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martes, octubre 27, 2026
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POLITICA SOCIAL BASADA EN AYUDAS ESPECÍFICAS Y NO EN SUBSIDIOS GENERALIZADOS

El Hijo del Camionero

“México ante la posibilidad de quebrar, sin rescatar a nadie de forma real de la pobreza”

 

Por: Dr. Mario Rodolfo Cid de León Carraro

Presidente de la Junta de Enlace Ciudadano, para el
Análisis de Temas Económicos y Sociales de
México y Nezahualcóyotl

@MRODOLFO_CID

El modelo capitalista actual, ha entrado en una profunda crisis, derivada de la toma de decisiones de carácter geopolítico, que han implicado que los mercados de materias primas y de logística se vean afectados, impactando al alza los precios de los bienes de consumo final, lo que implica enfrentar un fenómeno de inflación no controlada, que ha encarecido la vida de las poblaciones en el mundo.

Estados Unidos como una forma de afrontar el impacto inflacionario, decidió incrementar sus tasas de interés, mientras que en México, estas permanecen estables, a pesar de que se cerró el diferencial y con ello se entró en una espiral devaluatoria del peso, que habrá que estudiar el impacto en el poder adquisitivo a que ello conlleva.

Este fenómeno de encarecimiento, se ha visto controlado por el enorme avance tecnológico, los márgenes de maniobra en tasas de interés y la adaptación productiva al entorno, lo que sustancialmente disminuye los daños que al sistema económico, le ha causado el desorden geopolítico.

Revisando el trabajo de los especialistas Braulio Britos, Chiara Maggi, Galip Kemal Ozhan y  Sihwan Yang, puede estimarse que el crecimiento mundial pierda velocidad hasta el 3,10% en 2026 y repunte hasta el 3,4% en 2027, donde la inflación general mundial registre un aumento notable hasta el 4,7% en 2026 y que se modere hasta el 4,1% en 2027, por ello, las economías importadoras de energía que no se encuentran en la cadena de valor tecnológica se enfrentan a las perspectivas más complicadas, por lo que parece que México tiene ventaja; sin embargo, los factores de ajuste que contribuyeron al sostenimiento del sistema, tienen sus límites, y los riesgos se inclinan hacia un deterioro de la situación: la escalada de los conflictos, un reajuste de las expectativas acerca de la inteligencia artificial, un recrudecimiento de las tensiones comerciales y las vulnerabilidades fiscales podrían afectar el crecimiento.

Existen estimulantes como lo es una enorme inversión en Inteligencia Artificial y de las mejoras de la productividad, o bien una moderación sostenida de las tensiones geopolíticas y comerciales, podrían afianzar el crecimiento, lo que implica que hay que vigilar el lado del ingreso para lograr que los marcos fiscales puedan responder más eficazmente a las disrupciones, generando espacio fiscal para implementar políticas de carácter correctivo y de estímulo, enfrentando así las crisis del costo de vida, donde los gobiernos deben preservar las señales de los precios y, sobre todo, apoyar los ingresos con ayudas temporales focalizadas en los más vulnerables, lo que no ocurre en México, donde un esquema de subvencione generalizadas, dispersa el efecto de la aplicación de los recursos, fomentando el incremento de los niveles de endeudamiento.

Los efectos mundiales de los cambios en las políticas fiscales, dependen como se financien sus recortes, dejen de cobrar o bien conserven los tipos impositivos, Los recortes de impuestos financiados mediante deuda estimulan la actividad interna, pero pueden tener repercusiones negativas a corto plazo en el exterior, con el tiempo, pueden surgir repercusiones positivas gracias a la transferencia transfronteriza de conocimientos, pero la merma de los ingresos puede limitar la inversión pública a nivel nacional, sobre todo en las economías emergentes y en desarrollo, tal es el caso de México, no obstante, el costo de bienes esenciales para la vida cotidiana, desde los alimentos y la electricidad hasta los combustibles, ha aumentado drásticamente en los últimos cinco años debido, en gran medida, a las disrupciones en los mercados mundiales de materias primas desde que comenzara la invasión rusa de Ucrania en 2022 y, después, por la agresión de Estados Unidos e Israel a Irán.

Durante estas crisis del costo de vida, los precios de bienes esenciales, como los alimentos y la energía, se incrementan a un ritmo superior al de otros precios y al de los salarios y dado que resulta imposible reducir el consumo de bienes básicos, o sustituirlos por completo, cuando sus precios aumentan, aunque sea solo de forma temporal, las dificultades económicas que se generan son de carácter grave e incluso permanente, donde “las consecuencias van más allá de unos pocos meses de mayor inflación”.

Estas crisis pueden amenazar la estabilidad macroeconómica, ya que si los precios de los bienes básicos continúan aumentando con respecto a los de otros bienes durante más de un año y se mantienen elevados de forma duradera, la población enfrentará un repunte agresivo de los costos de los alimentos y la energía, además de un deterioro persistente al acceso a los bienes esenciales en comparación con otros productos., adicionalmente, la inflación se mantiene alta mucho después del repunte inicial de los precios de los alimentos y la energía.

Las expectativas inflacionarias también aumentan y se sitúan por encima de los niveles previos a la crisis durante años, lo que implica un daño en los esfuerzos de los bancos centrales por controlar la inflación, disminuyendo el poder adquisitivo cuando el nivel de los salarios reales cae y se mantienen por debajo de sus niveles previos durante un período prolongado, generando carga que repercuten de manera desproporcionada en las familias de menores ingresos, ya que los alimentos y la energía constituyen una proporción más elevada de su gasto, por lo que soportan una inflación significativamente más alta que los hogares más acomodados durante las crisis del costo de vida.

Los efectos en la desigualdad y la pobreza son sustanciales, sobre todo en los países de ingreso más bajo, donde los bienes básicos representan una proporción aún mayor del gasto de los hogares con menos recursos, lo que pone de relieve que las crisis del costo de vida constituyen golpes económicos que pueden, simultáneamente, afectar a la estabilidad de precios, reducir el nivel de vida y aumentar la desigualdad, por lo que la intervención pública, juega un papel importante para mitigar o evitar el daño.

Frente a las presiones para actuar de forma inmediata, los gobiernos han recurrido en gran medida a intervenciones de carácter general para contener el aumento de los precios, según datos recientes de 76 países recopilados a lo largo de los últimos tres decenios, lo que sucede especialmente en las economías de mercados emergentes y países de ingreso bajo. En las economías avanzadas, esas intervenciones de contención de precios han solido adoptar la forma de reducciones del impuesto sobre el valor agregado o de los impuestos selectivos al consumo de los productos alimentarios y energéticos, lo que modera el encarecimiento de precios para los consumidores finales.

Los mercados emergentes y países de ingreso bajo han recurrido en mayor medida a políticas dirigidas a aliviar las presiones sobre los costos en las fases de producción, como los subsidios a los productores, las reducciones de los derechos de aduana o los controles directos de precios, lo que probablemente refleje una mayor prevalencia de mercados minoristas informales, lo que fundamentalmente ocurre en México.

Los gobiernos también han proporcionado ayudas directas al ingreso, como en el caso de México, aunque sin lógica económica; mientras que las economías avanzadas han recurrido en cierta medida a transferencias focalizadas, en los países más pobres han sido más habituales los aumentos generalizados de los salarios y las pensiones. Si bien este tipo de intervenciones puede ofrecer un alivio inmediato, su eficacia a la hora de proteger a los hogares vulnerables termina siendo deficiente, aumentando la carga impuesta a las finanzas públicas comprometiéndolas, ya que el costo de los subsidios termina siendo alto.

Las transferencias focalizadas y temporales son la forma más eficaz y eficiente en función de los costos para proteger a los hogares de menores ingresos cuando los precios de los bienes básicos se disparan, este enfoque sirve para ayudar directamente a quienes más lo necesitan, preserva el limitado espacio fiscal y permite que los elevados precios de mercado sigan enviando señales sobre la escasez, lo que lleva a los consumidores a reducir el consumo, cuando les es posible, por otra parte el espacio fiscal que no se compromete, debe invertirse directamente en la generación de empleo, mecanismo único y real, con el que se abate la pobreza.

Las medidas dirigidas a contener los precios son bastante menos eficientes, aunque a corto plazo pueden aliviar las disyuntivas de la política monetaria al contener la inflación y el poder adquisitivo, su costo para las finanzas públicas es considerablemente más elevado.

Para ofrecer la misma protección a las familias con menos ingresos, los subsidios al consumidor necesitan entre tres y seis veces más recursos fiscales que las transferencias focalizadas y, según los datos de un nuevo modelo, los subsidios a los productores pueden llegar a costar entre 14 y 22 veces más que las ayudas focalizadas al ingreso; lo que sucede porque gran parte de ese apoyo no llega a quienes más lo necesitan, como quedó demostrado durante la crisis energética de 2022-23 en Europa, por cada euro destinado a contener los precios de la electricidad, el gas natural y la gasolina, menos de 20 céntimos llegaron a los dos deciles más pobres de los hogares de acuerdo al coeficiente de GINI. Al mantener los precios bajos de forma artificial, estas medidas reducen los incentivos para conservar los recursos escasos, donde si muchos países las aplican simultáneamente, pueden elevar todavía más los precios mundiales, lo que a su vez agrava las disyuntivas de política económica de los países de ingreso bajo, lo que pasa en México.

Los subsidios a los productores son aún menos eficientes, ya que reducen los costos de producción en lugar de ayudar directamente a los hogares, estas medidas benefician a los consumidores extranjeros al reducir los precios de exportación de los productos transformados, consecuentemente los contribuyentes terminan pagando más para beneficiar a personas y empresas de otros países en lugar de a las familias vulnerables de su propio país, lo que ocurre en México.

Las crisis del costo de vida imponen importantes costos económicos y sociales y generan pérdidas de bienestar especialmente grandes para las familias con menos ingresos, la ayuda, cuando esté justificada, debe ser temporal y canalizarse a través de medidas focalizadas de apoyo al ingreso, idealmente utilizando sistemas de protección social ya existentes que puedan ampliarse con rapidez, tal cual lo prescribe el pensamiento neo keynesiano, constituyéndose como base de una política de talante demócrata cristiano.

En circunstancias excepcionales, como preocupaciones graves sobre la seguridad alimentaria, riesgos elevados de malestar social o importantes dificultades para la aplicación de las medidas de apoyo, puede ser necesario ampliar la ayuda, siempre que exista espacio fiscal, incluso en esos casos, el apoyo debe planificarse en función del componente temporal del incremento de precios en particular, con cláusulas de caducidad claras, y no adaptarse a niveles de precios que han aumentado de forma permanente. Al ampliar el grupo de beneficiarios, la cuantía de la ayuda debe estar determinada por el efecto promedio del choque en los hogares de ingreso más bajo.

Si se consideran inevitables, las medidas sobre los precios deben estar estrechamente focalizadas en los bienes y servicios que tienen mayor peso en el consumo de los hogares vulnerables, preferentemente en los sectores más cercanos al consumidor final, y diseñarse de forma que preserven las señales subyacentes de precios en la medida de lo posible, lo que resulta necesario en un mundo más propenso a los choques inflacionarios, reforzar la protección social antes de que se produzcan las crisis puede mejorar la eficacia de las políticas de respuesta futuras y ayudar a preservar el espacio fiscal necesario para afrontar esos choques, por lo que en México, la reestructuración del Sistema de Seguridad Social y los programas de fomento del empleo real, digno y bien remunerado, son indispensables.

Si México sigue por el camino actual, el impacto positivo de las transferencias de los programas sociales, se seguirá reduciendo, hasta que no impliquen nada, el endeudamiento llegará a niveles insostenibles, privando a la economía de la capacidad de generar nueva riqueza a través de más empleo, lo que de antemano ya se vive.

México tiene que tomar un camino distinto al actual y no es opción regresar a aquel por el que se transitó antes. Como ciudadanos estamos ante la responsabilidad histórica de exigir a aquellos que aspiran a gobernar, que respondan a través de proyectos y programas adecuados y no aceptar que todo se arregla repartiendo dineros, sin que este en última instancia, se destine a través del canal que sea a fines productivos.

Indudablemente ayudar a quien lo necesita, en el momento indicado ayudándolo a salir adelante, es lo económicamente viable, en vez de subsidiar a todos sin ningún control, teniendo como consecuencia, mantenerlos en la pobreza.

Se puede concluir con una idea muy clara de los autores consultados: “Un apoyo más focalizado logra proteger a las familias vulnerables con un costo muy inferior al de los subsidios generalizados y, además, contribuye a preservar los escasos recursos fiscales”

Tengamos un México viable, capaz de sacar de la pobreza a todos aquellos que son presa de ese flagelo.

Fuente: Fondo Monetario Internacional.