Primero, quiero expresarles a todos mi beneplácito de que estén aquí.
Hemos decidido hacer memorias de todo lo que se esté aquí diciendo. Cada una de las participaciones de jueces, distritos, ministros, estudiosos del derecho, universitarios, las revisamos puntualmente, todas.
A mí me convocaron a las 11 de la mañana y tenía otro Foro, en otro estado, porque estamos desarrollando Foros en todo el país, porque es una reforma profunda.
La primera Constitución de México, que tuvo aplicación, la de 1824, cumplió 200 años, cumple este año. Desde entonces, en las distintas constituciones promulgadas, la relación entre los tres Poderes fue aceptable y de colaboración; salvo en algunos momentos que registra la historia, cuando se presentaron presagios de tormenta y conflictos que finalmente se resolvieron y atenuaron.
En la mayor parte de estos 200 años, salvo momentos de lucidez e independencia en ciertas épocas, se había aceptado la colaboración entre Poderes, entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial e incluso implícitamente se admitía la subordinación del Judicial al Ejecutivo e incluso del Legislativo al Ejecutivo; dado que la influencia de este último era preponderante para la designación de los ministros de la Corte y la de éstos, a su vez, en relación con jueces y magistrados, pues recaía en aquéllos aplicar su decisión vertical.
La Corte se fue alejando del ideal de justicia, profundizando el nepotismo y el Poder Judicial, al punto de que circuitos completos pertenecían a una sola familia; y con ello el tráfico de influencias, la corrupción y la venta de la justicia al mejor postor, sí ocurrió y sigue ocurriendo actualmente.
La reforma de Ernesto Zedillo, de despedir con pensiones vitalicias atractivas a los 26 ministros en funciones y nombrar a un nuevo cuerpo de 11 ministros, despertó la esperanza de que la impartición de justicia mejoraría y que la obligación de hacerlo de manera pronta y expedita, dejaría de ser letra muerta.
No fue así, y se profundizaron tanto el aislamiento social como el deterioro de la impartición de justicia. La Suprema Corte se fue convirtiendo en una élite poderosa e inatacable, intocable también; llena de privilegios y alejada de la sociedad, distante de los sentimientos de los justiciables.
En el 2018 irrumpe en la sociedad una alternativa política que se fue traduciendo en un cambio de régimen y en una transformación de las instituciones. Muchos de los actores sociales, económicos y políticos creyeron que la llegada de Andrés Manuel López Obrador al Gobierno, sería más de lo mismo y que como ocurrió en el 2000 con Vicente Fox, continuaría el mismo estado de cosas en México.
Se equivocaron quienes presagiaron esta situación, y poco a poco se dieron cuenta de que el inicio del cambio de régimen y la transición política era real y profunda.
Así, habiendo muchos pendientes en la República, el presidente aplicó sus prioridades: la política social humanista, la distribución equitativa de la riqueza, la separación entre el poder económico y el poder político; la aplicación de la austeridad como política de Estado y la política de bienestar como uno de los imponderables. Además de la rendición de cuentas por parte de todos los sectores, incluyendo el sector empresarial o de todas las personas contribuyentes, sin importar su poderío o su influencia.
Es decir, atendió primero la casa propia, el elefante reumático al que se refirió de manera frecuente y detonó un gasto social a las inversiones como obras de desarrollo emblemáticos: La refinería, los aeropuertos, las carreteras, el Tren Maya, el Interoceánico y muchas otras obras más.
Y en el primer tramo de gobierno del presidente López Obrador, la relación con el Poder Judicial fue institucional, sin sobresaltos, sin excesos. Sin embargo, no faltaron iniciativas y propuestas para mejorar la impartición de justicia.
Siendo Presidente de la Corte el hoy ministro en retiro Arturo Zaldívar, le planteó, o se planteó una Reforma insuficiente, incompleta, para que caminara el Poder Judicial.
El Mandatario nacional hizo suya la propuesta y prosperó en el Congreso de la Unión, aprobamos las reformas. No obstante, dejó insatisfechos a muchos, a muchas personas que pensábamos que se requería una mayor profundidad.
Una expresión que solía usar el Presidente de la República era: “El Poder Judicial tiene que autorreformarse, autorregularse. Confío en que así sucederá”.
No había por qué dudar de esta parte y en el primer tramo de gobierno no había intención, no la hubo, de reformas profundas como la que ahora discutimos. Porque había una relación de respeto, de colaboración entre los Poderes.
Varias veces comenté en mi trato frecuente con el Presidente, la necesidad de presentar iniciativas para reformar este Poder, pero él no compartía tal parecer. Con él, dialogamos profundamente.
Fue hasta el cambio de la Presidencia, en la Corte, cuando concluido el mandato del Presidente Zaldívar, y tras el nombramiento de la nueva Presidenta, comienza a cambiar la relación entre Poderes y escudándose en que se debía mantener autonomía e independencia, se empieza a tensar la relación.
Los signos y actos jurisdiccionales emitidos por los tribunales, comienzan a separarse y a distanciare de lo que era una relación institucional.
La opinión sobre temas emblemáticos de Estado, y la invasión frecuente por parte del Poder Judicial a los trabajos o determinaciones del Ejecutivo y del Legislativo, comenzaron a deteriorar la relación.
Hoy mismo, el fin de semana, un juez federal ordena al Tribunal Federal Electoral, que goza de plena autonomía, nombre en 24 horas a dos magistrados electorales.
Esa no es su facultad. Invade la facultad del Poder Legislativo e invade la facultad del Tribunal Electoral, y eso nos hace pensar la necesidad de una Reforma que acote los abusos de los jueces de distrito y de aquellos que se supone imparten justicia.
La Reforma Judicial es indispensable. La falta de pericia, entendimiento racional e inteligencia política de quien representaba a la Corte y representa, provocó y provoca que la rispidez y la mala relación fueran un constante en los asuntos públicos que a los Poderes les quedaban atribuidos de acuerdo con la Constitución y la Ley.
Esto detonó que el presidente López Obrador, el 5 de febrero, en base a sus facultades, presentara 20 iniciativas de Reforma a la Constitución y a Leyes Reglamentarias, la que también contempla reformas al Poder Judicial, 16 artículos de la Carta Magna y 11 transitorios.
La Reforma al Poder Judicial fue recibida con esperanza por muchos sectores de la población que veían imposible el acceso a la justicia, intocable la impunidad y la justicia vendida al mejor postor.
Pero, también, el día de la presentación y posteriormente, el Poder Judicial y sus afines expresaron inconformidad, protestas, y, hasta donde recuerdo, una actitud fuera de lo normal, diciendo que jamás lograríamos la mayoría calificada y por tanto era quimera los que nos proponíamos.
Incluso algunos miembros del Poder Judicial y actores políticos señalaron que era un fracaso y que sería un fracaso las reformas planteadas, y que seguirían la misma suerte de algunas de las reformas que el presidente había planteado en la Legislatura pasada; dado que no teníamos mayoría calificada.
Concluyo. Es que es un relato importante.
Pero fue grande la sorpresa, dado que el pueblo nos dio el poder reformador de la Constitución. Claro, estamos escuchando, dialogando.
Tengo una serie de reflexiones más profundas, pero no quiero abusar del tiempo. Voy a estar pendiente.
Me alegra, rector, que sea aquí, este lugar donde estemos deliberando con respeto. Sé que hay jueces locales, federales, magistrados, estudiosos del derecho.
Sé que hay diputados, senadores, legisladores a los que les va a corresponder reformar la Constitución, en su caso.
Por eso felicito a los organizadores, a las organizadoras. A la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezada por Juan Ramiro Robledo.
A Nacho Mier, que somos los corresponsables en todo el desarrollo de estos foros.
Sólo les digo una cosa a todos los miembros del Poder Judicial y al Sindicato, que hace un rato saludé a su dirigente:
El Sindicato, los trabajadores, no tendrán una sola, una sola reforma que les afecta. No hay en los 16 artículos y los 11 transitorios, algo que les arrebate sus derechos y conquistas. Los trabajadores y sus derechos están a salvo.
Y a los ministros, a los magistrados y a los jueces les decimos: van a poder participar en el proceso electivo, no están excluidos y vamos a poder, eso sí, señalar modalidades al proceso de elección. A filtros, para que la calidad de quienes sean impartidores de justicia no se olvide, filtros, facultades que podemos lograr para que vayan los mejores a estos puestos, que serán de elección popular, integrantes del Poder Judicial Federal.
Nos falta un largo tramo, pero les puedo decir, aquí en Jalisco, tierra de juristas: Ignacio Luis Vallarta, gran jurista, y otros, Mariano Otero, aunque Crescencio Rejón no era de aquí, simpatizaba mucho con los jaliscienses y muchos otros juristas, García Salinas, que siendo de Zacatecas simpatizaba con Jalisco. O Valentín Gómez Farías, que era jalisciense, pero fue vicegobernador en Zacatecas y presidente del Partido Liberal en el país, y presidente de la República.
Jalisco tiene, es cuna de grandes liberales, y estoy seguro de que aquí habrá un eco a esta reforma.
Una disculpa y muchas gracias.
