ASÍ LAS COSAS
Por Adolfo Prieto
Sin reparar en su obviedad y la enorme prisa que tiene por desaparecer por lo menos 10
organismos autónomos en México, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), entre otros, Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, pero no de todos los mexicanos,
enviará una reforma constitucional para ello y dijo: “Estoy revisando, con lupa, lo que
hacen estos organismos, al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de
reforma que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a
particulares y afectar el interés público”.
No se necesita ser un experto para deducir, inferir, señalar, intuir, adivinar, que la
desaparición de organismos autónomos, especialmente aquellos encargados de funciones
críticas como la fiscalización, la transparencia y la defensa de los derechos humanos,
puede tener consecuencias negativas para la salud de una democracia que tanto cacarea
AMLO, y desestabilizar el equilibrio de poderes, claro, menos el del Ejecutivo.
¿Razones para hacerlo? Solo se me ocurre pensar que es para cuidarse las espaldas,
porque si en verdad fueran organismos corruptos, como él se empeña en señalar, bastaría
con aplicar la ley, sanear esas instituciones, perfeccionarlas y blindarlas, pero no, es
cortarlas de tajo como si fueran un verdadero problema; pero no es así, están diseñadas
para operar de manera independiente y sin interferencia política directa. Al desaparecer
se corre el riesgo de perder un control externo e imparcial sobre las acciones del gobierno,
provocando un grave riesgo de impunidad porque la existencia de dichos organismos,
como fiscalías independientes o la comisión de derechos humanos, son esenciales para
investigar y responsabilizar a aquellos que abusan del poder. ¿Para qué eliminarlos? Para
darle paso a la impunidad y evitar la rendición de cuentas, cuentas que el actual
presidente no quiere dar.
Lo anterior puede conducir a una disminución en la transparencia gubernamental, pues a
menudo juegan un papel crucial en la divulgación de información importante para el
público y pareciera que el actual gobierno se inclina por la opacidad y por catalogar dicha
información como reservada o de seguridad nacional.
La Comisión de Derechos Humanos juega un papel fundamental para garantizar que las
políticas y acciones del gobierno respeten y protejan los derechos fundamentales de los
ciudadanos, pero según López, este organismo no está contemplado. Pareciera que el
gobierno no quiere tener contrapesos, y precisamente dichas instituciones actúan como
contrapeso, y su desaparición podría conducir a un desequilibrio en la distribución de
poder, favoreciendo la concentración de autoridad. ¡Más claro ni el agua!
Es innegable que parte de la ciudadanía desconfía de dichas instituciones porque percibe
en ellas falta de independencia e intuye una clara interferencia política con lo cual se pone
en entredicho la legitimidad de las acciones gubernamentales, no obstante que varios
organismos autónomos tienen un papel crítico en la lucha contra la corrupción, con lo que
su desaparición podría hacer más difícil abordar este problema sistémico o simplemente
no abordarlo.
¿De qué otra manera se podría mantener la integridad, transparencia y equilibrio de
poderes en un país cuyo presidente se jacta de ser democrático? Es claro que su
desaparición podría tener consecuencias negativas para la gobernabilidad y para el
respeto de los derechos y libertades fundamentales.
La desaparición de organismos autónomos puede ser altamente controvertida y generar
preocupaciones sobre la rendición de cuentas, la independencia judicial, la transparencia y
la protección de derechos fundamentales. Su existencia suele estar vinculada a la
preservación de la separación de poderes y la promoción de una gobernanza democrática
y justa, por lo que cualquier intento de eliminarlos debe ser abordado cuidadosamente
para garantizar que se mantengan los principios fundamentales de una sociedad
democrática y de derechos, pero eso parece no importarle mucho a AMLO, hay que
desaparecerlos cuanto antes porque él “ya se va” y no hay que dejar cabos sueltos.
Hasta la próxima
