Lo Que No Hacen Los Buenos
Por Efraín Delgadillo Mejía
La iniciativa de Claudia Sheinbaum para exigir nacionalidad única a quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México parece, en su superficie, una reforma técnica. No lo es. Al modificar los artículos 82, 116 y 122, el poder no sólo discute requisitos de elegibilidad: redefine quién merece ser considerado plenamente mexicano. La pregunta de fondo no es cuántos pasaportes puede tener una persona, sino cuánta desconfianza puede sembrar el Estado sobre sus propios ciudadanos.
El argumento oficial invoca soberanía y conflictos de interés. Conviene tomarlos en serio, pero no convertirlos en coartada. Una cosa es exigir transparencia; otra, fabricar una ciudadanía bajo sospecha. México reconoce la doble nacionalidad desde los años noventa porque la migración ya había dictado sentencia antes que el legislador: la identidad moderna no cabe en una sola frontera. La doble nacionalidad no divide a México; lo conecta. Lo conecta con remesas, universidades, laboratorios, escenarios, mercados, lenguas, familias binacionales y redes que ningún decreto podría inventar. Convertir esa riqueza en sospecha no es patriotismo: es miedo disfrazado de Constitución.
La comparación internacional confirma el giro ideológico. Hay Estados que cierran la puerta: Afganistán exige que su presidente no sea ciudadano de otro país; Argelia pide nacionalidad argelina exclusiva de origen. México, si avanza por esa ruta, se acercaría a una lógica restrictiva más propia de democracias desconfiadas que de repúblicas seguras de sí mismas. Estados Unidos, en cambio, exige que el presidente sea “natural born citizen”, pero no prohíbe expresamente la doble ciudadanía. La diferencia es decisiva: una cosa es cuidar que el jefe de Estado tenga vínculo originario con el país; otra, castigar a un mexicano por haber construido una vida también fuera. Una democracia madura mide lealtades con actos; un poder inseguro las mide con papeles. Cuando el Estado teme a un pasaporte, confiesa la debilidad de sus instituciones.
La historia cultural mexicana demuestra que la identidad nacional siempre ha sido más porosa que sus guardianes. Paco Ignacio Taibo II nació en Gijón y se volvió una voz mexicana; Elena Poniatowska nació en París y escribió como pocas la vida íntima del país; Carlos Fuentes nació en Panamá y convirtió la extranjería diplomática en una literatura de pertenencia; Leonora Carrington, británica naturalizada mexicana, y Remedios Varo, española exiliada, ayudaron a imaginar un México que no existía antes de ellas. En la música, Alondra de la Parra, nacida en Nueva York, representa a México en escenarios internacionales. La nación que presume a sus talentos cosmopolitas no puede tratarlos como sospechosos cuando la política entra en escena.
La riqueza de la doble nacionalidad no es abstracta. Un científico con dos patrias abre laboratorios; una artista con dos lenguas ensancha públicos; un empresario migrante conecta mercados; un deportista binacional transforma una biografía partida en orgullo común. Renan escribió que la nación es “un plebiscito de todos los días”: voluntad compartida, no examen de pureza. El pasaporte no es el corazón; apenas es el papel que pretende certificarlo. Quien exige pureza documental suele olvidar que México ha sido construido también por exilios, retornos y huidas.
Por eso la reforma agravia, sobre todo, a quienes se fueron no por privilegio sino por necesidad. A los migrantes en Estados Unidos se les llama héroes cuando envían remesas, sostienen pueblos, pagan fiestas patronales, levantan casas y mantienen vivas economías enteras. Pero cuando se habla de derechos políticos, el mensaje cambia: su mexicanidad parece venir con letra chiquita. Héroes para mandar dólares, sospechosos para reclamar derechos. El Estado les dice: tu dinero sí cruza la frontera con honores; tu ciudadanía, no. Amar dos tierras no debería convertir a nadie en medio mexicano. La patria no puede aplaudir al migrante en la economía y borrarlo en la democracia.
El caso de Ricardo Salinas Pliego vuelve inevitable la lectura política. La versión oficial habla de conflictos de interés y cita precedentes como Francisco García Cabeza de Vaca; Salinas sostiene que buscan cerrarle el paso. No hay prueba pública de que la iniciativa haya sido escrita sólo para él. Esa precisión importa. Pero también importa el contexto: en política las dedicatorias no siempre se firman; a veces se reconocen por el calendario, el beneficiario y el adversario al que dejan fuera. Si una regla general nace mirando a un enemigo particular, la Constitución deja de ser pacto y se vuelve arma. Una Constitución no debería escribirse con destinatario oculto ni con adversario en mente.
Ahí está el rasgo más inquietante: la reforma habla el idioma de la derecha nacionalista. Esa derecha imagina la nación como fortaleza, sospecha del migrante, desconfía de lo cosmopolita y confunde pertenencia con homogeneidad. Carl Schmitt veía lo político como distinción entre amigo y enemigo; esa lógica aparece cuando una segunda nacionalidad se vuelve marca de duda. Cuando la izquierda adopta el miedo identitario de la derecha, no protege al pueblo: administra exclusiones con bandera nacional. La pureza nacional siempre empieza como consigna y termina como cerrojo.
Regular conflictos de interés es indispensable. Puede exigirse declaración patrimonial, residencia efectiva, transparencia fiscal, incompatibilidades militares y renuncia verificable cuando el caso lo amerite. Pero prohibir de modo amplio es rendirse a la sospecha. Tocqueville advirtió que la mayoría puede convertir su fuerza en tiranía; Montesquieu recordó que las leyes inútiles debilitan las necesarias. La soberanía se protege con instituciones fuertes, no con vetos escritos para calmar miedos políticos.
El costo recaerá también sobre el partido en el poder. Si Morena gana después de reducir quién puede competir, sus triunfos futuros parecerán menos fruto de persuasión popular que consecuencia de haber rediseñado la cancha. Ganarle al adversario es democracia; impedirle llegar a la boleta es miedo con trámite legislativo. La legitimidad no se hereda de una mayoría: se renueva cuando esa mayoría acepta competir sin mover las porterías. Una victoria obtenida después de cerrar puertas siempre deja olor a derrota moral.
México no necesita una ciudadanía de sospecha. Necesita reconocer a quienes nacieron aquí, crecieron allá, huyeron por pobreza, volvieron por amor, aprendieron otra lengua o hicieron patria desde lejos. El país que vive de sus migrantes no debería tratarlos como mexicanos de segunda cuando la discusión deja de ser económica y se vuelve política. La patria no se achica porque un mexicano tenga dos pasaportes; se achica cuando el Estado decide que sólo una forma de ser mexicano merece gobernar. Entre la nacionalidad como compromiso cívico y la nacionalidad como prueba de pureza, la primera fortalece a la República; la segunda empobrece a la nación que dice defender.
