Lo Que No Hacen Los Buenos
Efraín Delgadillo Mejía.
La detención de un símbolo de la alternancia exhibe una verdad incómoda: la democracia no santifica a nadie.
Ernesto Ruffo Appel fue, durante años, una postal de la transición mexicana: el rostro de una promesa democrática que parecía demostrar que el poder también podía perder y que el país podía cambiar sin romperse.
En 1989, al ganar la gubernatura de Baja California, se convirtió en el primer gobernador de oposición en romper el dominio estatal del partido hegemónico. Su victoria no fue sólo una elección: fue una señal de que el poder podía perder.
Por eso su detención en Ensenada, dentro de una investigación federal por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible, golpea más allá del expediente. La Fiscalía General de la República deberá probar los cargos y el debido proceso debe respetarse, pero el dato político ya circula con fuerza: un símbolo de la alternancia terminó bajo investigación por uno de los delitos que el gobierno presenta como emblema de la corrupción de élite.
El caso obliga a una pregunta simple y dura: ¿por qué México sigue confundiendo alternancia con virtud?
Durante décadas se creyó que quienes enfrentaban al viejo régimen eran, por definición, mejores que quienes lo administraban. La oposición fue vendida como reserva moral y la alternancia como purificación automática, pero la historia mexicana fue menos limpia: cambiaron los partidos, cambiaron los discursos y, sin embargo, los escándalos encontraron la manera de sobrevivir a todos.
La democracia no convierte a sus protagonistas en santos. Haber abierto una puerta no autoriza a colocarse por encima de la ley. Una biografía honorable no cancela una investigación penal.
La lección es seca, pero conviene decirla sin rodeos: la democracia no convierte a sus protagonistas en santos y la biografía no puede funcionar como salvoconducto moral ante una investigación penal.
Un hombre puede haber ayudado a democratizar el país y, al mismo tiempo, responder ante la justicia. Ambas cosas pueden ser ciertas. El pasado explica; no exonera. Dicho en una fórmula más dura: la democracia no absuelve.
Ese mensaje no debería inquietar sólo al PAN; debería inquietar, sobre todo, a Morena, porque todo partido que se instala demasiado tiempo en el poder termina frente a la misma tentación: confundir legitimidad electoral con superioridad moral.
Después de años de hegemonía, el partido gobernante enfrenta la tentación que antes consumió a otros: creer que su origen popular le concede una superioridad moral permanente. No la concede. La autoridad democrática no se hereda de una causa; se confirma cada día con límites, controles y rendición de cuentas.
La reacción fácil ante Ruffo es señalar la doble moral de la oposición. La reacción democrática sería más incómoda: aplicar el mismo rasero hacia dentro, incluso cuando el expediente toque aliados, financiadores, operadores o figuras útiles al movimiento.
La democracia no se prueba investigando adversarios; se prueba investigando aliados. En un país acostumbrado a que los expedientes caminen según el calendario político, esa diferencia no es menor: separa a la justicia del ajuste de cuentas.
La corrupción no cambia de naturaleza cuando cambia de color. No deja de ser corrupción por vestirse de guinda, azul o tricolor. La impunidad sigue siendo impunidad aunque se invoque en nombre del pueblo.
Para novedades, los clásicos: Tomás de Aquino definió la ley como una ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por quien tiene cuidado de la comunidad. Esa idea conserva una vigencia incómoda: si la ley sirve al interés de una facción, deja de ser razón pública y se vuelve instrumento de poder.
Ahí está la prueba de fuego: no en el comunicado, ni en la conferencia, ni en la condena rápida del adversario, sino en la capacidad de sostener la misma vara cuando el caso incomoda al propio bando.
La transformación no empieza cuando cae un adversario. Empieza cuando desaparecen los intocables y cuando el poder acepta que la lealtad institucional vale más que la obediencia partidista.
Un movimiento demuestra grandeza cuando acepta que los suyos también deben rendir cuentas y cuando entiende que la lealtad al país está por encima de la lealtad al partido. Lo contrario no es justicia: es propaganda con toga.
Las democracias no se derrumban por falta de discursos morales. Se erosionan cuando quienes los pronuncian se creen exentos de cumplirlos.
Ruffo fue símbolo de la alternancia. Hoy su caso recuerda algo más incómodo: ningún símbolo es demasiado histórico para responder ante la ley.
La democracia no consiste en cambiar de élite, sino en construir un país donde nadie pueda esconderse detrás de su partido, de su historia o de sus medallas para escapar del escrutinio público.
La pregunta final no es sólo qué hará la justicia con Ernesto Ruffo. La pregunta decisiva es qué hará Morena con los suyos cuando la ley toque su puerta, cuando el expediente ya no sirva para exhibir al adversario, sino para medir la integridad del poder que gobierna.
Si la ley sólo mira hacia afuera, no habrá transformación: habrá relevo de dueños. Y México ya conoce demasiado bien ese fraude.
