ASÍ LAS COSAS
Por Adolfo Prieto
La llamada Reforma Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, sigue levantando ámpula y un desgastante debate en torno a su
verdadero propósito y sus resultados hasta el momento. La idea de transformar el
Poder Judicial, pilar esencial de cualquier democracia, es una propuesta legítima,
pero el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está marcado por errores, opacidad y
cuestionamientos sobre la imparcialidad de las decisiones del flameado Comité de
Evaluación encargado de llevarlo a cabo.
Por lo menos en lo que se refiere al Comité de Evaluación para elección del Poder
Judicial (CEEPJ), integrado por Ana Patricia Briseño Torres, Andrés Norberto
García Repper Favila, Maribel Concepción Méndez de Lara, Maday Merino
Damián y María Gabriela Sánchez García, se presentó inicialmente como el
garante de un proceso transparente y legal. De hecho, Briseño Torres aseguró que
su trabajo estaría apegado a la normatividad con la finalidad de garantizar la
llegada de los perfiles más idóneos a los cargos judiciales. El despistado Repper
Favila reconoció la enorme responsabilidad que implicaba el proceso, mientras
que Méndez de Lara destacó que la justicia es una de las aspiraciones más
grandes de la humanidad. Sin embargo, las promesas de transparencia y
rigurosidad pronto se desmoronaron ante una serie de irregularidades que no solo
pusieron en entredicho la eficacia del Comité, sino también la viabilidad de toda la
reforma judicial. ¿En dónde estuvo la equidad de género para conformar el CEEPJ
(cuatro mujeres y un hombre)?
Uno de los primeros y muy graves escándalos fue la aprobación de aspirantes sin
la documentación requerida para validar su idoneidad. Este hecho es un claro
ejemplo de la falta de seriedad y preparación del Comité. A pesar de que la
convocatoria era explícita en cuanto a los requisitos, se permitió que por lo menos
una persona, sin la documentación necesaria, avanzara en el proceso, vulnerando
descaradamente las reglas establecidas. Este tipo de errores, inaceptables en un
proceso de selección judicial, es suficiente para destituir inmediatamente a los
responsables. Sin embargo, en lugar de asumir su falta de rigor, el CEEPJ no ha
sido sometido a ninguna sanción, lo que demuestra la impunidad con la que se
manejan los temas relacionados con el Poder Judicial en el actual gobierno.
Además, se incumplió con el plazo establecido para entregar las listas de
aspirantes, que debía haberse realizado el 15 de diciembre pasado, según la
convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación. Este retraso, junto
con los errores en las listas, refuerza las sospechas de que el proceso no es
llevado a cabo con la seriedad y transparencia prometidas. A lo anterior se suma
el hecho de que los requisitos para ingresar a la lista de aspirantes no fueron
publicados por los comités correspondientes, lo que genera aún más dudas sobre
la legalidad del proceso.
Si lo anterior fuera poco, la falta de claridad en cuanto a la participación de ciertos
aspirantes, algunos de los cuales se registraron en varios comités de evaluación,
demuestra una estrategia para asegurarse un lugar en la siguiente fase de
selección. Entre los controvertidos nombres están el de Marisela Morales Ibáñez,
ex titular de la Procuraduría General de la República durante el sexenio de Felipe
Calderón; la magistrada Paula María Garza Villegas, hija de la ex ministra Olga
Sánchez Cordero; y la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, esposa del
general Rafael Macedo de la Concha. Estos vínculos familiares y políticos ponen
en duda la imparcialidad del proceso y sugieren que el Comité puede favorecer a
individuos con vínculos cercanos al poder político.
La presencia de personajes, asociados a gobiernos pasados o a figuras clave en
la política actual, parece mostrar que el verdadero objetivo de la reforma no es
limpiar al Poder Judicial de corrupción o ineficiencia, sino colocar a personas
afines al gobierno del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en
los puestos clave del sistema judicial. Lo que se presenta como una reforma es
utilizado como mecanismo de control y manipulación política, algo que pone en
grave riesgo la independencia del Poder Judicial y, por ende, la democracia
misma.
Ante tales irregularidades y la evidente falta de transparencia, ¿por qué no se ha
destituido, por lo menos, a los miembros del CEEPJ? Los errores cometidos no
son meras equivocaciones o descuidos; son errores graves que comprometen la
legitimidad de todo el proceso. Es inaceptable que un Comité encargado de
seleccionar a los jueces, magistrados y ministros de la nación no sea evaluado y
sancionado por su total incompetencia. Si este proceso tan crítico está viciado por
irregularidades, ¿qué se espera en las etapas siguientes?
Morena se presenta como el garante de la transformación, pero utiliza
mecanismos turbios para acomodar a sus allegados en el Poder Judicial. Además
de falta de preparación para llevar a cabo una reforma judicial, de manera
descarada se pone en práctica una estrategia deliberada para consolidar el poder
político en manos de unos pocos, gracias a la pasividad de una parte de la
población que apoya ciegamente este proceso manejado con fines políticos. Este
fenómeno de "apoyo ciego" preocupa por su falta de análisis crítico y porque
contribuye a la legitimación de un sistema viciado. Si la reforma judicial está
destinada a fortalecer el Estado de derecho, ¿cómo podemos confiar en un
proceso manipulado desde el principio?
La reforma judicial se realiza de manera improvisada, como una intentona de
usurpar el Poder Judicial, colocando en sus puestos a personas que no
necesariamente son las más capacitadas, sino las más afines al gobierno. Lo que
comenzó como una promesa de cambio se transformó en un proceso que pone en
riesgo la independencia judicial y, por ende, la democracia misma. La justicia,
como mencionó Maribel Concepción Méndez de Lara, quien seguramente se
mordió la lengua, es una de las aspiraciones más grandes de la humanidad, pero
con este tipo de prácticas, se corre el riesgo de que la justicia en México se vea
comprometida de manera irreversible. Lo cierto es que no hay más ciego que el
que no quiera ver. ¡Feliz Navidad!
Hasta la próxima.
