Por: Dr. Mario Rodolfo Cid de León Carraro
Coordinador del Grupo de Estudio y Análisis
Político Económico de Nezahualcóyotl
@MRODOLFO_CID
Hoy en día a México le presentan la discusión sobre la “inutilidad” de diversos organismos autónomos, dicho debate de fondo es falso, ya que las actividades que desempeñan son garantía de derechos humanos y de buen gobierno, no obstante, de forma, si existen elementos de análisis y discusión ¿a qué poder de la unión corresponden los organismos autónomos?, ¿son un cuarto poder de facto?, si forman parte del ejecutivo ¿Por qué no responden al presidente?
Se propone la discusión de que los mencionados organismos autónomos, se constituyan en un cuarto poder de la unión o bien, se reorganicen dentro de un poder judicial fortalecido con soberanía garantizada; esta discusión se tendrá que dar en esta época en que los responsables de las finanzas públicas de México están ocupados en conseguir recursos financieros que permitan enfrentar los nuevos compromisos gubernamentales, evitando que el sistema hacendario sea suficiente y no colapse.
Los recursos financieros son necesarios para costear la atención de desastres naturales, epidemias, crisis humanitarias o actividades para estimular la economía, las que son situaciones en las cuales se manifiestan riesgos altos de uso indebido de los recursos públicos, cuando hay corrupción se pierde el dinero que es necesario para atender debidamente estas tareas, afectando la gobernabilidad y sobre todo, socaba la confianza social en el gobierno, ante una situación delicada, no llega el dinero a los más vulnerables, en cambio llega a paraísos fiscales.
La experiencia mundial reciente muestra una lamentable lista de casos donde existió corrupción, tal es el caso del tsunami del 2004 en el Océano Indico, donde se invirtieron 13.5 billones de dólares en asistencia; el caso del Huracán Katrina, la Oficina de Rendición de Cuentas de los Estados Unidos calculó que entre 600 mil y 1.4 billones de dólares, se perdieron en actividades indebidas; el programa de reconstrucción de Puerto Rico también fue sujeto de actos de corrupción; en caso de México y mucho más en la actualidad, es un asunto tan evidente que raya en el cinismo, asignación de contratos multimillonarios de manera directa, compra de insumos sensibles sin certificación de las agencias reguladoras, pago de equipamientos con sobre costo o compra de vehículos que nunca se recibieron.
Durante las emergencias que ha vivido México, no siempre ha sido posible asegurar que el dinero llegue donde debe llegar, la presión por gastar con el objetivo de aliviar situaciones de crisis por emergencias conlleva a reducción de controles, amplía la discrecionalidad en las decisiones de gasto, genera más oportunidades de colusión entre empresas, e incentiva a que se otorguen sobornos a cambio del pago de precios inflados, entre otras prebendas. La necesidad de actuar con rapidez y flexibilidad puede generar un estado generalizado de descontrol entre los responsables de negociar contratos y realizar compras, abriendo oportunidades a prácticas ilegales como las que estamos viviendo hoy en día.
La debilidad institucional propia de nuestro país, actualmente exacerbado por el desmantelamiento de la Administración Pública Federal, aumenta exponencialmente los riesgos. A pesar de diversos avances, especialmente en reformas de acceso a la información, el desmantelamiento de los sistemas de compras y adquisiciones, socavando la integridad de los procedimientos, al grado que una simple consulta pública, revela actos de corrupción de una forma muy evidente.
En condiciones normales, se estima que la corrupción genera una pérdida de entre un 10% y 25% del valor de los contratos públicos, además de afectar la calidad de los bienes y servicios, existen razones para creer que este porcentaje es mucho mayor en situaciones de emergencia.
Un estudio sobre la corrupción en el sistema de salud estima que al menos el 25% del gasto se pierde directamente a través de la corrupción, lo que representa una cantidad de recursos del erario perdidos; existen factores específicos que determinan que en este sector especifico, esté más expuesto a los riesgos de integridad; Transparencia Internacional indica que este es un sector por naturaleza complejo, donde predomina la existencia de información ineficiente entre oferta y demanda, además de que los mercados no son abiertos y competitivos. La corrupción en el sector salud abarca desde el fraude en la construcción de hospitales, las prácticas indebidas de prescripción de medicamentos, beneficios otorgados a personas que no califican como beneficiarios y la reventa privada de insumos de hospitales públicos, hasta la captura del organismo regulador para la aprobación de ciertos medicamentos.
En estado de emergencia, los riesgos de integridad en este sector se manifiestan especialmente en la compra y distribución de medicamentos, la adquisición de equipos especiales para realizar pruebas epidemiológicas, la compra de insumos, el alquiler de espacios privados para la operación sanitaria y la construcción de pequeñas obras de infraestructura.
Las soluciones dependen del entramado institucional del país y deben fortalecerse de varios factores como generar información sobre beneficiarios finales de las empresas y subcontratistas; el fortalecimiento de las prácticas de auditoría y fiscalización; y la creación de comités especializados para monitorear la utilización de los recursos asociados con la prestación de servicios de salud, entre otros aspectos.
“En este contexto, la transparencia y la rendición de cuentas tienen un rol central, especialmente cuando los ciudadanos pueden acceder a información de calidad y actualizada sobre los recursos, para ello, las herramientas informáticas son una buena respuesta al desafío de responder a la crisis con integridad. Estas herramientas permiten integrar y visualizar datos, identificar posibles anormalidades e incrementar el seguimiento de los flujos de recursos, también permiten monitorear en tiempo real los registros contables, presupuestales, de tesorería y de beneficiarios desde origen del recurso al cierre financiero y administrativo. Además, es posible que cualquier persona comparta información sobre el uso de recursos, lo cual genera la disuasión de actividades ilícitas y facilita la rendición de cuentas” (Proyecto de Roberto de Michele)
En México a pesar de los avances, la transparencia sigue siendo una asignatura pendiente en el segundo y tercer nivel de gobierno, ya que resulta difícil acceder a los esquemas de información, en los que se imponen trabas a los peticionarios, tales como alegar que lo requerido se debe buscar en medio de miles de hojas, turnar las solicitudes a instancias donde de antemano no existe lo requerido o simplemente no se cumple el dar a conocer la información que es pública de pleno derecho, tal y como lo son las nóminas.
Los Ayuntamientos se distinguen como las estructuras más opacas y a niveles estatales y federales, se elude la entrega de información invocando parcialmente normas y manuales, a pesar de que la realidad operativa expresa otras situaciones.
La única manera de lograr que los recursos se apliquen correctamente, implican que la sociedad desde el ámbito personal, debe comprometerse a supervisar la actividad gubernamental y exigir la rendición de cuentas en todo momento y no sólo en etapa electoral, no podemos permitirnos vivir en un país que en 2018, tenía una deuda como proporción del PIB del 44% y en 2023 haya sido delo 46.20% ¿en qué se gastaron esos recursos?, no podemos permitirnos vivir en un país donde los representantes de los tres poderes de la unión y de los tres niveles de gobierno, autoricen y/o dispongan discrecionalmente de miles de millones de pesos, que estaban depositados en fondos y fideicomisos, no podemos permitirnos vivir en un país donde el congreso federal y los congresos estatales toman decisiones sin consultar a sus representados.
Tenemos un gran reto por delante y es el convencer a la ciudadanía de que tiene derecho a ser escuchada, y que sus necesidades se atenderán en el marco de lo posible y que la actividad gubernamental, se llevará a cabo de cara a la sociedad y no a sus espaldas. Hoy vivimos una crisis institucional, en la que se pretenden desmantelar instituciones como el INAE, lo que en si no es el problema, en la vida de las naciones, estas organizan sus estados de diversa forma y crean las entidades necesarias para manejarlos, garantes de los derechos, cada vez mayores y más bastos para la ciudadanía, y es aquí donde hay que poner especial atención:
“Que el desmantelamiento de la institución no sea equivalente al desmantelamiento en sus fines y alcances del derecho que tutela, privando a la sociedad de este, por el contrario, cualquier cambio, debe significar, el fortalecimiento y la ampliación del alcance de ese derecho”
Lo importante no es si el INAE o cualquier organismo autónomo es sustituido, lo importante es la conservación del derecho tutelado, es decir el que el ciudadano tenga acceso irrestricto a la información gubernamental, bajo el mecanismo constitucional que se determine, no se acepta menos, iniciemos la discusión desde la sociedad y no desde el poder, ya que la transparencia y el acceso a la información, garantiza la mejor toma de determinaciones.
