ASÍ LAS COSAS
Por Adolfo Prieto
Durante décadas han desfilado personajes ineficaces e ineficientes en puestos de primer
nivel en el gobierno mexicano, cuando es por muchos sabido que la eficacia de un
gobierno depende sustancialmente de la competencia y la preparación de aquellos que
ocupan roles clave en la administración pública.
Con frecuencia se presentan situaciones en las que diversos individuos carecen de
habilidades y preparación necesarias para desempeñar adecuadamente sus funciones; por
ello, la ineptitud en puestos gubernamentales no solo afecta al individuo en cuestión, sino
que también tiene consecuencias significativas para la sociedad en general, ésta última
con gran culpabilidad cuando está en sus manos elegirlos o no, mediante su voto, sin
siquiera cuestionarse si realmente son idóneos para el cargo.
La ineptitud en puestos gubernamentales puede conducir a decisiones erróneas o mal
informadas, lo que sucede con demasiada frecuencia y es el pueblo el que paga las
consecuencias. Sin duda, esto tiene el potencial de afectar políticas públicas, programas
sociales y otros aspectos críticos que impactan directamente en la vida de los ciudadanos.
La falta de competencia en roles gubernamentales puede socavar la confianza de la
población en las instituciones, lo cual ya es un hecho en esta administración sexenal, y lo
fue en las anteriores. La percepción de que los funcionarios carecen de la preparación
adecuada y de que realmente sirven para todo menos para el puesto que les fue asignado,
genera escepticismo y descontento entre la ciudadanía.
La falta de capacidad y conocimientos pueden traducirse en una gestión deficiente de los
recursos públicos, llevando a un desperdicio de fondos y a la ejecución ineficiente de
proyectos como lo hemos visto con la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles, por mencionar solo algunos. Esto no solo perjudica al
presupuesto gubernamental, sino que también limita la capacidad del gobierno para
cumplir con sus responsabilidades. Insisto, no solo de este gobierno sino de todos los
anteriores.
De ahí que surjan personajes que actualmente los podemos ver como ministros, como
dirigentes nacionales de partidos políticos, como gobernadores, como legisladores,
etcétera, cuya falta de preparación aumenta no solo el riesgo de corrupción en la
administración pública, sino en la mala aplicación de la ley. Los funcionarios ineptos
pueden ser más susceptibles a prácticas corruptas debido a su falta de comprensión o a la
presión de terceros interesados.
Con total cinismo nos muestran su incapacidad para comprender y ejecutar políticas de
manera efectiva que puede llevar a un estancamiento en el progreso y en la resolución de
problemas sociales. Esto afecta directamente, como lo hemos visto y lo estamos viendo, a
la calidad de vida de los ciudadanos y a la capacidad del gobierno para abordar los
desafíos existentes.
La ineptitud en puestos gubernamentales representa un desafío significativo para la
eficacia y la legitimidad de las instituciones gubernamentales, pero debido al
compadrazgo, al amiguismo, al nepotismo, dudo mucho que se puedan erradicar, aunque
se simule que los procesos de selección y evaluación sean rigurosos y objetivos, lo que
deja abierta la puerta para que cualquiera pueda ocupar cargos públicos, aunque no esté
debidamente preparado.
La capacitación continua y el desarrollo profesional son elementos clave para garantizar
que los servidores públicos mantengan las habilidades necesarias a lo largo del tiempo.
Abordar la ineptitud en la administración pública no solo mejora el desempeño del
gobierno, sino que también contribuye a fortalecer la confianza de la sociedad en sus
instituciones, pero es algo que los que están en el poder, y pueden tomar decisiones, no
quieren hacer.
La Triple R de Andrés Manuel López Obrador: No Mentir, No Robar, No Traicionar al
Pueblo de México pretende justificar el nombramiento de varios servidores públicos que
carecen de preparación y cuyas designaciones se deben a que por lo menos “tienen tales
virtudes”, que, con la mano en la cintura, se las pasan por alto siempre y cuando le sean
leales al gobernante en turno.
La vigencia y el éxito de estas tres reglas éticas dependen en última instancia de la
coherencia entre el discurso y la práctica, coherencia que rara vez vi, veo y veré en varios
servidores públicos, empezando por el primer mandatario.
Hasta la próxima.
