- Sustituye el marco jurídico anterior y reconoce los grandes cambios tecnológicos en la industria
Ciudad de México, CDMX. 15 de abril de 2026.- La Cámara de Senadores aprobó, en lo general y lo particular, el proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, con el objetivo de fomentar y regular la producción, distribución, difusión, promoción, comercialización, circulación, exhibición y preservación de obras cinematográficas y audiovisuales.
En lo general, la asamblea avaló el documento que también abroga la Ley Federal de Cinematografía, con 87 votos a favor, uno en contra y 18 abstenciones.
En lo particular, el Pleno rechazó una reserva presentada por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas que buscaba modificar el artículo 27, por lo que el proyecto fue aprobado en los términos del dictamen con 82 votos a favor, uno en contra y 17 abstenciones.
José Antonio Cruz Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, presentó el dictamen correspondiente a una iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y en las Comisiones del Senado.
Afirmó que la importancia de esta legislación radica en que “reconoce los grandes cambios tecnológicos en la industria, de tal manera que no sólo incluye las películas tradicionales, sino también las obras audiovisuales que vemos en nuestras pequeñas pantallas y los streamings o videos, bajo demanda que disfrutamos en nuestros domicilios, de Netflix, Disney y demás”.
Álvarez Lima agregó que otra innovación es que establece una cuota de pantalla para el cine y los audiovisuales mexicanos, para que las programaciones de salas y pantallas contemplen el trabajo de cineastas, productores, directores, actores, actrices y técnicos de la industria nacional.
Al final de su intervención informó que, ya aprobado el dictamen en comisiones, se acercaron a él las empresas exhibidoras y solicitaron que se escuchen sus preocupaciones, cuando se redacte el reglamento sobre las condiciones del mercado y su relación con los precios que cobrarán por sus servicios.
En su intervención, la presidenta de la Comisión de Cultura, Beatriz Mojica Morga, mencionó que uno de los beneficios principales de la ley es que fortalece al cine mexicano como una actividad cultural y económica de interés público, lo que significa que el Estado reconoce con mayor claridad su responsabilidad de impulsarlo, no sólo como expresión artística, sino como motor de desarrollo de empleo y oportunidades para miles de personas.
Agregó que también se fortalece la presencia del cine mexicano en las pantallas, con reglas claras para su exhibición y en condiciones más justas, para que nuestras historias tengan espacio, visibilidad y continuidad, “no basta con producir, también es necesario que el público pueda encontrar y disfrutar esas obras”
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, expuso que la nueva norma parte de que el cine mexicano no sólo entretiene, sino que también documenta, cuestiona, denuncia, educa y preserva la voz de un país profundamente diverso, además de que abre una base normativa para enfrentar nuevos desafíos tecnológicos.
“En tiempos de plataformas, algoritmos e inteligencia artificial, el Estado tiene que garantizar innovación, pero también derechos, autoría, libertad creativa, diversidad cultural y protección del trabajo humano detrás de cada obra. Modernizar no puede significar desplazar la creación, sino protegerla mejor”, añadió el senador.
Gilberto Hernández Villafuerte, del PVEM, urgió a revalorar el séptimo arte en México como un vehículo para enseñar al mundo la cultura, el conocimiento y las artes nacionales, e hizo un llamado a retomar la época del Cine de Oro Mexicano, pero tomando en cuenta la realidad actual en la que existen importantes avances tecnológicos.
Por el PRI, la senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora destacó que la norma responde a una deuda pendiente con quienes hacen posible la industria cinematográfica nacional: creadores, técnicos y productores que durante años resintieron condiciones, pero advirtió que la posibilidad de que el Estado intervenga en los precios de las taquillas puede usarse con fines políticos.
Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, destacó que el cine es una de las expresiones artísticas de más fácil acceso para las personas, por lo que respaldo el proyecto para expedir esta nueva ley; sin embargo, consideró que la agenda para apoyar el séptimo arte nacional también requiere marcos legales de acceso universal y de condiciones dignas para creadores.
Agustín Dorantes Lámbarri, del PAN, mencionó que, si bien la ley reconoce que el acceso al cine es un derecho cultural de todas las personas, queda insuficiente, pues no resuelve problemas estructurales de la industria cinematográfica mexicana; regula plataformas, pero lo hace de manera insuficiente, no se toma ni la molestia de hablar de la Inteligencia Artificial en un mundo donde no se puede negar el alcance que tiene y tendrá, lo peor de todo es la falta de apoyo presupuestal. “Es como tener una película sin guion, sin producción y sin director”, advirtió.
Por Morena, el senador Javier Corral Jurado afirmó que esta reforma constituye un nuevo impulso al cine nacional, no sólo porque mantiene en sus definiciones importantes al cine y a la obra cinematográfica como una expresión cultural, como un bien cultural y como un medio de libertad de expresión creativa, sino porque impulsa la restitución de un capítulo de fomento en la producción nacional, con una progresividad de los recursos públicos que se aplicarán a través de fondos y estímulos fiscales.
En el documento, se establece que las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tienen como finalidad rescatar, restaurar y preservar las obras que integran el patrimonio cinematográfico y audiovisual nacional.
Lo anterior, además de garantizar el derecho de toda persona al acceso a las obras cinematográficas y obras audiovisuales por cualquier medio, así como la diversidad cultural en todas sus manifestaciones, con respeto a la libertad de expresión; impulsar el desarrollo de la industria cinematográfica nacional, e impulsar la formación audiovisual de las personas como parte de su derecho a la educación y la cultura.
En la legislación se reconoce a las obras cinematográficas y obras audiovisuales nacionales como un vehículo de expresión artística, social o educativa, producto de actividades culturales, recreativas y económicas.
Además, se mantiene la cuota mínima de pantalla para el cine mexicano de 10 por ciento del tiempo de exhibición en salas de cine con horarios equitativos y un periodo de 14 días de exhibición; además de que las plataformas digitales de video bajo demanda deberán ofrecer una sección que garantice la visibilidad del cine y audiovisual mexicano.
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deben coadyuvar en el fomento, desarrollo, circulación, promoción y difusión de la industria cinematográfica nacional por sí o mediante convenios con la autoridad federal competente.
Después de la votación, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez instruyó remitir el proyecto decreto al Ejecutivo Federal, para los efectos del artículo 72 constitucional.
