¿Es una solución la contrapropuesta del actual gobierno?
Por: Dr. Mario Rodolfo Cid de León Carraro
Presidente de la Junta de Enlace Ciudadano, para el
Análisis de Temas Económicos y Sociales de
México y Nezahualcóyotl
@MRODOLFO_CID
Como es sabido, ya dos de las principales agencias internacionales, cambiaron la perspectiva de la calificación soberana de México de estable a negativa, lo que implica es que si para la próxima emisión de calificación, si no se han corregido las distorsiones generadas en la economía y en la estructura de la organización gubernamental; la calificación será degradada y si dicha degradación va por debajo del grado de inversión, en ese momento, “saltará por los aires el T MEC”, situación que parece que a la ciudadanía la tiene sin cuidado, a pesar de que dos de cada tres empleos formales, se originan a consecuencia del tratado.
Parte de la situación a evaluar y como se mencionó en columnas pasadas, es la revisión de la planeación económico-financiera presupuestal, para el ejercicio fiscal del año 2025, misma que revelaría los verdaderos resultados del gobierno anterior, lo que indudablemente es cierto. El mal denominado paquete económico, apenas se presentó el 08 de noviembre y será sujeto a análisis, para que sea presentado en próxima columna de manera muy seria, porque indudablemente, la opinión de los socios estratégicos, de las calificadoras y de sectores concretos de la sociedad (UNAM, IPN y UAM), indudablemente generaran cambios, aunque no sean sustantivos.
Un componente importante en este paquete presupuestal resulta ser el financiamiento a las empresas estatales reclasificadas, como empresas públicas del estado, dejando atrás lo de empresas productivas del estado.
La contra reforma constitucional instituida por el actual régimen, devuelve el carácter paraestatal a Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, dejando atrás un modelo que las condujo en parte al colapso actual (en parte, ya que la otra parte la explica el mal manejo del que fueron sujetas en el sexenio pasado), pero cabe la interrogante, lo que se ofrece en la actualidad ¿es lo correcto?
Tenemos que empezar por reconocer, que el T MEC, tratado FIRMADO POR EL EXPRESIDENTE LOPEZ OBRADOR, establece condiciones, que hacían compatible con este el modelo de empresas productivas del estado, lo que incluso llevó a que en reunión de los jefes de estado y de gobierno de América del Norte, tanto el Reino de Canadá, como Estados Unidos exigieron el puntual cumplimiento del T-CAM, en materia de mercados energéticos e inversión extranjera; por lo que cabe analizar de fondo que si la contrarreforma recogió las observaciones de fondo realizadas para que no se contraponga a lo establecido en el instrumento comercial, para evitar que se ejecute el capitulo de sanciones y con ello no se impongan las represalias previstas, por lo que aquel gobierno de México, no tuvo más que ofrecer garantías que refrenda el actual gobierno, lo que nos deja claro que el discurso anti imperialista es uno y la actitud real ante el imperio, es otra.
Este tema tiene otra arista entre los especialistas, refleja el lado obscuro de la oposición y revela el bajísimo nivel de conocimiento y por tanto de debate, donde solo se reproducen ideas abstractas no fundamentadas de grupúsculos hacedores de opinión, donde todos sin excepción, apelan al fanatismo de muchos desconocedores del tema.
En esta parte nos centraremos en la Comisión Federal de Electricidad, a partir de le escucha de opiniones de que la contra reforma encarecerá el precio de la electricidad, aun cuando no existe
un modelo de precios aun en este momento y tampoco existe un modelo operativo definitivo, lo que debería ser el centro de la discusión.
La reforma constitucional en materia de energía publicada en el Diario Oficial de la Federación de 20 de diciembre de 2013 significó un cambio normativo de carácter regresivo, estableció un sistema eléctrico nacional cuyos objetivos fueron la dilución de las paraestatales y el otorgamiento de enormes beneficios a costa de estas, en favor de la iniciativa privada, menoscabando los derechos históricos de la Nación sobre su patrimonio.
Se desmanteló una industria eléctrica de carácter integral, concluyendo con el debilitamiento del Sistema Eléctrico Nacional, la seguridad energética y la seguridad nacional, situaciones que no resuelve la contra reforma, más allá de dejar atrás el control competitivo, ya que en los hechos no expresa como se garantizará la seguridad en materia de producción y distribución de electricidad, como condición para garantizar la obligada seguridad nacional, que redunde en beneficios económicos para la sociedad.
Las redes de transmisión y distribución en aquel entonces permanecían como propiedad del Estado, pero el resto de CFE era convertido en un cumulo de empresas autónomas, sometidas disposiciones de la Comisión Reguladora de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía, el primero determinaba las tarifas y el segundo determinaba quién se interconectaba, privando a la empresa del manejo de su propia infraestructura. El parque de generación de la Comisión Federal de Electricidad fue fragmentado en seis empresas autónomas denominadas empresas Productivas Subsidiarias, lo que significó una fragmentación arbitraria, que a la fecha prevalece con otro nombre.
Se fragmentó asimismo el mecanismo de la comercialización de CFE, una parte se encomendó a la EPS Distribución, otra a la EPS Suministro Básico subsidiaria que se creó para comerciar la electricidad de 46.2 millones de usuarios; generando esta separación importantes pérdidas económicas. La división de control y registro de usuarios entorpece la cobranza y se pierde el control y recuperación de las perdidas del flujo eléctrico, lo que no se ha resuelto, por no existir un nuevo modelo operativo.
Se creó la Filial CFE Calificados, para competir en la venta de electricidad a los grandes consumidores, pero al no disponer de electricidad propia, terminó siendo un intermediario que compraba a los privados para vender a los grandes consumidores, lo que fue desmantelado, sin resolver el problema de la producción.
La empresa sigue fragmentada en múltiples empresas, donde el presupuesto sigue siendo uno solo distribuido entre estas entidades para que lo ejerzan sin coordinación en la actualidad; a su vez el director de la CFE tenía la responsabilidad de rendir cuentas de cada subsidiaria sin controlar su administración, lo que no termina de cambiar.
El esquema de contratos de despacho, impuestos por la reforma del 2013, fue desmantelado, pero ante la inactividad de las plantas de la CFE y no contar con electricidad suficiente, se adquirieron activos privados, a partir de los que se pretende garantizar el 52% del mercado, subsanando el faltante, con autorizaciones “temporales” a agentes privados, para su autoabastecimiento. En este marco y sin que existan fines de lucro, el reto es construir un modelo adecuado de empresa, que permita recuperar los costos de la electricidad que produce, donde el combustible usado por las turbinas sigue siendo demasiado caro y el costo financiero para el gobierno, ante los problemas no solucionados con la contra reforma, siguen elevándose.
Es interesante observar, como la reforma del 2013, entregaba los negocios lucrativos de la empresa a los privados y como la contra reforma del 2024, realmente no los ha recuperado, y el ejemplo de ellos, son los Certificados de Energías Limpias, en los que los suministradores, deberían cumplir con un mínimo porcentaje de energía eléctrica proveniente de energías limpias, lo que al ser eliminado, fue resuelto con una acción totalmente correcta, reactivando las hidroeléctricas, que tenían ya 10 años detenidas, pero esta determinación adecuada, no es suficiente, para solventar lo que no se ha tenido voluntad de arreglar, a pesar de la existencia de un nuevo marco constitucional.
Otro asunto que deviene de la reforma del 2013 es la generación de electricidad, a través de energías renovables, lo que hubiera sido un acierto, si este tipo de generación hubiera sustituido de manera ordenada, las fuentes de electricidad no renovable, incluidas las plantas privadas, lo que generó una sobre oferta, la que, en la actualidad, es utilizada para cubrir las carencias productivas, lo que aunado a mantener a los productores privados en el sistema, sin que se les hayan ofrecido nuevos modelos a que el gobierno, no este en posibilidad de garantizar la integridad de la estructura.
El que la sociedad mexicana, no percibiera en parte beneficios reales de la reforma del 2013, se debió a que los inversionistas privados, no trajeron sus capitales al mercado mexicano, por el contrario, se fondearon en la banca de desarrollo y en las afores, con lo que se generó una fuerte escases de capital, sobre todo, para que inversionistas mexicanos, pudiesen financiar proyectos de alto valor y de desarrollo, como debió ser la producción nacional de materiales y equipo eléctrico de diseño y manufactura mexicanos, para el consumo de la CFE, generando un efecto multiplicador.
Una situación que vio el anterior gobierno, respecto a que era insostenible la reforma constitucional del 2013, se basó en las siguientes situaciones:
1.- La demanda nacional y su ritmo de crecimiento no fue atendida por los grupos privados, por
que el conjunto no les garantizaba obtener rentabilidad.
2.- La fijación de las tarifas eléctricas, quedó de facto en manos de los productores privados.
A pesar de ello, la solución al problema generada por el actual régimen, al igual que en otras materias, en primera instancia, no parece suficiente, al grado que les ofrecen a los privados que decían combatir, nuevas fórmulas de participación, manteniendo el riesgo, que, al ser el sector de producción de energía eléctrica, un demandante masivo de capital haga que las necesidades de inversión de la parte privada se financien con aumentos de las tarifas, lo que, al parecer, ya está ocurriendo.
Como puede leerse en este breve bosquejo, la reforma constitucional del 2013, respecto a la producción de electricidad, definitivamente tenia que desmantelarse, ya que la dilución de los activos nacionales, frente a los privados, empujaban los precios al alza al no existir realmente un mercado competitivo, ya que de propia naturaleza es monopólico, además de que incrementó sustantivamente la deuda de la CFE, no obstante ahora, el reto, no es haber sacado a la empresa de un esquema de empresa privada propiedad del estado, sujeta a condiciones de restricción de mercado, al convertirla nuevamente en paraestatal, el reto real es reorganizarla, para que se constituya en el productor y proveedor confiables de electricidad, a la que puedan acceder todos los agentes económicos; en primera instancia las familias, lo que permitiría que estas no dañen sus ingresos, las empresas, para lograr una disminución de costos y hacerlas más competitivas, retribuyendo al estado a través del pago de impuestos generados por más ventas y del propio gobierno, que le permita abaratar la operación de prácticamente todos los servicios que presta, lo que se ve muy lejano con la contra reforma constitucional de este año.
Es el momento de los especialistas, esperaría se convoque a la gran comunidad, de científicos, ingenieros, economistas y administradores que tiene este país, para que diseñen una nueva CFE, de carácter público, apoyada por privados que provea sin lucro esa electricidad barata, que tanta falta le hace a la sociedad y a la economía, y que por cierto, los medios físico geográficos del país, lo permiten.
