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lunes, julio 13, 2026
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VIGILA IEEM USO DE LOS RECURSOS DURANTE LA CREACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES

 El seguimiento permite comprobar que los fondos se administren conforme a la ley y
con plena rendición de cuentas.

La constitución de un Partido Político Local (PPL) implica un proceso que va más
allá del cumplimiento de requisitos tales como número de personas afiliadas y
asambleas celebradas. Durante esta etapa, el Instituto Electoral del Estado de
México (IEEM), a través de la Dirección de Partidos Políticos (DPP) también
verifica el origen, destino y aplicación de los recursos económicos utilizados por
las organizaciones ciudadanas, a fin de garantizar la legalidad, la transparencia y
la equidad.

Para ello, el IEEM comprueba que las asociaciones ciudadanas administren su
capital proveniente de fuentes privadas de manera ordenada, clara y bajo la
normatividad aplicable durante su proceso de constitución. Entre otras acciones,
deben abrir una cuenta bancaria exclusiva para este fin, registrar sus ingresos y
gastos, conservar los comprobantes de cada operación, presentar informes
mensuales sobre el uso de los medios económicos y demostrar que las
aportaciones recibidas provienen únicamente de fuentes autorizadas por la ley
electoral.

El cumplimiento de estas disposiciones brinda certeza a la autoridad electoral y a
la ciudadanía sobre la forma en que se administran los bienes y recursos
empleados para obtener el registro, además de contribuir a prevenir
irregularidades y respaldar la confianza en las instituciones democráticas.

La importancia de este mecanismo quedó reflejado en el procedimiento que
permitió a Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales (Podemos) obtener su
registro como partido político local, con efectos a partir del 1 de julio de 2026.
La supervisión de los recursos no solo constituye un mecanismo de control
financiero, sino también un instrumento que fortalece la transparencia, promueve

condiciones de equidad entre las organizaciones ciudadanas que aspiran a
convertirse en PPL y contribuye a la integridad del sistema democrático de nuestra
entidad, al asegurar que los recursos sean administrados con responsabilidad,
legalidad y rendición de cuentas.