Quinto Informe del Gobierno Federal, correspondiente a septiembre de 2023 “Un primer vistazo para comprender y compartir con los demás”

“El Hijo del Camionero”

Nezahualcóyotl, 12 de septiembre de 2023

Por: Dr. Mario Rodolfo Cid de León Carraro

Coordinador del Grupo de Estudio y

Análisis Técnico Político de Nezahualcóyotl

Siempre he sido partidario de que una función sustantiva de los partidos políticos, es proporcionar formación a sus militantes, para que estos comprendan los datos que se expresan en documentos públicos, tal es el caso de los Criterios de Política Económica, leyes de ingreso, presupuestos de egresos e informes de gobierno, no obstante en los hechos ello no ocurre, no se trata que los mencionados partidos se transformen en “universidades”, donde sus militancias sean “alumnos” que deban estudiar Finanzas, Contabilidad, Administración Pública o Economía, pero que si cuenten con el bagaje mínimo básico, que permita comprender la información y por lo menos de manera empírica, establecer si un criterio, un resultado, una acción o una cifra es buena o mala y porqué.

La mayoría de los mexicanos que forman parte de un partido político, no tienen este conocimiento, al grado que en el camino he encontrado a personas (militantes) que afirman que si la explicación de los datos, “se les puede ofrecer en un folleto en hoja media carta acompañado de ilustraciones,” lo que a todas luces es muy grave, lo que obliga a la siguiente pregunta: “si los militantes de los partidos políticos, desconocen la implicación de los datos del quehacer de la administración pública, en cualquiera de sus tres niveles de gobierno ¿Cómo es entonces que hacen política?, todavía más aun, cabe otra pregunta ¿Cómo es que eligen candidatos? Y cierro con una tercera pregunta ¿Qué les exigen a esos candidatos a la hora de hacer campaña, más aun, como los supervisan en su quehacer en caso de resultar electos?

El conocer estos temas, no es una opción para un militante de partido, es una obligación que, al no cumplirse, implica que el país tenga una democracia sin calidad, donde la ciudadanía en los hechos no es representada por nadie y también nadie salvaguarda sus derechos, y por ende la labor de gobierno en la mayoría de los casos, obedezca a la improvisación, porque por regla general, la gente que accede a los cargos desconoce totalmente el proceso de la administración pública.

Una forma de subsanar esta deficiencia es apelar a los mexicanos que cuentan con formación, que con ética y que, con solidaridad y subsidiaridad, se comprometan a conocer la información y a explicársela con todas sus implicaciones, tanto positivas como negativas a sus conciudadanos

Es importante interactuar con los amigos, vecinos, compañeros de trabajo u otros y con ello incrementar la exigencia publica, sobre la solvencia que deben tener en un primer momento los candidatos a puestos de elección popular y en un segundo momento los gobernantes electos.

Por ello se asume el compromiso de que, en esta columna, tal cual se refirió en la pasada titulada INFORME DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022: “Un repaso para entender el presente, con el fin visualizar el futuro”, se procedan a destacar algunos resultados expresados en el V Informe de Gobierno del Presidente de la república, tratando de señalar la implicación de estos, partiendo de un análisis general y descriptivo, con el objeto de que quien me hace el gran honor de leer esta publicación, tenga elementos para tomar decisiones de manera más enterada y por tanto exija una democracia de calidad; estos resultados son:

1.- Se capacitó a 34,721 servidores públicos en ética pública, prevención de la actuación bajo conflictos de interés y atención de las denuncias que los comités de ética deben tramitar; en este caso no se explica o describe el impacto de esta acción, se desconoce si propició una mejor actuación en su trabajo de aquellos que colaboran en el gobierno en cualquier nivel de puesto y si tomamos en consideración que la administración está compuesta por mucho más de un millón de personas, el impacto es poco significativo.

2.- Se elaboraron 51 materiales de difusión sobre los principios, valores y reglas de integridad, los cuales se remitieron a los comités de ética; estos se reflejaron en más de 14 mil evidencias de difusión, lo que por sí mismo, no implica nada, no se garantiza que el servidor público se desempeñe con ética, sólo por distribuir un folleto.

3.- Se reforzó la actuación de los comités de ética, se otorgaron 2,258 asesorías y consultas a los comités de ética relacionadas con el alcance de sus acciones y la correcta implementación de los lineamientos generales que rigen su actuación; es decir, los mencionados comités, están conformados por personas que desconocen sus propias funciones.

4.- Al cierre de 2022, a fin de combatir las causas y efectos de la corrupción, se realizaron 2,919 actos de fiscalización y se revisaron los programas prioritarios del Gobierno Federal. De estos actos, 1,549 (53.1%) tuvieron por objeto prevenir las conductas contrarias a la integridad y detectar riesgos de ineficacia gubernamental; mientras que 1,370 (46.9%) fueron de carácter correctivo. Se debe destacar que solamente 119 de todos estos actos, tuvo carácter sustantivo, pero al ser pocos, los hallazgos no tuvieron trascendencia.

5.- Para el ejercicio fiscal 2023, se programaron 2,523 actos de fiscalización, de los cuales, 1,316 (52.2%) están enfocados en la prevención de riesgos de ineficacia y de corrupción, y 1,207 (47.8%) son de carácter verificativo para revisar el cumplimiento de la normativa, la economía, eficacia, eficiencia y transparencia de las entidades, así como 890 seguimientos de acciones de la fiscalización del año 2022.

Al igual que en el punto anterior, los procedimientos de carácter sustantivo fueron pocos y no cubrieron las expectativas para lo que se ejecutaron, para ello sólo basta verificar los sobrecostos en que se ha incurrido en la construcción del tren maya y de la refinería, solo por expresar estos dos casos.

6.- En cuanto a las auditorías de los estados financieros contables y presupuestarios se fiscalizaron 292 entes públicos. Las firmas auditoras emitieron 482 dictámenes a los estados financieros de organismos y empresas del sector paraestatal, de los cuales, 261 fueron sobre la información financiera contable y 221 de la presupuestaria. De estos dictámenes, el 88.1% (425) tuvo opinión limpia (favorable); 10.2% (49), con salvedad; 1.5% (siete), con abstención de opinión y 0.2% (uno), con opinión negativa. Lo significativo en este caso, es que no se menciona la razón social de las firmas auditoras y tampoco se establecen políticas de contratación o porque no fue la propia Auditoria Superior de la Federación, quien generara los dictámenes, ahorrando recursos respecto a la contratación de terceros; en este sentido se promovieron 116 observaciones, de las que se ignora su naturaleza y tendrán que solventarse por las contralorías.

7.- Se recibieron 25,032 denuncias y se concluyeron 30,624, que incluyen denuncias acumuladas, de las cuales 1,998 fueron remitidas a las áreas de responsabilidades para la substanciación de los procedimientos y tal como puede observarse es un numero escandalosamente alto, más de 50 mil denuncias, por lo que se concuerda con la afirmación de que “el nivel de denuncias es inmensamente superior en correlación a los actos de fiscalización”, por lo que la corrupción es demasiada alta y carcome la estructura de la administración, por lo que su combate, no es más que un rotundo fracaso.

8.- Al cierre del ejercicio fiscal del año 2022, el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, registraba 152 de estos, a través de los que se dispersaron 652,335 millones de pesos, en favor de 44.1 millones de beneficiarios; es decir un poco menos de un tercio de la población recibe un apoyo económico, sin que exista restricción en el numero de estos por familia, tampoco existe un esquema de valoración sobre el impacto o beneficios que procuran, si fuera el caso, si existe mitigación de la pobreza o financia algún tipo de progreso moral, social y profesional.

No obstante, lo anterior, se verificó la aplicación de 180,056.8 millones de pesos, en una muestra de 36 millones de beneficiarios, mostrando que el 94.2% cumplió con el requisito de elegibilidad establecido en las reglas de operación correspondientes, y el 1.3% presentó inconsistencias que fueron atendidas por los

operadores; en tanto que en el restante 4.5% no se dispuso de la información; es decir menos del 6% de la muestra tuvo alguna observación, por lo que la asignación de los recursos estaría limpia, aunque estos no generen un beneficio real. Un dato fundamental es que, en programas concurrentes, solo el 0.7% de los beneficiarios (16.6 millones), recibe recursos de dos o más fondos.

9.- En la Cuenta Pública 2022, se reportó que con la aplicación de las medidas de austeridad las dependencias y entidades de la administración pública federal, alcanzaron ahorros por 1,218.9 millones de pesos, de los cuales el 52.9% se obtuvo por las medidas relacionadas con el gasto de operación; el 45.4% por gastos en servicios personales y el 1.7% en gasto de inversión; pero cuando se constata contra capítulos del presupuesto de egresos, se visualiza que los ahorros no son tales, son subejercicios, es decir, se dejó de comprar o pagar bienes y servicios que eran necesarios, por lo que se hacen ineficientes (educación, salud y seguridad)

10.- Respecto a la Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos, dicho mecanismo resulta una farsa, ya que solo aplicó a menos de 200 mil personas (de un universo de casi millón y medio), recompensando los buenos resultados con 3,414 estímulos y 502 recompensas, es decir solo se simula el reconocimiento al buen trabajo.

11.- En la parte disciplinaria, se emitieron 328 resoluciones; de las cuales 207 se determinaron como sancionatorias y 26 fueron absolutorias, lo cual representa un 7.9%, y se dictaron 95 resoluciones de improcedencias e incompetencias, lo que equivale al 29.0%, por lo que, si se concatena con lo expuesto en los numerales 6 y 7, las cifras no representan nada.

12.- Por medio del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, se apoyó con el Tianguis del Bienestar a 128,199 familias de 1,290 comunidades, en 110 municipios de las regiones Mixteca, Sierra Norte y costa de Oaxaca, así como la Montaña de Guerrero. Durante estas jornadas se entregaron de manera gratuita más de 2.6 millones de bienes nuevos decomisados, como ropa, telas, calzado, juguetes y enseres domésticos.

Esta acción resulta arto grave, porque el gobierno puso a disposición del mercado, bienes y servicios ilegales, cuyo origen es el contrabando, con las implicaciones que ello puede tener, sin considerar lo que estas mercaderías pudiesen traer atrás.

13.- De septiembre de 2022 a junio de 2023, se ejercieron 73.9 millones de pesos para otorgar 1,066 apoyos que respaldan 145 proyectos económicos con impacto comunitario y regional en beneficio de 1,810 mujeres y 1,405 hombres en 15 entidades federativas. También se dieron 518 apoyos para 31 proyectos de productos y servicios turísticos por 18.8 millones de pesos, en beneficio de 822 personas de ocho estados.

Estos datos parecen sobresalientes, pero existe un problema ¿cuáles son los proyectos?, ¿cuáles fueron los objetivos?, ¿que se logró con ellos? ¿Cuáles fueron los beneficios?

14.- Respecto a la pensión para Adultos Mayores, fueron pagados sus beneficios a 11,427,224 personas de las que 998,470 residen en municipios o localidades indígenas o afromexicanas. Entre enero y junio de 2023 el programa tenía un presupuesto aprobado y modificado anual de 339,341 millones de pesos, de los cuales, se ejerció el 52%, es decir, 175,113 millones de pesos; Del total de recursos ejercidos, 171,942 millones de pesos se destinaron al pago de pensiones económicas y de apoyos de pago de marcha. Aquí cabe una pregunta relevante, ¿Por qué se informa solo el periodo enero junio del 2023, cuando el periodo del informe abarca de septiembre de 2022 a agosto de 2023?

Otro programa “Sembrando Vida”, del mes de septiembre de 2022 a junio de 2023 se le destinaron 25,109.2 millones de pesos, sin que exista evidencia de la calidad de la valoración de sus resultados, si es que los hubo.

Hasta esta parte, hemos revisado temas que son poco conocidos, pero como puede observarse son relevantes, lo que a su vez permite establecer las siguientes conclusiones:

I.- El informe es solamente descriptivo y enunciativo, carece de análisis y no muestra evidencia sobre la valoración de los resultados que expone.

II.- No existe consideración respecto al impacto de las acciones de gobierno, por lo que no se puede determinar, si mitigaron la pobreza, o bien propiciaron desarrollo y crecimiento económico.

III.- Indudablemente, la Constitución debe regresar a su espíritu de exigir al presidente de la republica de comparecer ante el Congreso de la Unión, para dar cuenta del estado que guarda la Nación, bajo un esquema asequible a la mayor parte de la población.

IV.- El informe carece de elementos que permitan visualizar la calidad del gasto y el impactó que este, haya tenido en la vida de la gente.

V.- Se habla solamente de capacitación en temas de control, de derechos humanos, de ética y conflicto de interés, pero no menciona un solo resultados y de una serie de manuales y guías para la elaboración de documentos como los códigos de ética, tampoco se establece la utilidad y el impacto de estos.

La próxima semana se continuará con el tratamiento de este V informe de gobierno, revisando los temas de economía, educación y salud, manteniendo esta forma de análisis descriptivo, que permita el acceder a todos a los diversos temas, no es necesario esperar a que los Partidos Políticos asuman su parte en esto.

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