ASÍ LAS COSAS
Por Adolfo Prieto
El gobierno insiste en presentar el programa de transferencias directas para
adultos mayores como solución a la pobreza en México. En discursos oficiales y
redes sociales, se alaba como “avance histórico” en bienestar social. Lo que se
presenta como medida de justicia social no es más que un truco populista que
sirve para arraigar la dependencia y mantener a los beneficiarios atrapados en una
estructura asistencialista que les roba su dignidad. Lejos de empoderarlos, los
convierte en peones dentro de un juego político que explota su vulnerabilidad a
cambio de votos.
La cifra es ridícula: 6,200 pesos bimestrales, 3,100 pesos al mes. En un país con
una inflación del 9.3% y con los precios de alimentos y medicinas disparados, este
monto es, literalmente, una burla. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Canasta Alimentaria Recomendable
para un adulto mayor supera los 6,200 pesos. A esto hay que sumarle el
desbordante costo de los medicamentos, la atención médica especializada y los
servicios básicos que la mayoría no puede pagar. Este programa es un paliativo
barato que maquilla la realidad de un sistema de salud colapsado y una economía
desbordada por la desigualdad.
La respuesta del gobierno es repartir tarjetas mientras los hospitales públicos
están saturados y la escasez de medicinas es un problema crónico (más del 60%
de las unidades médicas reportan faltantes, según la Secretaría de Salud). Lo que
se ofrece es entregar un plástico y difundir la imagen de funcionarios sonriendo,
como si la pobreza se resolviera con promesas incumplidas, propaganda y
sonrisas. En lugar de recibir una efectiva solución a sus problemas, los adultos
mayores reciben una cifra que se desintegra día tras día frente a la realidad de los
precios y los costos de vida.
Este enfoque clientelista es una maniobra para asegurar votos, no una política
pública pensada en el bienestar real. Según el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), este tipo de programas no busca empoderar a la gente,
sino generar dependencia que asegure el control político. Se trata de comprar
lealtades a base de dádivas, manteniendo a la población atrapada en la falsa
ilusión de que su situación mejora, cuando en realidad se mantiene en una
posición subalterna.
El contraste con otros países es brutal. En naciones con mejores índices sociales,
las pensiones son universales y ajustadas a la inflación. En México, la pobreza
afecta a casi la mitad de los adultos mayores, y el gobierno responde cambiando
su dignidad por un plástico que no sube ni un centavo con la inflación. Mientras
otros países invierten en sistemas de salud públicos universales y en pensiones
que aseguran una vida digna para sus ciudadanos, en México se opta por parches
económicos que mantienen a las personas dependientes del Estado, pero sin
ofrecerles las herramientas para salir de su precaria y lamentable situación.
El modelo de transferencias directas no resuelve las causas de la pobreza, las
perpetúa. En lugar de ofrecer una estrategia integral que combine trabajo digno,
educación y acceso a salud, se mantiene la pobreza con pagos mensuales que
nunca permitirán a los beneficiarios mejorar su condición de vida. En vez de
romper con el ciclo de exclusión, se les envuelve en una dinámica de dependencia
y subordinación.
Aquellos que defienden esta política diciendo que gracias a López Obrador los
más pobres tienen esperanza, lo único que hacen es perpetuar la mentira. El
gobierno no combate la pobreza; disfraza la desigualdad con un programa
engañoso. Una tarjeta no cambia las estructuras de poder ni resuelve la
desigualdad estructural. El problema de fondo es que no hay empleos dignos, no
hay educación de calidad, ni hay un sistema de salud que pueda ofrecerles a los
adultos mayores lo que realmente necesitan: autonomía y la capacidad de mejorar
sus condiciones de vida.
Este modelo asistencialista es una estrategia electoral que mantiene a la gente
dependiente, agradecida, y atrapada en un ciclo de pobreza que jamás cambiará
si no se actúa sobre sus causas estructurales. El gobierno celebra el éxito de su
programa, pero la pobreza sigue siendo la norma; la salud pública, deficiente; y los
adultos mayores, instrumentos de una farsa política que beneficia a unos pocos.
Este programa no debe confundirse con políticas sociales reales. Son medidas
que disfrazan la incompetencia del gobierno, que prefiere mantener a la gente
dependiente en lugar de ofrecerle la oportunidad que necesita. Si la intención
fuera mejorar la calidad de vida, este invertiría en un sistema de salud accesible,
en pensiones dignas y en políticas económicas que generen empleo y no solo
transferencias.
Lo que hoy se presenta como "beneficio social" es solo control político, estrategia
clientelista que mantiene a los más vulnerables atados a un sistema que perpetúa
la pobreza y la dependencia. Una tarjeta no transforma vidas, solo da alivio
temporal y el gobierno se lleva los aplausos. La pobreza sigue intacta, la
propaganda no cesa y lo único que se cultiva es una base de lealtades
compradas. El país se desangra en desigualdad, y el Estado elude las reformas
estructurales que transformarían el futuro de millones. Si el sistema de salud y las
pensiones no se reforman sustancialmente, esa “maravillosa” tarjeta seguirá
siendo un dulce veneno, un placebo barato que aplaza lo inevitable: la falta de una
verdadera oportunidad de cambio.
¡Hasta la próxima!
