•98 días sin avance judicial: Desde el 16 de octubre de 2025, el proceso permanece detenido, generando revictimización para la familia de Miguel Ángel Rojas Hernández.
•La representación legal solicita la intervención del Tribunal de Disciplina Judicial y presentará queja formal.
A 98 días de que debió celebrarse la audiencia inicial, el proceso penal por la muerte de Miguel Ángel Hernández Rojas, fotoperiodista víctima de una negligencia ocurrida el 5 de abril de 2025 durante el festival AXE Ceremonia, permanece detenido por una resolución judicial que impide el inicio formal del proceso.
A pesar de que la Fiscalía cuenta con datos de prueba suficientes para imputar responsabilidades penales a tres empresas y ocho personas físicas, la audiencia inicial no ha podido celebrarse.
El pasado 15 de octubre de 2025, la jueza Cuarto de Distrito en Materia Penal, María del Carmen Sánchez Cisneros, ordenó que no se llevara a cabo la audiencia inicial, derivado del juicio de amparo 853/2025, promovido por la representación legal de la familia Giles Rivera. Dicha determinación paralizó el proceso desde el 16 de octubre, fecha en la que debía realizarse la audiencia.
La audiencia inicial es el momento en el que la Fiscalía puede formular imputaciones, exponer los datos de prueba y activar el proceso judicial. Su cancelación implica que, en los hechos, no exista proceso penal.
En un primer momento, al resolver la suspensión provisional, la propia jueza determinó que frenar la audiencia inicial era jurídicamente inadmisible, al considerar que ello obstaculizaba el proceso penal, afectaba el interés social e impedía la función constitucional del Ministerio Público. Sin embargo, días después, al conceder la suspensión definitiva, ordenó que la audiencia no se celebrara hasta resolver el fondo del amparo.
Para la representación legal de la familia de Miguel Ángel, esta decisión no beneficia a las víctimas y genera un riesgo real de impunidad, al paralizar un proceso que ya estaba en condiciones de iniciar.
Asimismo, señalaron diversas irregularidades en la tramitación del amparo, entre ellas el cambio de criterio judicial, la falta de notificación adecuada de la audiencia constitucional, la limitación para ofrecer pruebas por parte de la familia de Miguel y la admisión de pruebas fuera de los plazos legales.
Por otro lado, la representación de la familia de Miguel aclaró que existen diferencias con la representación legal de la familia Giles Rivera puesto que esta ha sostenido que, mientras no se impute en esta primera audiencia a empresas como OCESA y la empresa de seguridad LOBO, debe detenerse todo el proceso penal. Esta postura ha sido utilizada para justificar la suspensión de la audiencia inicial.
Sin embargo, se aclaró que la Fiscalía puede ampliar imputaciones conforme avance la investigación, como ocurre de manera ordinaria en el sistema de justicia penal mexicano, sin que ello impida que el proceso avance respecto de quienes ya están en condiciones de ser imputados.
En ese contexto, la representación legal de la familia de Miguel planteó un cuestionamiento público:
“¿a quién protege la representación legal de la familia Giles Rivera cuando insiste en detener todo el proceso?”
Finalmente, hicieron un llamado al Tribunal de Disciplina Judicial para que analice la actuación de la jueza en este caso y reiteraron que la muerte de Miguel Ángel Hernández Rojas no puede quedar atrapada en un limbo judicial.
“La justicia que tarda en llegar no es justicia”
