reduce el número de regidores y concejales. Solo habrá una sindicatura por
ayuntamiento, y hasta nueve personas regidoras y concejales, en función al número de
habitantes del municipio o la alcaldía.
3.- Fortalecer la democracia con consultas populares y la revocación de mandato
• Se reduce de 40 por ciento a 30 por ciento el porcentaje de participación requerido
para que sean vinculantes, es decir, el equivalente a 30 millones de votos.
• Las consultas se realizarán el mismo día de las elecciones ordinarias (cada tres años
en consultas populares, y cada elección intermedia en revocación de mandato).
• Se permite que los temas electorales y las obras de infraestructura puedan ser
consultados.
• Permitir el registro de nuevos partidos políticos cada tres años.
• Las organizaciones ciudadanas podrán registrarse como partidos políticos cada 3
años antes del proceso electoral, y no cada seis años después de las elecciones, como
sucede actualmente.
