- Avalan el proyecto en lo general con 78 votos a favor, 37 en contra y una abstención; en lo particular, el proyecto recibió 77 votos a favor, 38 en contra y una abstención
El Pleno del Senado de la República avaló con modificaciones la minuta con proyecto de decreto para reformar la Ley Aduanera, cuyo fin es mejorar el ordenamiento, fortalecerlo y modernizarlo, para que quienes participen en el comercio exterior realicen sus actividades de manera eficiente, sin aumentar ni crear nuevas contribuciones u otras cargas fiscales para la ciudadanía.
La asamblea aprobó la reforma en lo general, con 78 votos a favor, 37 en contra y una abstención; en lo particular, los senadores aprobaron una modificación propuesta por el senador Homero Davis Castro, de Morena, con la que se especifica en el artículo Transitorio Primero que el decreto entre en vigor a partir del 1 de enero de 2026, salvo la modificación del artículo 86 A fracción Primera Segundo Párrafo, que entra en vigor al mes siguiente del inicio de la vigencia del decreto.
Además, los artículos 86 A fracción Tercera, 106 fracciones Quinta y Sexta, 107 y 145 entrarán en vigor a los tres meses después del inicio de la vigencia del presente decreto; todo lo anterior, para dar tiempo a la elaboración de la reglamentación que acompañará la aplicación de la reforma.
De esta manera, los senadores aprobaron en lo particular el dictamen, incluida esta propuesta, con 77 a favor, 38 en contra y una abstención, por lo que el proyecto se devolvió con este cambio a la Cámara de Diputados.
Asimismo, la asamblea rechazó 10 propuestas de modificación al proyecto y una moción suspensiva presentada por la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI.
Al fundamentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, aseguró que las modificaciones a la Ley Aduanera no obstaculizan operaciones legítimas, sino que las facilitan con certidumbre y trazabilidad y, al mismo tiempo, sancionan a quien distorsiona el mercado formal y daña la hacienda pública.
“Con esta reforma avanzamos hacia una aduana moderna, una aduana que cuida la competitividad y, a la par, la integridad del sistema, porque cada peso bien recaudado regresa en servicios públicos como la infraestructura, la salud y la educación, ya que cada trámite simplificado y seguro se traduce en empleos, inversión y crecimiento”, agregó.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sostuvo que este nuevo marco jurídico es un “nuevo pacto” entre el Estado, las empresas y la sociedad, donde la tecnología “se convierte en aliada de la justicia fiscal”.
“Esta reforma moderniza sin privatizar, fiscaliza sin abusar y recauda sin castigar; no es una ley para unos cuantos, es una ley para el país entero, para las y los trabajadores que producen, los empresarios que cumplen y el estado que necesita recursos para seguir formando la vida pública de México”, enfatizó.
El senador añadió que la esencia de la reforma es que haya justicia fiscal con aduanas limpias, digitales y confiables, con lo que se logrará tener un sistema aduanero “al servicio del pueblo, y no de los privilegios”.
Yunes Márquez detalló que el proyecto de reforma a la Ley Aduanera propone crear un Consejo Aduanero, órgano que conocerá y resolverá sobre el otorgamiento de autorizaciones y patentes aduanales, y dota de facultades concurrentes para post-despacho de mercancías al Servicio de Administración Tributaria y a la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Además, establece que las autoridades aduaneras puedan celebrar convenios con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para la gestión y el análisis de datos, e incorpora y mejora controles para determinar la responsabilidad de los agentes aduanales, con la finalidad de contrarrestar prácticas de evasión, subvaluaciones o evasión fiscal.
Otro aspecto relevante, refirió el senador, es la eliminación de la patente vitalicia para agentes aduanales y el establecimiento de 20 años para su uso siempre que cumplan con los requisitos estipulados por la ley, además de certificaciones periódicas cada tres años para garantizar la profesionalización de esos actores.
También se asegura que las mercancías importadas bajo los regímenes de importación temporal efectivamente se transformen y se retornen al extranjero, o bien que se paguen las contribuciones correspondientes.
Por último, con la reforma se reducen espacios para la falsificación y presentación de declaraciones incompletas o incorrectas, al incorporar al expediente electrónico de pedimentos el CFDI, facturas comerciales, carta porte o cualquier otro documento que permita acreditar esas declaraciones.
De Morena, Olga Patricia Sosa Ruíz defendió que la reforma es una política de Estado para proteger la economía nacional, asegurar la justicia fiscal y garantizar que el comercio exterior sea un motor de desarrollo y no un espacio de privilegios; además, “consolida una hacienda pública fuerte, una administración moderna y un sistema aduanero al servicio del pueblo”.
Raymundo Bolaños Azocar, del PAN, criticó que la modificación a la Ley Aduanera no combate de raíz a la corrupción, sino que sólo “maquilla” el problema y hace a los agentes aduanales un “chivo expiatorio” de ello; además de que deja intacta la maquinaria con la que se saquean las finanzas públicas y se permite el huachicol fiscal.
El senador Waldo Fernández González, del PVEM, aseguró que la reforma da al sistema tributario una gran herramienta para lograr que México siga siendo uno de los países más interesantes del mundo para invertir, importar y exportar, además de que se fortalece el papel del país en el concierto de las mejores economías del mundo.
Por el PRI, Miguel Ángel Riquelme Solís, consideró que la reforma coloca a México en una “posición vulnerable” ante sus socios de Estados Unidos y Canadá, ya que el T-MEC establece procedimientos aduaneros transparentes, proporcionales y previsibles, algo que no cumple la modificación a la Ley Aduanera, pues impone facultades discrecionales y sanciones excesivas.
Lizeth Sánchez García, del PT, aseguró que las modificaciones a la Ley Aduanera responden a las presiones de la geopolítica; además de que ofrece beneficios concretos y tangibles para el país al partir de un principio de justicia fiscal y cerrar espacios de evasión y contrabando que durante años afectaron la recaudación nacional, sin necesidad de crear nuevos impuestos.
De Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich acusó que la reforma no toca, aborda, ni combate el huachicol fiscal de las aduanas y los puertos; además, consideró que genera afectaciones económicas por sobrerregular y no dar certidumbre jurídica a las partes involucradas en el sistema aduanero, lo que pone “más trabas al comercio exterior”.
