I. El Planteamiento de la Controversia
Se observa que el Proyecto de Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045, al proponer una estructura de «Gobernanza Territorial» y un «Sistema Integral de Participación», no solo complementa la normativa vigente, sino que establece un andamiaje paralelo.
La motivación de esta crítica radica en que, mientras la Ley de Participación Ciudadana (LPC) es el instrumento reglamentario directo del artículo 25 de la Constitución local, el PGD parece erigirse sobre acuerdos de concertación política y facultades del Instituto de Planeación, eludiendo los procesos de democracia directa (referéndum o consulta ciudadana vinculante) que validarían una reforma de tal calado en la vida pública.
II. Fundamentación Jurídica y Constitucional
Vulneración de la Jerarquía Normativa (Art. 133 Constitucional):
Se argumenta que un plan administrativo, por más que tenga visión de largo plazo, no puede jerárquicamente modificar o dejar sin efectos operativos las facultades que la LPC otorga a los órganos de representación ciudadana (como las COPACO).
Si el PGD pretende centralizar la participación bajo un esquema de planeación estatal, se estaría contraviniendo el principio de legalidad, pues se intenta legislar «mediante del pragmatismo administrativo» y no por la vía del *derecho parlamentario y ciudadano.*
Contravención al Principio de Progresividad (Art. 1º Constitucional):
La Constitución Política de la CDMX reconoce la participación ciudadana como un derecho humano fundamental. Al pretender «suplantar» los mecanismos de la LPC por un modelo de gobernanza decidido desde la cúpula técnica (acuerdo político), se corre el riesgo de un retroceso en las garantías ya adquiridas por la ciudadanía para incidir directamente en el *presupuesto y las decisiones territoriales* sin intermediación política.
