Lo Que No Hacen Los Buenos
Por Efraín Delgadillo Mejía
Entre las muertes de mexicanos bajo custodia migratoria, las acusaciones contra un gobernador de Sinaloa y la presión cada vez más visible de Washington, el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta una prueba incómoda: defender la soberanía del país sin permitir que esa bandera termine sirviendo como refugio para la impunidad.
La crisis volvió a poner sobre la mesa una pregunta que México y Estados Unidos nunca terminan de resolver: ¿hasta dónde llega la cooperación y en qué momento empieza la intervención? Esta semana, el gobierno de Claudia Sheinbaum endureció el tono frente a Washington al anunciar acciones legales por la muerte de 17 mexicanos relacionadas con operativos o custodia de ICE. Casi al mismo tiempo, Estados Unidos reactivó un expediente políticamente explosivo: la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con redes de narcotráfico.
Los dos asuntos —migración y seguridad, víctimas y poder— terminan cruzándose en el mismo punto. México necesita demostrar que puede cooperar sin agachar la cabeza y defenderse sin cerrar los ojos ante sus propios problemas. Dicho de otro modo: soberanía, sí; impunidad, no.
El país que reclama por sus muertos
Durante meses, México respondió a las muertes de connacionales en Estados Unidos con el lenguaje de siempre: notas diplomáticas, acompañamiento consular y reclamos ante organismos internacionales. Pero el caso de Lorenzo Salgado Araujo, muerto en Houston durante un operativo de ICE, cambió el tono. Dejó de ser una cifra más en una lista dolorosa y se convirtió en un símbolo político. Una nota diplomática pide explicaciones; una denuncia penal obliga a buscar responsables.
La doctrina Sheinbaum: cooperación sin subordinación
La presidenta ha marcado una línea que, poco a poco, se ha convertido en una especie de doctrina: intercambio de información, sí; coordinación operativa, sí; presencia unilateral de agencias estadounidenses en territorio mexicano, no. Washington quiere resultados visibles contra drogas, armas y migración. México, por su parte, exige que esos resultados no se consigan a costa de su soberanía.
Cooperar con Estados Unidos no significa gobernar con permiso de Estados Unidos. Pero esa postura solo será creíble si va acompañada de instituciones capaces de investigar, sancionar y dar explicaciones claras. La soberanía se defiende mejor con expedientes bien armados que con discursos encendidos.
Sinaloa, el expediente que incomoda al poder
El caso de Rubén Rocha Moya abrió el flanco más sensible para el oficialismo: un gobernador con licencia, un estado marcado desde hace décadas por la presencia del Cártel de Sinaloa y un partido que llegó al poder prometiendo limpiar la vida pública. Las acusaciones, todavía no probadas en México, colocan a Morena ante una pregunta difícil de esquivar: ¿cómo defender el debido proceso sin dar la impresión de que se protege a los propios?
La relación indispensable
México y Estados Unidos pueden molestarse, reclamarse y enviarse notas diplomáticas, pero no pueden darse el lujo de romper. Comparten frontera, comercio, familias binacionales y una agenda de seguridad atravesada por fentanilo, armas, migración y crimen organizado. La relación no descansa en simpatías; descansa en necesidad.
El impacto político: la prueba de autoridad moral
El mayor riesgo para Sheinbaum no está únicamente en Washington ni en los tribunales. Está en que esta crisis termine marcando el tono moral de su gobierno. Defender la soberanía puede fortalecerla; permitir que esa defensa se perciba como protección política a sus aliados puede desgastarla con rapidez.
Lo que tendría que hacer el gobierno mexicano
El gobierno mexicano necesita separar tres asuntos que hoy aparecen mezclados: la defensa de los migrantes, la cooperación judicial y la soberanía. En el frente migratorio, debe documentar y litigar las muertes bajo custodia o durante operativos de ICE. No basta con reclamar en público: hay que probar, exigir responsabilidades y sostener los casos incluso cuando el tema deje de ocupar titulares.
Lo que tendría que hacer Morena
Para Morena, el desafío toca directamente su relato de origen. Si responde a las acusaciones como si todo fuera una conspiración extranjera, pero evita revisar su propia casa, le dejará a la oposición una acusación simple y eficaz: que la soberanía terminó convertida en escudo partidista. La frontera más difícil no siempre está en el mapa; a veces está entre la justicia y la conveniencia.
La depuración no puede quedarse en promesa. El gobierno debe apartar —sin cálculo ni simulación— a corruptos, operadores que usan el cargo como escudo y funcionarios sobre los que existan indicios serios de vínculos con el crimen organizado. No se trata de condenar sin pruebas; se trata de impedir que la sospecha razonable se vuelva parte del paisaje político.
Morena tendría que hacer lo mismo puertas adentro: romper con cuadros cuestionados, revisar financiamientos y cerrar el paso a candidatos ligados a pactos oscuros, dinero ilegal o protección territorial. La disciplina partidista no puede estar por encima de la limpieza pública.
En el fondo, esta crisis puede leerse con una idea sencilla pero exigente: la soberanía no puede usarse como escudo para la impunidad ni como excusa para permitir intervenciones externas. México tiene derecho a cooperar con Estados Unidos sin gobernar bajo su permiso, pero también está obligado a demostrar que puede limpiar su propia casa. Si el país quiere respeto afuera, necesita ofrecer legalidad, transparencia y firmeza adentro; frente a Washington, carácter, y frente a México, limpieza pública.
Para novedades: los clásicos, Platón advirtió que el castigo de los hombres buenos que no se interesan por la política es ser gobernados por hombres malos. En esta crisis, la lección suena menos filosófica y más urgente: cuando la gente decente guarda silencio, los corruptos encuentran espacio para administrar el Estado.
Llamado a la acción: firmeza afuera, limpieza adentro
El gobierno mexicano debe actuar con una claridad que no deje demasiado margen a la sospecha. Si exige respeto a Estados Unidos, también debe ofrecer certeza dentro del país: investigaciones abiertas, expedientes verificables, cooperación judicial con límites legales y una defensa consular que no dependa del escándalo del momento. Quien pide respeto afuera tiene que imponer legalidad adentro.
La oportunidad existe: convertir una crisis bilateral en una prueba de madurez democrática. Pero eso exige algo más difícil que resistir la presión externa: mirar hacia adentro, asumir responsabilidades y demostrar que en México la ley no se negocia por conveniencia diplomática ni por disciplina partidista. Porque, al final, la soberanía no se grita: se prueba. Y un país que exige respeto afuera debe empezar por limpiar su casa adentro.
Preguntas para el debate político
¿Puede México exigir respeto a su soberanía si no demuestra capacidad real para investigar a sus propios funcionarios?
¿Dónde debe trazarse la línea entre cooperación legítima con Estados Unidos e intervención inadmisible?
¿Morena está dispuesta a depurarse internamente o convertirá la disciplina partidista en mecanismo de protección?
¿Cómo puede el gobierno defender el debido proceso sin parecer que protege a aliados políticos?
¿Qué pesa más en esta crisis: la presión de Washington, la debilidad institucional mexicana o la infiltración del crimen organizado?
¿La doctrina Sheinbaum puede convertirse en política de Estado o quedará como consigna de coyuntura?
