ASÍ LAS COSAS
Por Adolfo Prieto
En los últimos años, hemos sido testigos de un giro significativo en la política
mexicana. El ascenso al poder de MORENA, encabezado por Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), cambió las reglas del juego en varios frentes. Sin
embargo, dentro de este panorama de promesas de cambio y justicia, se esconde
una realidad compleja y sombría: la relación entre el partido en el poder y el
crimen organizado, especialmente en un momento en el que muchos de los
actores políticos se encuentran bajo la lupa y, lo más importante, enfrentando la
posible factura que los criminales pueden cobrarles.
La llegada de MORENA a la presidencia en 2018 fue vista por muchos como la
promesa de un cambio radical frente a un sistema que históricamente había
favorecido a las élites y había sido permeado por la corrupción. AMLO, como líder
del partido, presentó su propuesta como una lucha contra la corrupción, el
narcotráfico y las injusticias sociales que han marcado la historia de México
durante décadas. Sin embargo, a medida que MORENA consolida su poder, crece
la preocupación de que, en su afán de consolidar su influencia política, algunos
miembros del partido puedan haber establecido acuerdos o incluso conexiones
con grupos del crimen organizado.
Pero el fenómeno más inquietante no es solo la relación que podría haber existido
entre MORENA y los cárteles. Se ha puesto en evidencia una nueva dimensión de
esta relación: el hecho de que ciertos políticos, que antes estaban alineados con
los grupos criminales, ahora parecen haberlos traicionado, rompiendo los pactos
implícitos que los unían.
Uno de los episodios más reveladores de esta dinámica acaba de ocurrir cuando
el gobierno de México tomó la decisión de “extraditar” hacia Estados Unidos a 29
narcotraficantes que estaban en cárceles mexicanas. Esta acción, a pesar de ser
celebrada por algunos como una victoria en la lucha contra el narcotráfico, deja
una marca indeleble en la política del país. Para muchos este movimiento se
percibe como una traición directa a aquellos actores políticos que durante años
han sostenido relaciones de complicidad con los cárteles.
La “extradición” de estos narcotraficantes es vista como una afrenta a los grupos
criminales que, bajo ciertos acuerdos tácitos, contribuyeron al ascenso de figuras
clave en el sistema político mexicano. Durante años, algunos políticos,
principalmente aquellos vinculados a los partidos tradicionales, habrían sido
respaldados por las organizaciones del crimen organizado a cambio de favores
políticos y un pacto de no agresión. Sin embargo, la decisión de enviar a estos
narcotraficantes a Estados Unidos es vista como un rompimiento de acuerdos,
dejando a los políticos de turno vulnerables a las represalias de los cárteles.
Los cárteles podrían estar dispuestos a cobrar la factura a aquellos que
consideran responsables de esta traición. Es un secreto a voces que los cárteles,
que durante años tuvieron cierta protección y colaboración con actores políticos,
no van a perdonar fácilmente el envío de sus líderes a Estados Unidos. Esta
situación coloca al gobierno de MORENA en una posición delicada, especialmente
cuando varios de sus miembros, como Claudia Sheinbaum, podrían estar
asociados con este tipo de pactos.
El ascenso de Sheinbaum al poder no está exento de controversia. Existen
indicios que sugieren que durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad
de México, ciertos actores vinculados al crimen organizado pudieron haber jugado
un papel en su consolidación política. Esto no es solo un rumor: la cercanía de
Sheinbaum con sectores del poder económico y su manejo de las fuerzas de
seguridad, primero como jefa de gobierno y después como presidenta de México,
son objeto de escrutinio.
Ahora, con los cárteles potencialmente buscando vengarse de los políticos que
traicionaron sus intereses, Sheinbaum y otros miembros del partido están en una
encrucijada peligrosa. De un lado, tienen que mantener su relación con el poder
fáctico del país, y por otro, enfrentarse a los grupos criminales que podrían decidir
actuar para restaurar lo que consideran su "soberanía" dentro del país.
La narrativa oficial busca desmarcar al gobierno de MORENA de cualquier vínculo
con los cárteles, pero las señales de traición y venganza que emergen de la
extradición de narcotraficantes y el creciente poder de grupos criminales indican
que las aguas siguen turbias.
Es posible que los cárteles, que en su momento apoyaron a ciertos políticos,
ahora busquen cobrar los costos de su "abandono". De hecho, en muchos casos,
los cárteles no solo luchan por controlar territorios, sino también por mantener
intacta su red de relaciones políticas que les garantice inmunidad o protección.
En este panorama, los políticos que en su momento fueron encumbrados gracias
al apoyo de los cárteles, ahora se enfrentan a la dura realidad de un posible ajuste
de cuentas. Con los cárteles sintiéndose traicionados, el futuro político de figuras
como Claudia Sheinbaum podría estar más comprometido de lo que parece,
mientras que MORENA, en su afán de mantenerse en el poder, podría terminar
siendo víctima de las mismas fuerzas que alguna vez le brindaron apoyo en la
sombra.
El juego de la política mexicana nunca es lineal y en un país donde el narcotráfico
ha tejido su red de influencia en todos los niveles del gobierno, las traiciones y las
alianzas son más volátiles y peligrosas que nunca. En este contexto, el crimen
organizado puede no solo seguir operando en la clandestinidad, sino también
seguir cobrando las deudas que los políticos les deben, y el futuro de MORENA
podría depender de cuán bien logren manejar esa relación peligrosa.
¡Hasta la próxima!
