ASÍ LAS COSAS
Por Adolfo Prieto
México continúa atrapado en un ciclo de violencia que se extiende por todo su
territorio, donde los cárteles del narcotráfico dictan las reglas del juego en las
regiones más vulnerables y han alcanzado un poder tal que han colonizado, de
manera insidiosa, varias zonas urbanas y la vida cotidiana de millones de
ciudadanos. Las políticas del gobierno de Claudia Sheinbaum, que incluyen la
captura de algunos narcotraficantes y el decomiso de grandes cargamentos de
drogas, no son más que un ejercicio de comunicación que busca crear la ilusión
de acción. No obstante la violencia persiste, las estructuras de poder criminal
siguen intactas y la respuesta gubernamental se limita a gestos simbólicos que
hacen todo lo contrario a mitigar el problema.
En este contexto, parece que Claudia Sheinbaum se ha visto forzada a reconocer
que la estrategia de "abrazos, no balazos", promovida por su antecesor, no era
más que una fantasía populista. Aquella apuesta por la pacificación social ha
demostrado ser un fracaso rotundo, una ilusión montada sobre la premisa de que
el bienestar social podría reemplazar una estrategia de seguridad efectiva. A
medida que el número de homicidios, desapariciones y extorsiones van al alza, la
realidad golpeó más fuerte que las promesas del expresidente Andrés Manuel
López Obrador. Es la triste prueba de que la administración obradorista careció de
la capacidad para erradicar el poder de los cárteles, cuyas redes de influencia
continúan vigentes a nivel nacional, y lo que es peor, dicho problema se lo heredó
a su sucesora.
Para tratar de disfrazar su inacción, el gobierno celebra como victorias
superficiales las capturas de algunos líderes del crimen organizado y los
decomisos de droga. Pero estos operativos, lejos de ser una solución, parecen
actos de propaganda diseñados para calmar a una población que comienza a
cuestionar la eficacia del gobierno. No hay que perder de vista que Omar García
Harfuch, actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, fue responsable
de la seguridad en la Ciudad de México (CDMX) durante el mandato de
Sheinbaum, y su gestión dejó mucho que desear. No solo la inseguridad en la
capital aumentó de manera alarmante, sino que el desastre del colapso de la
Línea 12 del Metro, un símbolo del fracaso administrativo terminó por empañar la
imagen de la entonces jefa de gobierno. Si no pudieron contener la violencia en la
CDMX, es ingenuo pensar que podrán hacerlo en el resto del país, especialmente
en las regiones donde los cárteles tienen un control territorial casi absoluto.
En este contexto, no debe sorprendernos que la violencia siga siendo un
fenómeno desbordado, y que los cárteles operen con total impunidad. La narrativa
oficial sobre la seguridad, construida a base de estadísticas manipuladas y retórica
vacía, no refleja lo que ocurre realmente en las calles de ciudades como Culiacán,
Tijuana, Ciudad Juárez o Reynosa, donde la vida de los ciudadanos sigue
marcada por la sangre y el miedo. La incapacidad del gobierno para enfrentar a
los grupos criminales y desmantelar las redes que los sustentan es tan evidente
como preocupante.
Una de las causas de esta pasividad gubernamental, que no debe ser ignorada, es
la relación histórica y subterránea entre el poder político y el crimen organizado.
Las denuncias sobre la infiltración de los cárteles en los gobiernos local, estatal y
federal no son meras conjeturas: son una realidad palpable que facilita la
perpetuación de la violencia y la impunidad. El gobierno mexicano sigue, como en
otras administraciones, ocultando su complicidad mediante acciones mediáticas
que pretenden distraer a la opinión pública. Las imágenes de narcos arrestados y
cargamentos de droga incautados son solo cortinas de humo, que buscan ocultar
lo que todos saben: el sistema sigue funcionando para unos pocos, mientras la
mayoría se desangra.
En cuanto a las recientes declaraciones de Donald Trump sobre deportar
migrantes a México y declarar a los cárteles como terroristas, Sheinbaum ha
respondido con un discurso que, aunque bien intencionado, carece de la
profundidad necesaria para abordar la raíz del problema. Si bien es cierto que el
fenómeno migratorio debe tratarse con seriedad, también es evidente que México
no podrá salir del atolladero de la violencia y la pobreza sin enfrentar la realidad de
que el narcotráfico sigue siendo un negocio enormemente rentable y que su poder
sigue siendo un obstáculo insalvable para cualquier intento de desarrollo real. Los
cárteles no solo se benefician de las rutas hacia Estados Unidos, sino que también
ejercen una influencia corrosiva sobre las políticas de México, afectando a
millones de mexicanos, cuyo futuro se ve truncado por la falta de oportunidades y,
sobre todo, por la constante amenaza de la violencia.
La necesidad de generar empleo es innegable, pero no puede ser la única
respuesta frente a una crisis de seguridad que tiene raíces mucho más profundas.
El gobierno de Sheinbaum debe entender que la pobreza y la inseguridad no son
fenómenos separados: están intrínsecamente ligados, y sin un combate real
contra el narcotráfico y el crimen organizado, no habrá prosperidad en México. La
falta de un Estado de derecho sólido y la corrupción rampante son las raíces de la
violencia, y mientras no se aborden, los esfuerzos por generar bienestar social
serán mera utopía.
México está atrapado en una espiral de simulación política y conflictos sin resolver.
El gobierno pretende convencer a la población de que la violencia es un problema
externo que se soluciona con palabras y medidas aisladas, pero nunca se aborda
de raíz. La militarización de la seguridad pública, en lugar de ser una solución,
solo ha intensificado la sensación de indefensión entre los ciudadanos, mientras
los cárteles continúan expandiendo su control territorial. La estrategia de fortalecer
las fuerzas armadas como garantes de la paz ha fracasado estrepitosamente,
pues no hace más que trasladar el problema de la inseguridad a nuevos niveles.
Los vínculos entre el narcotráfico y el poder político en México siguen siendo el
elefante en la habitación, un tema que muy pocos se atreven a abordar con la
seriedad que requiere. Mientras los acuerdos informales entre el gobierno y los
cárteles sigan existiendo, es imposible esperar que una administración que
depende de estos pactos logre erradicar la violencia. La guerra contra el
narcotráfico no puede resolverse sin una reforma estructural que ataque las
causas sociales subyacentes: la pobreza, la educación deficiente y, sobre todo, el
colapso del Estado de derecho.
Es hora de que el gobierno deje de vender humo con medidas mediáticas que no
resuelven el problema y empiece a adoptar políticas públicas serias. Mientras no
se actúe de manera contundente contra los cárteles, respetando los derechos
humanos y fortaleciendo las instituciones, la violencia continuará siendo el pan de
cada día. México es un campo de batalla donde la simulación, la complicidad y la
indiferencia se erigen como las verdaderas ganadoras.
Hasta la próxima. ¡Feliz Año Nuevo!
adolfoprietovec@hotmail.com
