ASÍ LAS COSAS
Por Adolfo Prieto
En una administración que se presenta como la defensora de la transparencia y la
participación ciudadana, resulta profundamente inquietante que Andrés Manuel
López Obrador, junto con Claudia Sheinbaum, no haya llevado su propuesta de
consulta popular más allá del ámbito judicial. La necedad de querer utilizar
encuestas populares para la selección de jueces, magistrados y ministros nos la
quieren vender, sin duda, como un paso significativo hacia la democratización del
Poder Judicial. Sin embargo, esta no concuerda debido a la sorprendente omisión
de aplicar el mismo principio a la selección de los miembros del gabinete
presidencial de la futura Presidenta de México. Este vacío en la aplicación del
mecanismo participativo no solo representa una oportunidad perdida, sino una
notable incoherencia en la promoción de los valores de transparencia y legitimidad
que el gobierno actual pretende encarnar.
La exclusión de la consulta popular en el proceso de selección del gabinete revela
una preocupante brecha entre la retórica y la práctica. Mientras se promueve la
participación ciudadana para cargos judiciales, el gabinete presidencial, el núcleo
mismo del poder ejecutivo, se mantiene como una caja negra de decisiones
políticas. Esta contradicción subraya una falta de compromiso real con la apertura
y la responsabilidad, y sugiere que la consulta popular se utiliza más como una
herramienta política conveniente que como un principio fundamental de
gobernanza.
Permitir que los ciudadanos tengan voz en la selección del gabinete no es solo un
acto simbólico, sino una necesidad crítica para asegurar la calidad y la integridad
del gobierno. Los miembros del gabinete no son funcionarios menores; son
responsables de diseñar y ejecutar políticas que afectan tremendamente todos los
aspectos de la vida nacional. Sin embargo, el proceso actual de selección de estos
cargos permanece opaco y alejado de la supervisión pública. La falta de un
mecanismo participativo en la elección de estos funcionarios perpetúa la
percepción de que el poder está concentrado en un círculo cerrado de lealtades y
compromisos partidistas, en lugar de ser representativo del interés general.
En un contexto donde el actuar de Sheinbaum ha enfrentado críticas por prácticas
cuestionables y conflictos de interés, la ausencia de una consulta popular para los
nombramientos del gabinete es particularmente alarmante. La selección de
funcionarios clave, sin un escrutinio público, facilita la perpetuación de prácticas de
nepotismo y favoritismo. Es imperativo recordar que las designaciones en el
gabinete deben reflejar un compromiso genuino con la competencia y la
integridad, no con la lealtad a un grupo selecto de colaboradores. La falta de un
proceso participativo amplifica la posibilidad de que los nombramientos se basen
en lealtades políticas en lugar de méritos y capacidades reales.
La falta de consulta popular para los miembros del gabinete subestima el poder
transformador que la participación ciudadana o el pueblo bueno y sabio podría
aportar. En lugar de utilizar el mecanismo participativo como una herramienta para
reforzar el mandato presidencial, su limitación al ámbito judicial parece una
medida superficial para abordar la percepción de falta de transparencia. Al no
extender esta práctica a la selección del gabinete, se está fallando en una
oportunidad clave para fortalecer la confianza pública y fomentar una cultura de
gobernanza más abierta y responsable.
El contraste entre la retórica de la administración actual y sus acciones concretas
es alarmante. Mientras se argumenta que la consulta popular fortalece la
legitimidad de las instituciones judiciales, el mismo principio se ignora en la
selección de quienes tienen la responsabilidad directa de implementar políticas y
administrar el gobierno. Esta incoherencia no solo debilita el mensaje de la
administración sobre la importancia de la participación ciudadana, sino que
también plantea serias dudas sobre su verdadero compromiso con la
transparencia y la rendición de cuentas.
En comparación con prácticas internacionales, la falta de consulta popular para el
gabinete de Sheinbaum, se quiera o no, coloca a México en una posición
desfavorable. En muchas democracias avanzadas, la participación ciudadana en
la selección de altos funcionarios no es una excepción, sino una norma
establecida que asegura una mayor representatividad y eficacia. La adopción de
mecanismos participativos en México podría haber marcado un precedente
positivo para una política más inclusiva y democrática. Sin embargo, la omisión de
aplicar estos principios al gabinete refleja una visión limitada y una oportunidad
desperdiciada para avanzar hacia un sistema más participativo y transparente.
La decisión de Claudia Sheinbaum de no someter a consulta popular la selección
de los miembros de su gabinete no solo es una incoherencia con los principios de
transparencia y participación que se proclaman, sino una falla crítica en la
promoción de una verdadera democratización de la política. Esta falta de un
proceso participativo en la selección del gabinete perpetúa un modelo de
gobernanza opaco y excluyente, contraviniendo los principios fundamentales de
una administración abierta y responsable. Para que la administración de
Sheinbaum sea realmente vista como un ejemplo de buen gobierno, es imperativo
que extienda la consulta popular a todos los aspectos de su administración,
incluyendo la selección de su equipo de gobierno. De lo contrario, se arriesga a
ser percibida como una administración que prioriza la apariencia de transparencia
sobre su verdadera implementación.
Hasta la próxima.
adolfoprietovec@hotmail.com
