ASÍ LAS COSAS
Por Adolfo Prieto
La Cuarta Transformación prometió acabar con la corrupción, el influyentismo, el tráfico de influencias y el nepotismo. Prometió una limpieza profunda del sistema, una refundación ética de la vida pública. Dijo que ya no se heredarían los cargos como si fueran propiedades familiares. Se vendió como una revolución moral, pero bastaron unos años —y unos cuantos miles de millones en presupuesto— para revelar que lo único que cambió fue el apellido de los beneficiarios. Si antes eran los Montiel, los Salinas, los Moreira, ahora son los Monreal, los Batres, los Sandoval, los Taddei, el mismo guion, distinto disfraz.
Uno de los emblemas de esta hipocresía institucionalizada es Beatriz Gutiérrez Müller, quien recientemente soltó una perla en medio de su molestia por críticas en redes: “Pues yo creo que hay que esperar sentados porque así como avientan la piedra, esconden la mano… Una buena: entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia”.
El subtexto no puede ser más inquietante: ahora que viene un Poder Judicial hecho a medida de la 4T, “acordeonado”, los críticos podrán ser denunciados y castigados, no por calumniar, sino por incomodar. Pero más allá del tono autoritario y revanchista, lo que resalta es el descaro con el que se invoca la justicia desde un movimiento que hace del nepotismo institucionalizado una doctrina de gobierno.
Nadie reproduce fielmente el poder por consanguinidad como el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en los últimos sexenios. Tomemos el caso de Ricardo Monreal, el veterano político zacatecano cuyo apellido en una franquicia electoral. Su hermano David Monreal es gobernador de Zacatecas; su otro hermano, Saúl Monreal, fue presidente municipal de Fresnillo y hoy es senador de la República por Zacatecas. Su hija, Catalina Monreal Pérez, fue impuesta como candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX), una de las demarcaciones más codiciadas del país. No ganó, pero su candidatura fue producto de un apellido, no de un mérito, por eso fue nombrada por la presidenta Sheinbaum como directora del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES); sin duda, la política para los Monreal es asunto familiar, no vocación pública.
No se queda atrás el clan Batres. Martí Batres, hoy al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es el rostro más visible de la familia, pero no el único. Su hermana Lenia Batres fue impuesta como ministra de la Suprema Corte, en un movimiento tan burdo como transparente: se trató de colocar a una leal incondicional en el máximo tribunal del país. Otra hermana, Valentina Batres, es diputada plurinominal por Morena. Lo que en cualquier democracia sería motivo de alarma, aquí es una victoria de la izquierda. La familia Batres controla espacios estratégicos del poder político y judicial. ¿Quién necesita separación de poderes cuando se tiene unidad familiar?
No puedo omitir a Ernestina Godoy, ex fiscal de la CDMX y actual consejera jurídica de la Presidencia. Godoy sabe colocar a los suyos con precisión quirúrgica: su hija, Claudia Cecilia Gómez Godoy, trabaja en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde desempeña funciones relacionadas con el proyecto de la presa El Zapotillo; su hermana, Alma Guadalupe Godoy Ramos, ocupa un cargo en la Comisión Nacional Forestal; y su yerno, Guadalupe Espinoza Sauceda, fue designado magistrado del Tribunal Agrario. Tres nombramientos, una sola red. Todo perfectamente legal y absolutamente inmoral.
¿Y qué decir de Guadalupe Taddei Zavala, actual presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE)? Su caso es digno de un estudio sobre captura institucional por parentesco. Su sobrino, Pablo Daniel Taddei Arriola, fue designado como director de la empresa estatal Litio MX, una joya estratégica del gobierno. Su sobrina Ivana Celeste Taddei, fue diputada local en Sonora por Morena. Y su hijo, Luis Rogelio Piñeda Taddei, en 2025 fue nombrado secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. También trabajó en la Suprema Corte en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa durante 2024. Aquí no hay una familia sirviendo al país: hay un aparato familiar incrustado en las estructuras clave del poder. ¿Y todavía se atreven a hablar de meritocracia?
El nepotismo no es accidental ni aislado, es estructural, una política no escrita del obradorismo. Como se puede ver en la designación de Luisa María Alcalde —ex secretaria del Trabajo, ex titular de Gobernación y actual presidenta nacional de Morena—. Su hermana, Bertha María Alcalde Luján, es fiscal general de justicia de la CDMX desde enero de 2025. Antes de eso, fue directora general del ISSSTE durante 2024 y Jefa de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Su madre, Bertha Luján Uranga, fue presidenta del Consejo Nacional de Morena entre 2015 y 2022, aunque actualmente no ocupa ningún cargo público ni partidista.
Tampoco escapan los hijos de Andrés Manuel López Obrador: José Ramón López Beltrán, célebre por vivir en una casa en Houston propiedad de un contratista de Pemex, sin tener ningún cargo público pero con agenda propia y acceso privilegiado. Andrés Manuel López Beltrán (Andy), señalado como operador político en decisiones estratégicas dentro del partido Morena y en el diseño de candidaturas. Gonzalo Alfonso López Beltrán, el menos visible, participa en proyectos prioritarios. Ninguno ha sido electo, todos tienen influencia, digamos que son la élite no oficial de la 4T. El apellido es su credencial.
Alejandro Encinas, ex subsecretario de Derechos Humanos, colocó a su hijo, Alejandro Encinas Nájera, como subsecretario de Buen Gobierno en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Rodrigo Abdala Dartigues, delegado de programas sociales en Puebla, vinculado familiarmente a Manuel Bartlett, aunque esta relación no está oficialmente confirmada. Adán Augusto López, actual senador y figura clave de la 4T, ha contado con la presencia de su hijo, Augusto Andrés López Estrada, en tareas legislativas dentro de la Cámara de Diputados, donde ha colaborado como asistente parlamentario para la bancada de Morena. Y Pedro Álvarez Icaza, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, impulsó a su hija, Julia Álvarez Icaza, como secretaria de Medio Ambiente en CDMX. El gobierno parece más una gran reunión familiar que una administración pública.
Pablo Gómez, histórico dirigente de izquierda y figura “respetada” durante décadas por su lucha contra la corrupción y el autoritarismo priista, también cayó en las prácticas que tanto criticó. Desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) guardó silencio mientras su hija Catalina Monreal Pérez ha ocupado cargos en el gobierno capitalino. Pero no es la única. Su esposa, Elvira Concheiro Bórquez, fue tesorera de la Federación hasta febrero de 2025 y actualmente es subsecretaria de Igualdad Sustantiva en la Secretaría de las Mujeres; su hijo, Argel Gómez Concheiro, es encargado de despacho de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; su sobrina, Galia Borja Gómez, es subgobernadora del Banco de México; su cuñado, Francisco Luciano Concheiro Bórquez, fue subsecretario de Educación Superior en la SEP y actualmente funge como titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM); otro cuñado, Juan Concheiro Bórquez, es director de la Gaceta Parlamentaria en la Cámara de Diputados; y su prima política, María de los Ángeles Comesaña, es vicepresidenta del Ateneo Español de México, no ocupa un cargo en la Secretaría de Infraestructura. Así, quien en su momento denunció el saqueo del sistema, hoy permite que su propio apellido se beneficie de él. Una ironía brutal, pero tristemente coherente con la tónica de esta administración.
No son casos sueltos. Son síntomas de un sistema que premia la cercanía familiar por encima del talento. Donde las oportunidades no se ganan, se heredan. Donde la política se convierte en negocio familiar. Y mientras tanto, desde Palacio Nacional se insiste en que “no somos iguales”; ¡no, claro que no! Son peores porque lo hacen envueltos en una narrativa moralista, predicando honestidad desde trincheras plagadas de compadrazgos.
Y lo más insultante es cómo justifican este nepotismo. “Tiene derecho, es ciudadano”, dicen. Como si ser ciudadano fuera sinónimo de estar calificado para administrar presupuestos multimillonarios, gobernar estados o dirigir organismos autónomos. En cualquier otra parte del mundo, esos argumentos serían ridiculizados, en México se presentan como verdades reveladas. El cinismo es doctrina de Estado.
No se trata solo de Morena. El nepotismo infecta a todos los partidos políticos. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo convirtió en una práctica institucionalizada; el Partido Acción Nacional (PAN) lo normalizó con el caso de los Calderón-Zavala, donde el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita ocuparon cargos de alto perfil; y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo refinó en sus feudos regionales, donde liderazgos locales consolidaron redes familiares de poder. México lleva décadas gobernado por apellidos que se reciclan, que se suceden, que se eternizan. Lo intolerable es que Morena tuvo éxito al prometer el fin de ese sistema… y lo único que hizo fue profundizarlo.
La diferencia con el pasado es que antes el nepotismo se ocultaba con vergüenza; ahora se justifica con orgullo. La transformación no erradicó las prácticas del viejo régimen: las abrazó, las maquilló de izquierda y las presentó como justicia histórica.
Y aun así, hay gente que defiende ciegamente a la 4T, repitiendo los mismos errores de los despistados que se desvivían por justificar al PRI, al PAN o al PRD, con el argumento infame de que “los anteriores eran peores”. Esa frase miserable les sirve como excusa para tolerar que unos cuantos se repartan el poder y la riqueza de forma descarada. Es grotesco ver a los aludidos justificar el nepotismo con argumentos de cuarta, apelando a una ética autoproclamada que en los hechos es pura palabrería. Porque no sólo se trata de ambición desmedida: sino de una educación moral putrefacta, de una soberbia que convierte la transa en “lucha” y el compadrazgo en “justicia social”.
Así que, sí: sentémonos a esperar, como dijo Beatriz Gutiérrez. Sentémonos a ver cómo se “hace justicia” con un Poder Judicial subordinado. Sentémonos a ver cómo se reparten los cargos entre familiares, cónyuges, hijos, sobrinos y yernos. Sentémonos, porque de pie, el cinismo es demasiado alto como para no tambalearse.
Pero sobre todo, no olvidemos. Porque el país no necesita otra transformación familiar, necesita una purga ética. Y en esa, el primer paso es sacar del poder a todos los que creen que la política se hereda como un apellido. Ahí sí, que se haga justicia. Pero de verdad.
¡Hasta la próxima!
