- Plantea que la elección de las personas juzgadoras se realice el primer domingo de junio del 2028
La presidenta de la Mesa Directiva de Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, informó a la Asamblea que la iniciativa que presentó la titular del Poder Ejecutivo Federal para celebrar la elección del Poder Judicial el primer domingo de junio del 2028, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
En el documento que fue publicado en la Gaceta de la Permanente, el Ejecutivo Federal destaca que la reforma constitucional de 2024 estableció un calendario de renovación escalonada del Poder Judicial que, en su siguiente ciclo, genera la posibilidad de que el proceso de elección de personas juzgadoras coincida con el proceso electoral federal ordinario de 2027, en el que se renuevan diversos cargos de representación política.
Subraya que esa coincidencia, en las circunstancias actuales, impondría desafíos significativos tanto para las autoridades electorales como para el Poder Judicial de la Federación.
Por ello, propone que la siguiente elección judicial se celebre el primer domingo de junio del 2028, de forma concurrente con otros ejercicios democráticos.
“Esta decisión fortalece la identidad propia del modelo de justicia democrática impulsado por la Cuarta Transformación, permite atender los desafíos logísticos identificados a partir de la experiencia de 2025 y abre la oportunidad de realizar los ajustes normativos, técnicos y metodológicos necesarios para mejorar el proceso en beneficio de las personas aspirantes,
del electorado y, en última instancia, del pueblo de México en su conjunto”, expresa el Ejecutivo.
Dicho ajuste en el calendario electoral -acota el documento-, no se limita al ámbito federal ya que la iniciativa contempla que las entidades federativas no podrán, en ninguna circunstancia, celebrar sus procesos de elección judicial en fechas distintas a las establecidas para la elección judicial federal, lo que garantiza la homogeneidad y la certeza jurídica en todo el
territorio nacional.
Por otro lado, plantea adecuar el marco constitucional en materia de revocación de mandato, a efecto de permitir que este mecanismo de participación ciudadana pueda realizarse de manera concurrente con las elecciones ordinarias federales o locales del año en que se celebre el proceso revocatorio, de ser solicitado conforme al artículo 35, fracción IX de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta modificación busca dotar de mayor racionalidad, eficiencia y funcionalidad al sistema electoral mexicano, con el aprovechamiento de las capacidades institucionales ya desplegadas para la organización de procesos comiciales, así como para evitar la duplicidad de estructuras, recursos humanos, materiales y financieros.
Entre otros puntos, el proyecto establece mecanismos para fortalecer y hacer más eficiente la operación de los Comités de Evaluación. Entre ellos, se contempla que las personas integrantes de cada Comité elijan, de entre sus miembros, a quien coordinará sus trabajos.
Sugiere la creación de una Comisión integrada por las personas coordinadoras de cada Comité, quienes a través de criterios objetivos unificados, verificarán el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de todas las personas participantes.
Además, podrán establecer metodologías homologadas de evaluación y selección, lo que incluye exámenes de conocimientos; y emitir los acuerdos que resulten necesarios para hacer más eficientes los trabajos de los Comités y permitir que cumplan cabalmente su misión al servicio del pueblo mexicano.
La iniciativa plantea la reducción de candidaturas, simplificación y blindaje del voto, así como
el principio de paridad de género.
En este tema, propone que, durante su evaluación, los Comités de Evaluación seleccionen a las cuatro personas mejor evaluadas, observando la paridad de género, y que posteriormente este listado se ajuste mediante insaculación pública a dos postulaciones para cada cargo o especialidad sujeto a elección.
Con ello se reduce de manera sustancial el número de candidaturas presentadas en cada boleta respecto del modelo anterior.
De acuerdo con el proyecto, los Comités de Evaluación también deberán integrar el listado de las personas mejor evaluadas con igual número de mujeres y hombres y, posteriormente, realizar la insaculación de forma separada para cada género, de modo que el conjunto final de candidaturas de cada cargo y especialidad quede conformado en partes iguales por mujeres y hombres.
De igual forma, plantea un diseño claro y manejable de las boletas electorales para las elecciones judiciales, de manera que se identifique con precisión a cada Poder postulante y, en su caso, a las personas juzgadoras en funciones que deseen participar.
Por otra parte, propone que las elecciones judiciales se celebren en la misma ubicación geográfica que las elecciones federales ordinarias que se realicen ese año. Ello no solo evitará el dispendio innecesario de recursos públicos, sino que simplifica el ejercicio del voto y acerca aún más el proceso democrático a la vida cotidiana de las personas, para evitar que
deban desplazarse entre dos ubicaciones distintas para elegir a sus representantes El Ejecutivo Federal enfatizó en el documento que la iniciativa no sustituye la reforma judicial de 2024, sino que la profundiza. Su propósito es fortalecer los mecanismos que permitan que la voluntad del pueblo se exprese con eficacia institucional y que el nuevo Poder Judicial se
consolide como un Poder con mayor legitimidad, cercano a la ciudadanía y capaz de garantizar una justicia pronta, completa, imparcial y profesional desde el inicio del ejercicio del encargo.
